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Nuestro país se ha sumido en la última semana en una discusión que nos ha polarizado de extremo a extremo. Una especie de irracionalidad acompañada de un sentido de urgencia y alarmismo ha antecedido nuestra capacidad de construir un criterio sobre lo ocurrido con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) que se sustente en la reflexión y el juicio.

Se necesitaban varios ingredientes para activar la chispa de la indignación virulenta que ha transformado los rumores en hechos, las opiniones en condenas y la incertidumbre sobre lo que pasó en certeza. El oportunismo con el que algunos actores han utilizado su posición de poder para desatar el caos y la arrogancia con la que otros han minimizado lo ocurrido, han sido la combinación perfecta para que la insensatez se apoderara del debate colectivo.

Primero se impulsó un decreto ejecutivo que además de sus yerros en cuanto a conceptualización y redacción (como lo reconoció la propia administración) creaba una Unidad para el Análisis de Datos, que tiene como antecedente una línea de trabajo en Casa Presidencial sobre la cual la ciudadanía tiene poco o nulo conocimiento. La ausencia de una estrategia de comunicación que informara de forma transparente y asertiva sobre los objetivos de la unidad y el trabajo desarrollado hasta el momento, abrió el espacio para la sospecha y allanó el camino para que los fabricantes de crisis entraran en la escena.

Seguidamente, varios medios de comunicación, haciendo gala de su evidente renuncia al compromiso con la búsqueda de la verdad y su función social de informar, desencadenaron un bochornoso espectáculo en el que asuntos como la orientación sexual y las afinidades ideológicas (reales o infundadas) de los asesores implicados en la redacción del decreto, acapararon las noticias.

Una vez más, con tantos enfoques posibles, la calidad del debate democrático se ve opacado por la ofensiva de los medios de convertir un asunto sensible para la opinión pública y con muchas implicaciones a nivel sociopolítico, en una novela reducida al absurdo de los fantasmas del comunismo. Pero, además, el ensañamiento con ridiculizar a ciertas figuras y satanizar a varios personajes políticos, agitó nuevamente las aguas de la polarización que nos dejan, al igual que en coyunturas pasadas, paralizados y sin margen para apelar al diálogo y a la posibilidad de construir propuestas en colectivo.

La expresión máxima del disparate en el que incurrieron algunos medios está materializada en la noticia que acusa a la primera dama de seguir trabajando en medio de la crisis, porque claro, esperaban que aceptara como suya la agenda mediática que precisamente busca que nos quedemos detenidos ante el circo.

A la irresponsabilidad deliberada de varios medios, también se suma la imprudencia de varias figuras políticas, de formadores de opinión pública y de la propia ciudadanía, unos adelantándose a las investigaciones y asegurando que hubo espionaje político y otros deslegitimando por completo la preocupación por la forma en la que fueron utilizados los datos, el desconocimiento mostrado sobre aspectos claves de la administración pública y las consecuencias reales que pueden desencadenar estos eventos, porque sí las tienen, aunque algunos insistan en lo contrario.

Así las cosas, se torna indispensable iniciar una discusión sobre el tratamiento de datos en el país a partir de lo acontecido y como un mecanismo para dar respuesta a las particularidades del acceso a la información en la era digital, pero imbricarnos en ese esfuerzo requiere como antesala el compromiso de los distintos actores de atender este llamado con la mayor seriedad, reflexividad y rigurosidad, todos elementos de los que ha carecido el debate hasta ahora.

Pero, no solo necesitamos capacidad reflexiva y cautela para discutir estos y otros temas, en definitiva, se requiere que la prensa y otros formadores de opinión abandonen la bandera de la temeridad, para encauzar el debate a un puerto en el que la información, mejor dicho, los hechos, y no los rumores antojadizos, tengan un peso sustantivo en la conversación.

Esa ligereza con la que nos hemos comunicado y hemos decidido actuar durante los últimos días, parece inofensiva, pero tiene capacidad de fractura. Una sociedad que no es capaz de deliberar a partir de la reflexión y el diálogo constructivo está condenada a desvanecerse, el tejido social está juego. Nuestra negativa a asumir la responsabilidad compartida sobre la forma en la que conducimos el debate público, puede erosionar la confianza en las instituciones y amenazar nuestra propia convivencia.