La Contraloría General de la República (CGR) ordenó abrir una investigación contra el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, para determinar su eventual responsabilidad en el hueco presupuestario del año 2018 que llevó a Costa Rica a pagar 182.000 millones de colones de deuda pública con fondos que no habían sido autorizados por la Asamblea Legislativa.

La apertura de la investigación fue ordenada el 6 de abril por la subcontralora general, Silvia Solís Mora (la contralora Marta Acosta se inhibió al haber adelantado criterio previamente), un año después que una mayoría del Plenario de la Asamblea Legislativa recomendara a la Contraloría inhabilitar a Solís para ocupar cargos públicos por cuatro años por su responsabilidad en el conocido “hueco fiscal” o “hueco presupuestario”.

Inicialmente el exmandatario fue excluido de los primeros sancionados por este tema, lo que motivó cartas de protesta de algunos diputados. Los primeros sancionados por este tema también apelaron la resolución inicial, sin embargo, Solís Mora dejó en firme las sanciones y en el mismo acto ordenó abrir un proceso contra el expresidente para investigar su participación en los hechos.

La primera resolución sancionó con inhabilitación de 4 años al exvicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas; y recomendó una suspensión de un mes sin goce de salario para la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar. 

También fueron sancionados el exdirector de la Dirección de Crédito Público y director del Banco de Costa Rica, Julio Espinoza; la jerarca de Tesorería Nacional, Marta Cubillo; y el director de la Dirección de Crédito Público, Mélvin Jiménez.

¿Cómo ocurrió "el hueco"?

La suma presupuestada por concepto de pago de deuda interna para el 2018 fue de ¢1.53 billones, una caída de ¢243.541 millones con respecto a lo presupuestado en 2017, es decir, una reducción del 13.7%. La reducción se originó pues el Ejecutivo decidió incluir el "supuesto" de que realizaría canjes de deuda durante el 2018 para así no "sobrestimar" la autorización legislativa.

Esta última justificación fue dada por Helio Fallas Venegas, exministro de Hacienda y exvicepresidente de la República el 20 de agosto de 2018 en su comparecencia ante la comisión.

Dato D+: El canje de deuda es un mecanismo mediante el cual los inversionistas le renuevan al Estado lo que le prestaron en un inicio, le prestan más dinero y se prorroga la fecha de vencimiento del pago.

El 23 de agosto de 2018, Julio Espinoza Rodríguez, exdirector de Crédito Público indicó que la estimación de fondos presupuestados para amortización "no pareciera ser baja" porque el indicador de canjes de deuda venía en crecimiento desde el 2014: en ese año se hicieron ¢286.000 millones, en el 2015 ¢305.000 millones, en 2016 ¢843.000 millones y en 2017 ¢652.000 millones.

El "hueco" también se originó porque para diciembre del 2017 (cuando ya se había aprobado el Presupuesto Nacional 2018), el 89% de lo colocado en deuda tenía vencimiento a menos de un año plazo: 804.000 millones de colones, y solo se había presupuestado para cubrir 293.000 millones de colones, lo que dejaba un faltante de 511.000 mil millones de colones.

Melvin Quirós, director de Crédito Público dijo que en la elaboración del presupuesto 2018 se tomó la decisión de reducir en ₡300.000 millones el rubro de amortización, producto de la pretensión de realizar canjes en ese momento, aunque reconoció que “no es usual que en el presupuesto de servicio de deuda se consideren reducciones producto de los canjes de deuda, particularmente por apego al cumplimiento del principio de universalidad e integralidad del presupuesto". 

Quirós también dijo que aún cuando se cumpliera el supuesto de los canjes, había un faltante:

Aun logrando con éxito el cumplimiento de los canjes previstos por 300 mil millones, ya sólo en los meses de noviembre y diciembre se colocaron ₡670.000 millones, es decir, ₡370.000 millones más de lo previsto en el presupuesto, que vencerían en el 2018. El presupuesto aprobado de amortización de corto plazo para el año 2018 era ₡372.000 millones y sólo en el segundo semestre del 2017 se colocó deuda con vencimiento en el 2018 por ₡891.000 millones. Bueno, resten ₡372.000 millones menos ₡891.000 millones y se darán cuenta que ni con la modificación presupuestaria era suficiente

El Gobierno de Luis Guillermo Solís intentó cubrir "el hueco" trasladando vía Decreto Ejecutivo 40.995 la suma de 412.790 millones de colones de la partida de amortización de deuda a largo plazo, para pasarla a amortización de corto plazo, sin embargo, fue insuficiente para cubrir la brecha.

Solís confirmó que varios supuestos no se cumplieron: había expectativas de una recaudación que, al final, no se pudo hacer y había expectativas de un plan fiscal que no se pudo aprobar. Además, indicó que las responsabilidades de no presupuestar el monto correcto fueron de los técnicos de Hacienda.

¿Se hicieron pagos sin contenido presupuestario?

Sí, aunque el exministro y exvicepresidente Helio Fallas y el expresidente Luis Guillermo Solís afirmaron bajo juramento que nunca se realizó pago alguno sin contenido presupuestario y sin el aval de la Asamblea Legislativa.

La Contraloría General de la República, el 26 de julio de 2018, recibió respuesta de Crédito Público del Ministerio de Hacienda en la que se confirmaba que existía un faltante presupuestario, al tiempo que anunció la presentación de un proyecto de presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa.

El 8 de agosto, la Contabilidad Nacional remitió a la Contraloría información que revela que la suma de títulos de la deuda, cancelados sin contenido presupuestario, ascendía a ₡182.059 millones al 31 de julio del 2018.

Según la Contraloría, con corte al 30 de junio se detectó pago de amortización sin contenido ni registro presupuestario, por un monto de ₡182 mil millones, lo cual fue confirmado por la Contabilidad Nacional. El monto está compuesto por 47 mil millones de amortización de la deuda a corto plazo y ₡134 mil millones de amortización de deuda de largo plazo.

Julio Espinoza reconoció que cualquier pago que no estuviera presupuestado es ilegal, pero que debía hacerse por un asunto de continuidad del Estado y evitar el riesgo de caer en default.

Mélvin Quirós indicó que el presupuesto constituye el límite máximo de erogaciones que se pueden realizar y si se realizaron fuera de ese límite, son contrarias a la legislación existente.

Según el presidente Luis Guillermo Solís, de no efectuarse el pago se entraría en incumplimiento con efectos devastadores para la economía y la estabilidad de la nación, razón por la que se emitió un decreto para evitar el cese de pagos, trasladando recursos de las partidas de amortización de deuda de largo plazo al corto plazo en el presupuesto ordinario del 2018.