El Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez, desmintió este sábado las acusaciones lanzadas por la Defensoría de los Habitantes, sobre que la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) tuvo acceso a "datos sensibles" de la población costarricense a través del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).

A través de un extenso comunicado de prensa, la institución calificó de "imprecisas, inexactas, inconsistentes e imprudentes" los señalamientos que hizo la jerarca de la institución, Catalina Crespo Sancho, al presentar los "hallazgos" de una "investigación" realizada esta semana en Casa Presidencial, luego que estallara el escándalo de la UPAD.

Además, Bermúdez acusó a la Defensora de generar zozobra, incertidumbre y malestar en la población, sin fundamento alguno, y de poner en riesgo la confianza en la institucionalidad del Estado Social de Derecho y sus herramientas más valiosas.

El jerarca desmintió tajantemente que SINIRUBE almacene datos respecto a la condición de salud ni tampoco sobre enfermedades de las personas, aspectos mencionados por la Defensoría en la conferencia de prensa donde se presentaron los "hallazgos" de sus pesquisas.

Marco legal

El SINIRUBE está amparado en la Ley 9137 y su Reglamento, así como en los principios sobre el tratamiento de datos personales de la Ley de Protección de la Persona Frente al Uso de sus Datos Personales.

La Ley 9137 establece que serán parte del Sistema todas las instituciones del Estado que se dediquen a la ejecución de programas sociales. Asimismo, autoriza a establecer relaciones de coordinación interinstitucional con las dependencias del Estado que generen información relativa a las políticas públicas destinadas a la erradicación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los costarricenses.

Por su parte, el artículo 10 del Reglamento señala que el SINIRUBE, a través de la persona que ocupe el cargo de la Dirección Ejecutiva, podrá celebrar convenios, u otra figura jurídica, con cualquier otra institución del estado, gobierno local o ente público, para la transferencia de los datos de la población objetivo, las personas beneficiarias de programas sociales, así como información de bases de datos administrativas.

De acuerdo con el presidente del IMAS, el convenio de cooperación entre SINIRUBE, el IMAS y la CCSS se firmó el 20 de enero de 2017 y en él se estableció, de manera contundente, que ni el IMAS ni SINIRUBE tendrían acceso a la información vinculada con el estado de salud de las personas.

Tal afirmación de la Defensoría de los Habitantes es imprudente porque genera zozobra, incertidumbre y malestar en la población, sin fundamento alguno, y pone en riesgo la confianza en la institucionalidad del Estado Social de Derecho y sus herramientas más valiosas.

Delfino.cr supo de fuentes involucradas en el proceso de negociación del convenio entre esas tres instituciones que el proceso para delimitar a cuáles datos tendría acceso el SINIRUBE desde la CCSS se prolongó, como menos, durante cuatro meses.

Bermúdez cuestionó los fines con los cuales la Defensoría de los Habitantes lanzó esa acusación falsa.

La inexactitud de una entidad como la Defensoría de los Habitantes y falta de conocimiento, teniendo ella la investidura que tiene, socava la credibilidad de la institución que representa y atenta contra la institucionalidad democrática. Ante ello, queda cuestionarse ¿quién nos defiende de una Defensoría poco informada?

Aunque de acuerdo con la Ley de Protección de la Persona Frente al Uso de sus Datos Personales, la condición socioeconómica de las personas es un "dato sensible", la misma ley dispone que la autodeterminación informativo del ciudadano no aplica para el funcionamiento de bases de datos que se utilicen con fines estadísticos, históricos o de investigación científica, cuando no exista riesgo de que las personas sean identificadas; la adecuada prestación de servicios públicos; y la eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las autoridades oficiales.

Además, Ley del SINIRUBE autoriza la firma de convenios para el intercambio de esa información, siempre que se reguarde el deber de confidencialidad.

Convenio SINIRUBE-Presidencia

El presidente del IMAS agregó que el convenio de cooperación entre SINIRUBE y el Ministerio de la Presidencia fue firmado el 18 de marzo de 2019, y en él se establece acceso exclusivamente a información relativa a las condiciones socioeconómicas de las personas beneficiarias y de las potenciales beneficiarias de los programas sociales, incluido transferencias monetarias condicionadas a estudiantes, ayudas técnicas y financieras a personas en situación de discapacidad, o pensiones no contributivas para adultos mayores, entre otros.

Bermudez defendió que gracias al convenio firmado con la Casa Presidencial, se pudo crear una plataforma de política social de precisión, la cual el IMAS ha venido presentando ante medios de comunicación, líderes de opinión y representantes de la academia desde noviembre anterior.

Particularmente, mediante la ciencia de datos, se ha logrado construir un tablero de visualización de información que hoy permite dirigir la inversión social en función de las necesidades de las personas en situación de pobreza extrema, reduciendo con ello trámites, duplicaciones, filtraciones y haciendo el mejor uso de los recursos públicos dedicados a la política social.

Finalmente, el IMAS reveló que actualmente el SINIRUBE está interconectado a más de 30 instituciones del Estado.

Respuesta de la Defensoría

Tras la publicación del comunicado del IMAS la Defensoría de los Habitantes emitió uno propio en el que indica: “La Defensoría de los Habitantes reafirma con contundencia que el equipo de análisis sí tuvo acceso a datos sensibles a través de Sinirube”.