El 17 de marzo anterior la ONU recordó que las personas con discapacidad son particularmente vulnerables y deberían ser consideradas de alto riesgo de contagio. Por ello solicitó que los Estados parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)  “tomen medidas adicionales de protección social para garantizar la continuidad de los apoyos de una manera segura a lo largo de la crisis”.

Bajo este marco, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), ente rector en materia de discapacidad en Costa Rica, ha emitido 26 medidas adicionales de protección para las personas con discapacidad en atención a la emergencia, entre ellas, incluir a las personas con discapacidad entre las poblaciones vulnerables de la emergencia nacional, el soporte económico, los cuidados a los dependientes, entre otras. Algunas de las medidas ya se han llevado a cabo gracias al empeño de la colaboración interinstitucional y a arreglos presupuestarios internos.

Para dar respuestas a la situación que vive esta población a su cuido en el país, el Conapdis podría disponer de un presupuesto aproximado de ₡2.600 millones, que actualmente se encuentran como superávit específico de diversas fuentes de financiamiento y que en este momento sería ideal para dar frente a la pandemia.

No obstante, las propias leyes que originan los destinos específicos que la institución recibe para transferir y destinarlos a los programas de atención a las personas con discapacidad, presentan obstáculos que impiden su disposición ante esta emergencia nacional. Tomando esto en cuenta 23 diputados de todas las fracciones legislativas presentaron un proyecto que pretende:

  • Autorizar al CONAPDIS, para que utilice el superávit específico a fin de incrementar otras partidas presupuestarias, destinadas a la atención integral de las personas con discapacidad durante la situación de emergencia Nacional por COVID-19.
  • Que durante la vigencia de la declaratoria de emergencia nacional por COVID-19, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no será de aplicación para el Consejo de Personas con Discapacidad.

Sobre el proyecto presentado por los legisladores la directora ejecutiva del Consejo de Personas con Discapacidad, Lizbeth Barrantes Arroyo señaló:

La pronta aprobación de este proyecto de ley es de medular importancia, ya que permitirá que el Conapdis redirija recursos para amplificar las acciones dirigidas a personas con discapacidad que presentan múltiples vulnerabilidades y que, mayoritariamente, tienen rostro de mujer, de persona adulta mayor con discapacidad y de persona en situación de pobreza con enfermedades crónicas. Por lo tanto, redireccionar el uso de los recursos, permitirá priorizar en atender a las 352,997 personas con discapacidad que están atrapadas en el perverso binomio de la pobreza y la discapacidad, quienes ante la emergencia actual, no pueden satisfacer sus necesidades básicas inmediatas.

El texto propuesto habilitaría al Conapdis para utilizar estos recursos en las partidas presupuestarias dirigidas a la atención de personas con discapacidad durante la emergencia nacional por COVID-19, adicionalmente permitirá la gestión institucional a efectos de brindar a las personas con discapacidad en pobreza y pobreza extrema aditamentos y servicios de alimentación, compra de insumos sanitarios, asistencia social, atención psicológica, así como otros servicios interinstitucionales de promoción social que garanticen mecanismos adecuados de operativización de los derechos de las personas con discapacidad en esta situación de emergencia.

Asimismo, según señalaron desde Conapdis, esta iniciativa permitirá brindar un impulso económico a las personas con discapacidad quienes tengan pequeños emprendimientos que aunque fueran de subsistencia, les permitía de alguna manera tener algunos ingresos y con la crisis se vinieron abajo. Estas personas tienen derecho a levantar sus emprendimientos y llevar el sustento a sus hogares.

Adicionalmente, el proyecto establece que al finalizar el ejercicio económico 2020 Conapdis deberá  presentar una liquidación de estos recursos a la Contraloría General de la República para su evaluación.