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La semana anterior, tomaron fuerza dos planteamientos para flexibilizar, por medio de un proyecto de ley, el retiro de los recursos generados por el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), a aquellas personas afectadas por la emergencia nacional, provocada por el coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19.

En primera instancia, se ha propuesto adelantar la entrega del FCL para los próximos dos meses, máximo, y que se deseche la programación que se tenía de realizarlo en un año —adelantándolo de marzo 2020 a marzo 2021— para los casos de las personas que fueron despedidas, o las que continúan laborando, y que cumplían cinco años del último retiro (quinquenio).

La otra idea que tomó fuerza, es la de agregar un inciso al artículo 6 de la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983) para incorporar a dos segmentos que también puedan recibir el FCL y que serían las personas a las cuales se les suspende o se les reduce su jornada laboral, de acuerdo a la recientemente aprobada Ley 21 854 (Autorización de reducción de la jornada de trabajo ante la declaratoria de emergencia del COVID-19).

La idea inicial, de anticipar las entregas, tenía un aspecto a considerar importante: preparar la logística que conlleva hacer una labor planificada para doce 12 meses, para que sucediera en 8 o 10 semanas.

La segunda idea representa un desafío de gran calado, ya que además de anticipar las entregas del FCL, se debe tomar en cuenta que la estimación preliminar del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), de trabajadores que se verían afectados por despidos, suspensión o reducción de su jornada de trabajo, podría rondar entre las 400 y 500 mil personas. Una suma importante.

Ese dato duplica la capacidad operativa de las operadoras, pero mucho más importante que ese detalle, plantea el problema de la falta de liquidez por parte de las Operadoras de Pensiones Complementaria (OPC), para entregar en tiempo y forma el dinero que a cada trabajador se le debe otorgar. Debo señalar, que la poca liquidez por parte de las operadoras no es un problema, al contrario, es una buena señal que los recursos son invertidos. Recordemos que en promedio el 80% de lo que recibe un afiliado por su FCL, se generó por los rendimientos obtenidos por medio de las inversiones que hizo la OPC.

Ante este enorme desafío, se planteó que los bancos públicos adquieran de las OPC, los instrumentos financieros —llámese certificados, títulos, bonos o demás— y los convirtieran en efectivo (liquidez). Unido a esto, se planteó una segunda opción: que fuera el Banco Central de Costa Rica (BCCR) el que asumiera esa tarea. Si bien ambos planteamientos se ponen en discusión como alternativas para atender los efectos económicos de la emergencia nacional, su valoración objetiva requiere de datos técnicos, serios y al día, que faciliten tomar una decisión, ya sea de aceptar alguna de las posibilidades, las dos opciones, ninguna de las ellas o abrir el espacio para construir nuevas vías viables desde el punto de la liquidez.

Por lo anterior, se decide, en la mesa de trabajo virtual integrada por diputados de las diferentes fracciones, solicitar la información al BCCR, a las OPC y a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), entre otras instancias. Además, se acuerda pausar el acelerado trámite que llevaba esta discusión. Recordemos que el jueves 26 de marzo, el plenario aprobó una moción para dispensar ese proyecto de ley de todo trámite, generando con ello más presión para su votación.

¿Por qué insistir tanto en los datos técnicos y pausar el proyecto de ley? Bueno las razones son varias, la primera es que aún en estos momentos de urgencia, ni ese ni ningún proyecto de ley debe votarse a ciegas, en especial cuando se trata de erogaciones con una carga económica grande, que suelen generar efectos tipo dominó, sobre otras variables del sistema financiero nacional. Por supuesto que no estoy refiriéndome a darles el trámite normal al que estamos acostumbrados en la Asamblea Legislativa, pero tampoco privilegiar el otro extremo: votar a ciegas o muy cercano a esa condición.

Lo segundo, es que la opción de trasladar a los bancos públicos la falta de liquidez de las operadoras es algo así como “desvestir un santo para vestir otro”. En otras palabras, era resolver el problema de liquidez de las OPC y restarles liquidez a los bancos, provocando afectaciones al mercado financiero y poniendo en riesgo la suficiencia patrimonial de los bancos. Esto, por cuanto las reservas de efectivo de los bancos responden al giro normal de su negocio, el tema del FCL —que ronda en 650 000 millones— no estaba incluido ni total ni parcialmente.

La opción que sea el Banco Central de Costa Rica (BCCR) el que provea la parte de la liquidez que las OPC requieren, puede ser viable, pero deben ser las autoridades del BCCR quienes lo digan y lo dejen por escrito. El BCCR debe, además de indicar si tiene la capacidad para esto, garantizar que queda con una holgura de liquidez capaz de, en caso de ser necesario, prestarle en los próximos meses recursos al Ministerio de Hacienda para atender la operación del aparato estatal. Hace apenas 15 meses, en un escenario complicado —pero muy diferente al actual— el Ministerio de Hacienda recurrió a los bonos del tesoro, por lo tanto es un escenario que no se puede ignorar.

Tercero, es que los datos nos pueden ayudar a ir ajustando el proyecto de ley a la capacidad real del sistema financiero. Por ejemplo, podría el sistema no tener capacidad para atender a las 400 o 500 mil personas con el 100% de lo que les corresponde, pero si tener capacidad para entregar una parte.

Finalmente, otro tema que preocupa es que estemos olvidando la gradualidad de la respuesta institucional hacia las familias afectadas por desempleo, suspensión o reducción de la jornada. En el marco de esa gradualidad, es importante asegurar que las familias tengan ayudas y liquidez dentro de tres, seis y nueve meses. La información de expertos, nos indican que desde lo social y lo económico, los impactos del COVID-19 serán largos y bruscos no se eliminan pasada la crisis sanitaria. Por tanto, asegurar la gradualidad de la respuesta institucional, incluyendo el FCL, puede resultar determinante para que la situación de las familias y del país no se compliquen más.

Entonces, no es indolencia la que hace que esta legisladora sea insistente hasta la saciedad en plantear que se debe de contar con datos técnicos generados por las instituciones expertas involucradas, como las OPC y la SUPEN, para un proyecto de este calado. Todo lo contrario, es del mayor interés que la decisión tomada por medio de la aprobación del proyecto de ley, sea la idónea para el país como un todo.

Espero que, en el transcurso de esta semana, las y los diputados, estemos votando en primer y segundo debate este importante proyecto de ley con la tranquilidad que las decisiones tomadas se hicieron con la información requerida.