El Tribunal Penal de Pavas se encuentra inmerso en una situación complicada tras una serie de cuestionamientos y denuncias que pesan (desde hace más de un año) contra su coordinadora, quien actualmente se encuentra separada del cargo.

Se trata de la jueza Cinthya Ramírez Angulo (hija del magistrado presidente de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, Jesús Ramírez Quirós) y quien ha tenido que enfrentar una serie de traslados y movimientos internos, a la espera de que las autoridades del Poder Judicial resuelvan sobre su situación y las denuncias que hacen fila sobre sus hombros.

El caso se remonta al año 2018, cuando se acusó a Ramírez por acoso laboral y volvió a la palestra días atrás, luego de que la Técnica Judicial, Jenny Camacho Vargas, presentase ante el Consejo de Jueces un recurso de apelación en contra los últimos nombramientos que se realizaron en el Tribunal Penal de Pavas.

Camacho asegura que ella no fue nombrada en propiedad en las plazas del juzgado a pesar de tener más de 10 años laborando allí como interina, debido a una represalia por las denuncias por acoso laboral que presentó contra Cinthya Ramírez en el año 2018.

El caso salió a la luz en julio del año pasado, cuando el Tribunal de la Inspección Judicial ordenó que Ramírez fuese suspendida durante 15 días sin goce de salario, tras la denuncia de acoso laboral que Camacho interpuso en su contra. En dicha denuncia, Camacho indicó que Ramírez había modificado el tipo de nombramiento de la técnica judicial, con la presunta intención de que la funcionaria renunciara a su puesto.

Según detalló CRHoy el año anterior el documento indica que Camacho trabaja de manera interina a partir de la renovación en el puesto cada tres meses, por lo que en julio de 2018 Ramírez le aprobó a la funcionaria un nombramiento que iría desde el 2 de julio de dicho año y hasta el 2 de octubre; sin embargo y según señala la sentencia 1768-2019 del Tribunal de la Inspección Judicial:

(...) con una presunta acción tendente a provocar traslado o renuncia de la servidora Camacho, (Ramírez) modificó el nombramiento indicado en el punto anterior, variando el nombramiento sin motivo alguno, del 2 de julio al 10 de julio del 2018".

Para la Inspección este acto "constituye sin lugar a dudas una conducta típica de acoso laboral en contra de la servidora judicial" y por ello se ordenó el castigo señalado que, por cierto, nunca llegó a ejecutarse pues tras la resolución Ramírez apeló y un año y medio después, las partes siguen a la espera de la decisión final respecto al asunto.

Esta causa se tramita bajo el expediente número 18-001385-0031-IJ y es la primera de las causas contra Ramírez que sigue a la espera de resolución, en este caso por parte del Consejo Superior.

Ahora bien ¿qué hizo que los focos volvieran al caso en las últimas semanas? Pues que tras la sentencia y su posterior apelación, durante el año y medio posterior Camacho continuó en su puesto de manera interina y no fue sin embargo hasta el pasado mes de enero, cuando el Consejo Superior decidió no renovar su nombramiento y designar en los puestos titulares de este Tribunal a otros funcionarios, por lo que la técnica elevó las instancias de su reclamo y señaló represalias en su contra.

Así lo expresó la funcionaria en el recurso de apelación, suscrito bajo el expediente N°1119-2020 y presentado ante el coordinador del Consejo de Jueces de la Corte, Pedro Méndez Aguilar, el pasado 23 de enero. El Consejo de Jueces es el órgano encargado de realizar, por mayoría de votos, los nombramientos en propiedad del personal auxiliar de los tribunales del Poder Judicial y fue este órgano el que decidió no dar continuidad al nombramiento de Camacho.

Por ello, en el recurso Camacho solicita la nulidad del acto administrativo que definió los nombramientos del Tribunal en Pavas argumentando que:

"(...) estamos frente a un acto administrativo adoptado por la mayoría del colegio de jueces del Tribunal Penal de Pavas (funciones estrictamente administrativas), que es absolutamente nulo al ser contrario a las reglas elementales de la lógica, la justicia y conveniencia, pues se sustentó en criterios o parámetros totalmente dispares, desiguales y discriminatorios en contra de una mujer (por razones de género), todo en razón de la existencia de una evidente y manifiesta situación de acoso laboral debidamente acreditada, lo que genera que el acto administrativo sea sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico".

En el texto de la apelación, del que este medio tiene copia, la funcionaria agregó que desde que denunció a Ramírez en 2018 "el acoso laboral en mi perjuicio no ha cesado" al tiempo que señaló que:

Resulta totalmente desigual que para nombrar en propiedad en muchas de esas plazas se utilizara el criterio de antigüedad o de años de experiencia o servicio de la persona que ocupaba el puesto de forma interina, incluso procediendo en algunos casos a nombrar hasta de forma unánime; sin embargo en mi caso, no se aplicó el mismo parámetro dejándome de última a pesar de ocupar el cuarto lugar de antigüedad, lo que resulta ser abiertamente discriminatorio en razón de mi condición de género (mujer) reflejando ello que todo obedeció a una represalia por haber denunciado en su momento por acoso laboral a la anterior jueza coordinadora del Tribunal, quien es amiga del actual juez coordinador y de algunos de los jueces del Tribunal Penal de Pavas".

En este momento, el caso está por verse en el Consejo Superior. Sin embargo, el caso de Camacho no es el único que tiene a Ramírez en medio de los cuestionamientos.

Coordinadora separada del cargo

Además del caso anterior, Ramírez tiene otra causa que tampoco ha llegado a su fin y que es la que la tiene ahora de despacho en despacho con medidas cautelares, a la espera de que el Tribunal de la Inspección Judicial resuelva sobre este segundo asunto.

