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Las incongruencias del Gobierno Alvarado Quesada no dejan de aparecer, y es que cuando pensamos que ya no puede pasar nada más, se superan a sí mismos y nos sorprenden. La gran cantidad de desaciertos políticos en los que ha incurrido el Poder Ejecutivo, tan solo en los dos primeros meses del año dan sin lugar a duda, alertas de desconfianza, no solo a los y las costarricenses sino también a nivel internacional.

Pero centrémonos en el tema de mayor interés y preocupación de los últimos días, el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) que es, ilegal e inconstitucional.

Si bien es cierto que, la formulación y ejecución de políticas públicas, deben de ser respaldadas con datos certeros y fiables, la manipulación que se les de a estos no puede violentar la confidencialidad de los ciudadanos.

El Decreto de creación de la UPAD, establecía de manera expresa la obligación de todas las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada de brindar libre acceso a toda información que le fuera requerida por parte de esta unidad para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquella información que fuere considerada como secreto de Estado.

Si el Gobierno de la República pretendía generar productos de información útiles derivados del análisis de datos sobre asuntos de interés público, que le permitieran brindar insumos para fortalecer el proceso de toma de decisiones fundamentado en evidencia, bien pudo echar mano a algunas de las leyes preexistentes que le permitían hacerlo, reformarlas o intentar en sede legislativa alguna nueva, pero nunca debió recurrir a un ejercicio interpretativo, irrazonable e inválido para lograr su objetivo, en franca inobservancia de lo constitucionalmente previsto.

En particular, con la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos se consideran violentados los artículos 1, 9 11, 24, 28 y 105 de la Constitución Política, los cuales recogen los principios democráticos, de separación de poderes, legalidad, confidencialidad de datos, reserva de ley y de potestad legislativa.

Cabe destacar que el Poder Ejecutivo de manera abusiva, asumió para sí dos competencias que la Constitución Política atribuye exclusivamente a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial. Al Parlamento para regular por ley las circunstancias en que el Estado puede tener acceso a la información de carácter confidencial; y al Poder Judicial para aplicar dicha ley.

Vemos como el Ejecutivo, en lugar de formular políticas orientadas a la reactivación económica, únicamente piensa en medidas totalitarias; hace unas semanas hablaban de levantar el secreto bancario, ahora hablan de la creación de una oficina para obtener datos confidenciales.

Como legisladora, me comprometo a proteger a los y las costarricenses de atropellos como éste. Con Decreto Ejecutivo o sin Decreto Ejecutivo, esta oficina tiene más de un año de estar trabajando. No vamos a permitir que esto pase, no vamos a permitir que estos datos sensibles de los ciudadanos sean de manejo público.

Este es un tema que no vamos a dejar pasar por desapercibido, y llegaremos hasta las últimas consecuencias, como la acción de inconstitucionalidad ya presentada. La democracia no tiene hora ni día, vamos a luchar incansablemente por fortalecer nuestra democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.