La Contraloría General de la República (CGR), ente auxiliar del Congreso y fiscalizador de la Hacienda Pública, estimó que el Gobierno Central y Descentralizado podría ahorrar hasta un 0,26% del Producto Interno Bruto (PIB) por el teletrabajo y las medidas de distanciamiento físico impuestas a los funcionarios debido a la pandemia de COVID-19.
A través de una publicación hecha en el portal especial que la CGR habilitó para informar sobre temas relacionados con COVID-19, la institución estimó la ejecución de gastos que podrían tener las instituciones considerando que las medidas se apliquen por tres o seis meses.
"Si las medidas [telebrajo y distanciamiento] se aplicaran en el segundo trimestre de 2020 y se gastara un 50% de lo que tradicionalmente se ejecuta en los objetos considerados, se alcanzaría un ahorro efectivo de hasta 0,12% del PIB (¢47.786 millones). Con una duración de las medidas en dos trimestres, el ahorro efectivo alcanzaría bajo ese escenario, un 0,26% de PIB (¢97.924 millones)", detalló la institución.
La mayor parte del ahorro provendría del Gobierno Descentralizado. Bajo el escenario anteriormente expuesto de que se gasta un 50% de lo que tradicionalmente se ejecuta en los rubros considerados, el ahorro podría alcanzar entre un 0,11% del PIB si se aplican las medidas en un trimestre y hasta 0,23% del PIB si se aplican durante el segundo y tercer trimestre, estimaciones que no consideran el espacio fiscal propio de la subejecución histórica de este sector.
Según la Contraloría, este monto en su conjunto podría constituir una fuente adicional de recursos que podrían dirigirse hacia la atención de la emergencia, mediante una transferencia al Fondo Nacional de Emergencias, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
Ese artículo faculta la contribución de las instituciones a dicho Fondo bajo una situación de emergencia decretada de una manera ágil y oportuna. A partir de información reportada a la Contraloría General sobre este rubro, a la fecha sólo dos instituciones han contribuido por esta vía: la Junta de Protección Social y el Instituto de Desarrollo Rural, cada una con ¢600 millones.
En menor medida sería el ahorro para el Gobierno Central, dado lo inflexible de su presupuesto: si las medidas se aplican por tres meses el ahorro sería de 0,05% del PIB, mientras que de extenderse a seis meses el ahorro sería de 0,06% del PIB.
Para llegar a esas estimaciones, la Contraloría calculó cuánto se ahorraría con teletrabajo y distanciamiento en 3 y 6 meses, bajo supuestos de ejecución del 25%, 50% y 75% de los gastos permitidos. El escenario más común en los últimos años es que se ejecute menos del 50%, por lo que los ahorros van de 0,12% a 0,26% del PIB. Si la ejecución fuera de solo el 25% los ahorros serían de entre 0,19% a 0,38% del PIB.
La Contraloría afirmó que dada la coyuntura nacional actual, se vuelve imprescindible el uso de estos espacios fiscales para procurar el funcionamiento de las instituciones y la atención de la emergencia, sin generar una presión excesiva sobre los niveles de endeudamiento y el resultado financiero del Gobierno Central.
"Ello depende a su vez de los traslados solidarios de lo ahorrado por parte de las instituciones al Fondo Nacional de Emergencias así como de la búsqueda de otros espacios como la reducción de las rigideces presupuestarias, e inclusive la postergación de la inversión, o la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento", finalizó la institución.
Para hacer las estimaciones, la Contraloría tomó en consideración que el Primer Informe del Estado del Teletrabajo en Costa Rica indica que el teletrabajo genera ahorros de costos para los empleadores, ya se puede reducir los costos de construcción o alquiler y otros relacionados como electricidad, agua, mantenimiento de edificios y servicios como vigilancia.
Para la estimación de ese posible ahorro se utilizan partidas de: Equipo y mobiliario de oficina, Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo, Otros servicios básicos, Productos de papel cartón e impresos, Publicidad y propaganda, Servicio de agua y alcantarillado, Servicio de correo, Servicio de energía eléctrica, Tiempo extraordinario, Textiles y vestuario, Tintas, pinturas y diluyentes.
También se tomó en consideración partidas de actividades de capacitación, actividades protocolarias y sociales, combustibles y lubricantes, transporte de bienes, transporte dentro del país, transporte en el exterior, viáticos dentro del país y viáticos en el exterior.
