El Ministerio de Educación Pública (MEP) ejecutará este año más de 72 mil millones de colones en infraestructura educativa, luego que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) aprobara la reorganización administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE).
Según informó el gobierno este jueves, la reorganización tendrá lugar durante los siguientes seis meses y permitirá que la DIE trabaje bajo un enfoque de proyectos, integralidad, coherencia y que satisfaga las necesidades de la comunidad educativa, optimizando los procesos constructivos y de equipamiento con un enfoque administrativo más ágil y moderno.
La reorganización implica eliminar los departamentos de Investigación y Contrataciones para que sus funciones las asuma la Dirección de Proveeduría Institucional. Con esta medida, dicha dirección podrá realizar contrataciones de obras en paquete a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), lo que disminuirá la cantidad de procesos, además de mejorar la eficiencia, productividad y evitará la duplicidad de funciones.
La ministra de educación, Guiselle Cruz, afirmó que gracias a la modificación de la DIE este año se ejecutarán ₡72.000 millones, la suma más alta en infraestructura en la historia. Así, se ejecutarán los ₡28.000 millones presupuestados en el plan de inversiones y ₡44.000 millones que no se habían logrado utilizar.
Los centros educativos que se construirán, según la Ministra, se determinaron desde variables como población impactada, proyectos con nivel de avance, órdenes sanitarias y zonas vulnerables.
Por su parte la ministra de planificación, Pilar Garrido, comentó que la modernización institucional es un proceso continuo y sistemático que se busca aplicar a la realidad de una organización pública, técnicas e instrumentos novedosos que incidan en la normativa, tecnología, gestión, infraestructura, recursos humanos y estructura, para satisfacer las demandas de los habitantes del país y los intereses institucionales del Estado.
La reorganización no plantea la necesidad de contratar nuevo personal o la creación de plazas, por lo que no genera ningún gasto adicional para la administración.
