La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como la Sala IV, admitió para estudiar por el fondo una acción de inconstitucionalidad entablada por los rectores de las universidades públicas, contra la obligación de acatar las normas de empleo público que fueron definidas en el plan fiscal (Ley 9635).
Según informó la oficina de prensa del Alto Tribunal, la acción se tramita bajo el expediente 20-002831-0007-CO y se le otorgó audiencia escrita al Procurador General de la República, al Ministro de Hacienda y a la Ministra de Planificación, para que se refieran a los argumentos de los rectores.
Las impugnaciones recaen contra los artículos 1, inciso h) y 3 del Decreto Ejecutivo 41564-MIDEPLAN-H, y la interpretación extensiva de aplicabilidad del Título III de la "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas" (Ley 9635), referente al empleo público.
A criterio de los rectores, las normas impugnadas lesionan el régimen de independencia constitucional que establecen los artículos 84 y 85 de la Carta Magna a favor de las universidades estatales en materia de organización y gobierno y sobre su propio régimen universitario de empleo.
La Sala Constitucional fue enfática en aclarar que, de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, el curso de la acción no suspende la vigencia de la norma en general, ni la aplicación de los efectos de los artículos impugnados, excepto –únicamente– en aquellos casos en los que exista una controversia en sede administrativa (procedimientos en fase de agotamiento de la vía administrativa) o judicial, y deban aplicarse en dichos procesos las normas cuestionadas.