Este nuevo caso se remonta a agosto de 2019, cuando cuatro jueces funcionarios y exfuncionarios del Tribunal Penal de Pavas, presentaron una nueva denuncia por acoso laboral y faltas graves, contra la en ese entonces coordinadora del tribunal, Ramírez.

Esta segunda denuncia, que se tramita bajo el expediente número 19-002814-0031-DI, fue presentada por cuatro funcionarios de la mano del Sindicato de la Judicatura del Poder Judicial (Sindijud).

Según aseguró a Delfino.cr el secretario del órgano sindical, Jorge Morales García, el sindicato intervino “por una situación que, según cuentan los denunciantes, presenta vicios de gravedad por la situación de acoso que ya de por sí es grave, pero también por las relaciones de poder de la persona que es la denunciada”:

Cuando ingresa Cinthya se empieza a dar un manoseo de la integración del Tribunal y eso es muy peligroso pues afecta el principio del juez regular (o natural) y el de independencia judicial. Ella, según lo que se nos dice y está en los hechos, ejerce control a partir de su gente. Los alcances de esto pueden ser bastante serios".

Morales explicó que la denuncia se debe a lo interno del Tribunal Penal de Pavas se estaban realizando modificaciones en los tribunales que no se estaban ni argumentando bien y justificando de manera correcta. Recordemos que los tribunales se componen de tres jueces que se definen antes de que a las causas se les designen, a fin de garantizar el debido proceso en los casos que pasen a conocer; esto, según señalan los denunciantes, no era lo que estaba pasando en Pavas:

Si a un funcionario lo mueven de campo eso es mobbing (acoso laboral); pero si yo ya voy y doy un paso más y digo necesito a este tribunal para que me juzgue este caso, eso sí ya es ir más allá. Los denunciantes en este caso son cuatro jueces de la República y un asistente judicial que ya no está, pero ya el hecho de que haya cuatro jueces denunciando esto ya llama la atención. Ellos nos dicen que hay víctimas adicionales, por lo menos una docena más pero que son personas que no se atreven a dar el siguiente paso”.

Esta causa se encuentra actualmente en estudio del Tribunal de la Inspección Judicial. Sin embargo, y como medida cautelar, este despacho recomendó desde setiembre del año anterior, que se trasladase a Ramírez de su puesto en Pavas al Segundo Distrito Judicial de San José, a fin de alejarle de los denunciantes involucrados.

Lo que pasó, sin embargo, fue que esta medida no dio el efecto esperado pues algunas de las personas denunciantes habían solicitado traslado de Pavas y algunos de ellos estaban, precisamente, en el despacho al que se envió a Ramírez. Por esta razón, los denunciantes presentaron nuevamente una apelación contra lo resuelto y lo que se dispuso fue dejar sin efecto este primer traslado cautelar.

Se señala "primer traslado"  pues a partir de ese momento, la funcionaria se ha mantenido moviéndose de un lugar a otro, a la espera del resultado de su causa.

Tras echar para atrás el traslado a San José, el Sindijud presentó una reconsideración a partir de la cual el 26 de setiembre del año anterior, se dispuso enviar a Ramírez al Centro de Apoyo y Coordinación de la Función Jurisdiccional. Este traslado se realizó por un periodo de tres meses que finalizaba el 30 de diciembre de 2019.

La cosa, sin embargo, es que Ramírez presentó otra reconsideración y como resultado se modificó el acuerdo anterior, con la orden de trasladarla nuevamente al Tribunal Pavas, solo que esta vez en el turno vespertino.

Esta disposición, según señaló Jorge Morales en declaraciones brindadas a este medio el año anterior, tampoco presentaba una solución pues "no hay un aislamiento de ella porque es el mismo despacho y con horarios que se traslapan porque el turno vespertino empieza media hora antes de que termine el turno diurno"; sin embargo, el tema se fue complicando cada vez más.

El nombramiento de Ramírez en ese turno estaba para finalizar el pasado 31 de enero; sin embargo, al finalizar el año anterior el Consejo Superior no aprobó las prórrogas de la sección vespertina de Pavas para el año 2020, por lo que esta modalidad iba a desaparecer hasta que se dispusiera lo contrario. Eso generaba, en diciembre pasado, que el 6 de enero de 2020 Ramírez no tuviese a donde ser trasladada, lo que dejaba sin efecto la medida cautelar interpuesta.

Según confirmó el sindicato a este medio, tras esa situación y una nueva solicitud de reconsideraciones, el 9 de enero pasado el Consejo Superior decidió enviar a Ramírez a los tribunales de Goicoechea, a fin de que pudiese finalizar la medida cautelar interpuesta el año anterior.

¿Qué pasaría cuando finalizase ese plazo? Ahí estaba el tema otra vez: por eso el 20 de enero pasado, el Tribunal de la Inspección Judicial ordenó prorrogar la medida cautelar del traslado de Ramírez, manteniéndola alejada del Tribunal de Pavas durante tres meses más.

Dicha orden, finalmente, fue ratificada por el Consejo Superior en la sesión N° 08-20 celebrada el 30 de enero de 2020, por lo que ya quedó en firme.

Así las cosas, el Tribunal Penal de Pavas estará sin coordinación oficial hasta el próximo 30 de mayo próximo de 2020 o hasta que tanto el Consejo Superior como el Tribunal de la Inspección Judicial, resuelvan las causas que cada una por su lado tiene pendientes contra esta funcionaria; lo que suceda primero. Estaremos atentos y los mantendremos informados.