La Asamblea Legislativa de Costa Rica disminuyó al máximo su actividad presencial y en su lugar creó equipos de trabajo para analizar proyectos de ley necesarios ante los efectos de la pandemia de COVID-19 en el país.

A la fecha, según un reporte dado por la oficina de prensa del Congreso, hay cuatro equipos de trabajo conformados: uno analiza reformas legales en materia de alquileres de viviendas; otro analiza las propuestas de moratoria al pago de créditos; y un tercero estudia los proyectos para el retiro anticipado del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

En el grupo de trabajo sobre arrendamientos se encuentran Karine Niño Gutiérrez y Wagner Jiménez del Partido Liberación Nacional; Otto Roberto Vargas Víquez del Partido Republicano Social Cristiano, Patricia Villegas Alvarez del Partido Integración Nacional, José María Villalta- Flores Estrada del Partido Frente Amplio, Pedro Muñoz Fonseca de la Unidad Social Cristiana, Mileidy Alvarado Arias de Restauración Nacional, Catalina Montero Gómez del Partido Acción Ciudadana y el independiente  Jonathan Prendas Rodríguez.

Al cierre de edición de esta nota había una iniciativa de ley en materia de arrendamientos ante la pandemia de COVID-19, presentada por el diputado Wagner Jiménez Zúñiga y que se tramita bajo el expediente 21.868.

Aunque inicialmente se incluyó solo a viviendas, en la versión número cuatro del borrador del proyecto se incluyó también a los locales comerciales, de modo que puedan aplazar el pago de las mensualidades por tres meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley.

En la versión actual, el monto acumulado por la suspensión del pago deberá ser reintegrado al arrendante mediante pagos mensuales pactados entre las partes, a partir de un mínimo del 5% del monto total acumulado, los cuales se comenzarán a realizar, una vez transcurridos seis meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley.

Asimismo, según el texto actual en caso de que el contrato termine por vencimiento del plazo o por cualquier otra causal antes de que la totalidad de las cuotas sean canceladas, el arrendatario estará obligado a cancelar la totalidad del monto pendiente al arrendante al salir del inmueble, salvo mutuo acuerdo. El depósito de garantía respondería por el monto o parte del monto pendiente, en caso de ser requerido; siempre y cuando el mismo no se deba aplicar para las previsiones indicadas en el contrato o en la ley.

El texto completo puede leerse en este enlace. 

En la comisión de moratoria de créditos se encuentran Roberto Thompson Chacón del PLN; Dragos Dolanescu Valenciano del PRSC, Walter Muñoz Céspedes del PIN, José María Villalta- Flores Estrada del Frente Amplio, Pablo Heriberto Abarca del PUSC, Xiomara Rodríguez Hernández del PRN, Welmer Ramos González del PAC y los independientes Jonathan Prendas Rodríguez y Zoila Volio Pacheco.

Este grupo de trabajo estudia el expediente 21.852 de José María Villalta Florez-Estrada y el expediente 21.855 de varios diputados.

La iniciativa de Villalta propone una moratoria en el pago de créditos de 100 millones de colones o menos adquiridos con el Sistema Financiero Nacional y la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), desde la entrada en vigencia de la ley y hasta el 31 de mayo del 2020, tanto del monto principal como de los intereses. Del 1 de junio de 2020 y hasta el 31 de agosto de 2020 se suspendería el cobro del pago del principal de todas las operaciones, cobrando únicamente intereses, ante la solicitud de la persona deudora.

También se dispone que la suspensión de pagos no faculta a las entidades financieras, Conape o a emisores de tarjetas de crédito, para solicitar nuevas garantías para las operaciones, ni a ejecutar garantías que respalden las deudas suspendidas, ni para realizar el cobro de cargos de ninguna naturaleza al solicitar la suspensión. Además, tras la suspensión el pago de las operaciones crediticias deberá reanudarse con las mismas condiciones que tenían previamente.

La suspensión solo implicaría el traslado del plazo de finalización del pago del crédito, siendo que los pagos del principal e intereses correspondientes a los meses de la suspensión se deberán realizar en meses posteriores, extendiendo el plazo de finalización del pago del crédito, de tal forma que las cuotas a pagar después de la suspensión no se deberán ver aumentadas por efecto de la suspensión misma.

En cambio, el proyecto de los demás diputados plantea que por una única vez suspende el pago de cuatro mensualidades de los créditos hipotecarios y prendarios dados a las personas físicas o jurídicas con afectaciones vinculadas con la pandemia de COVID-19, ante cualquier actor financiero que funja como acreedor de esa deuda o crédito, a partir de la declaratoria de emergencia nacional.

De este modo, y al igual que con el proyecto de Villalta, el cobro de las cuotas se agregará y trasladará al final del plazo de la operación inicialmente previsto, de modo que se agregaran las mensualidades correspondientes adicionales más al final del crédito.

La comisión que estudia los proyectos para entregar el ROP está integrada por Luis Fernando Chacón Monge del PLN, Dragos Dolanescu Valenciano del PRSC, Walter Muñoz Céspedes del PIN, José María Villalta del Frente Amplio, Erwen Masís del PUSC; Carlos Avendaño o Eduardo Cruickshank del PRN, Víctor Morales del PAC y los independientes Ivonne Acuña Cabrera y Erick Rodríguez Steller

Este grupo de trabajo estudia en total dos iniciativas distintas presentadas sobre el mismo tema.

El expediente 21.309 tiene como objetivo que los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias puedan, al acogerse a la pensión, definir si retiran la totalidad de sus recursos en un solo acto, en tractos o si los utilizarán para comprar una renta vitalicia o acogerse a una renta permanente.

El expediente 21.865 permite a la persona desempleada, que pierda su empleo o  los emprendedores que vean reducidos sus ingresos en un mínimo del 20% como consecuencia de una emergencia nacional, solicitar a la operadora de pensiones complementarias que administra su cuenta, la entrega de hasta un 50% del ROP, más las utilidades generadas en el último mes, por la totalidad de su capital acumulado.

Finalmente, la comisión que estudia los proyectos para entregar el FCL está integrada por Luis Fernando Chacón Monge, Ana Karine Niño, Yorleni León y Franggi Nicolás del PLN, Dragos Dolanescu Valenciano del PRSC, Walter Muñoz Céspedes del PIN, José María Villalta del Frente Amplio, Erwen Masís del PUSC; Carlos Avendaño o Eduardo Cruickshank del PRN, Víctor Morales del PAC y los independientes Ivonne Acuña Cabrera y Erick Rodríguez Steller

Este grupo estudia dos propuestas sobre el mismo tema.

El expediente 21.859 tiene como objetivo autorizar un retiro excepcional del FCL para todos los trabajadores que dispongan de dinero.

Finalmente, el expediente 21.866 propone que el retiro del Fondo de Capitalización Laboral proceda cuando a consecuencia de una declaratoria de emergencia nacional se suspenda el contrato de trabajo o se reduzca jornada laboral de las personas.

Los diputados han estado haciendo negociaciones a través de conferencias por Internet o llamadas telefónicas, para minimizar el contacto físico y disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 entre ellos.