Un grupo de empresarios cafetaleros y cámaras de comercio levantaron la voz esta semana contra el proyecto de ley 21.163 que pretende modificar la Ley del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé).

La iniciativa fue presentada en diciembre del 2018 por un total de 25 legisladores y propone un cambio en la comercialización de la actividad cafetalera nacional.

Actualmente, el proyecto de ley está convocado para la agenda de las sesiones extraordinarias en el Congreso y se encuentra en la agenda en la Comisión de Asuntos Agropecuarios.

Este avance y apoyo del Poder Ejecutivo es el que ha levantado la voz de los representantes del sector que aseguran que las reformas traerían fuertes consecuentes tanto sobre los precios que pagan los consumidores nacionales, como en el empleo de la industria.

Por ello esta semana tanto la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX), la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), y la Asociación de Consumidores de Costa Rica, se unieron a grupos de tostadores de café e industrias del sector para expresar su oposición al proyecto.

Uno de los puntos que más rechazo genera respecto a la iniciativa, es la disposición que se señala en el artículo 46 del documento, de que "los comerciantes y torrefactores de café sólo podrán abastecerse de este producto mediante la celebración de contratos de Consumo Nacional debidamente inscritos ante el Instituto del Café de Costa Rica", lo cual limitaría su capacidad de negocio.

Los productores aseguraron que esta disposición "les arrebata su libertad de comercio, de contratación y de libre negociación de precios y demás condiciones comerciales, que ahora deberán ser aprobados por Icafé".

Por otro lado, los caficultores también se oponen al artículo 88 de la iniciativa, que prohíbe a las aduanas el trámite de importaciones de café, sujeto a una nota técnica cuyo contenido aún no está definido en la propuesta.

Según los empresarios, “dichos instrumentos están claramente orientados a imponer barreras no arancelarias, eliminando la posibilidad de llevar al consumidor producto más competitivo”. 

Según José Manuel Hernando, presidente de la Cámara de Tostadores de Café, esta afectación se vería reflejada en que:

Actualmente el 80% del grano nacional se vende a muy altos precios en los mercados internacionales y el otro 20% queda para el mercado nacional. Ese 20% solo logra abastecer el 50% de la necesidad de materia prima del tostador nacional, el cual requiere importar el otro 50% de su materia prima, para así poder ajustar costos de producción, poder competir y ofrecerle al consumidor nacional variedades diferentes, ajustadas a todos los tipos de presupuestos familiares”.

Los productores aseguraron que este proyecto les dejaría "a merced de un poder monopolístico excesivo e invasivo por parte del Icafé" y que ello implicaría el desempleo de unas 1.500 familias.

La Cámara de Comercio Internacional y Representaciones Extranjeras (CRECEX), por su parte, aseguró a través de su presidente José Manuel Quirce que:

El texto de Ley presenta clarísimas violaciones a la libertad de contratación y establecimiento de precios mediante el principio de libre negociación, nuevas barreras no arancelarias al comercio y un inaceptable abuso policiaco en manos del ICAFE. Este es un caso muchísimo más grave que el del aguacate.  Este tipo de movidas proteccionistas y violatorias de marcos jurídicos nacionales e internacionales le generarán al país millonarias pérdidas, juicios engorrosos, limitación de la oferta de producto en el mercado y, sobre todo, más altos precios para los consumidores”. 

El sector además señaló preocupación por el déficit financiero del Icafé y aseguraron que una iniciativa como esta que busca darle más acciones de trabajo "que no podrá cubrir", representa un riesgo "de que sea el productor de café el que deba pagar estas estructuras burocráticas de control, con controles que son duplicados por otros organismos que para tales fines ya están establecidos en convenios de comercio internacional".

Tanto CRECEX, como la Cámara de Comercio de Costa Rica, la Asociación de Consumidores de Costa Rica, los productores de café de San Ramón, la Cámara de Tostadores y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, solicitaron al Ministerio de la Presidencia desconvocar el proyecto para permitir la valoración de las observaciones señaladas.