Hace pocos días se hizo público que el sector pesquero nacional ha decidido levantarse, por tercera vez, de la mesa de diálogo con el Gobierno, la cual estaba siendo mediada por la Organización de las Naciones Unidas.

Las razones son evidentes y manifiestas y van desde la falta de iniciativa y compromiso de las autoridades de Gobierno, pasando por la falta de soluciones efectivas y acciones erradas, hasta aspectos tales como irregularidades en el mal manejo de la institucionalidad y de los espacios supuestamente democráticos. En el manejo de la pesca nacional, el Gobierno se encuentra ante un evidente naufragio, y peor aún, no sabe hacia dónde dirigirse.

Pese a lo preocupante de estos hechos, la retirada de los pescadores de la mesa de diálogo no es sino un síntoma de la raíz del problema. Durante la presente Administración, ha existido una tendencia a dejar de lado a la gente en la construcción de la política pública y en la toma de decisiones sobre aquellos asuntos que afectan directamente a las familias, poblaciones, comunidades y grupos vulnerables.

El descontento social que esto ha generado ha sido notorio y el momento cúspide aconteció a mediados del año pasado, en un hecho insólito en la historia de nuestro país. De manera desesperada —y jamás justificable desde el punto de vista de nuestra idiosincrasia— un grupo de pescadores se trajo abajo uno de los portones de Casa Presidencial. Podría pensarse que todo lo anterior afloró en el sentir de los pescadores debido al hecho de que estos denunciaron recurrentemente que el Gobierno no tenía ningún interés en escucharlos ni de entender sus problemas.

Dice el refrán que para comer pescado, hay que tener cuidado. El 25 de marzo del año pasado se promulgó el Decreto Ejecutivo N° 41635-MAG, el cual fue anunciado por el Gobierno como un gran avance en materia pesquera, pues se establecería un nuevo modelo para la venta de las licencias. Lo anterior se llevó a cabo a pesar de las advertencias sobre las posibles consecuencias negativas que este Reglamento causaría en torno al debilitamiento financiero del INCOPESCA ocasionado por un modelo inaplicable. Efectivamente, la nueva medida adoptada por el Gobierno ocasionó que no se lograra vender ni una sola de estas licencias durante toda la vigencia de la norma, generando una afectación económica importante al INCOPESCA.

A confesión de parte, relevo de prueba

Un año después de esta desafortunada decisión, el Gobierno publica ahora el Decreto Ejecutivo N° 42181-MAG del 4 de febrero de 2020, en donde se modifica el modelo de venta de licencias creado el año anterior. Este nuevo decreto reconoce que el modelo se creó sin un análisis técnico previo, o sea, sin que se conocieran las consecuencias del mismo. Así como lo lee. El gobierno adoptó un modelo sin criterio técnico.

Peor aún, una vez efectuado el análisis, este determinó que se trataba de una medida inviable. Esta forma de proceder no solo es totalmente irregular, sino que además se aparta de la ciencia, la técnica, la lógica y el sentido común, aspectos fundamentales del actuar de la Administración conforme al artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública.

Es evidente la falta de capacidad del Gobierno para manejar el tema de pesca. Sobre todo, es urgente que el presidente de la República tome una decisión sobre la permanencia en el puesto de los responsables de las desafortunadas medidas en esta materia: desde el ministro de Agricultura y Ganadería como rector de la pesca, así como su viceministro y el presidente ejecutivo del INCOPESCA.

El presidente debe replantear su equipo de trabajo en esta materia, colocando a personas que se encuentren debidamente capacitadas para solucionar los graves problemas de la pesca nacional. Solo así se puede retomar el camino correcto, hacia un modelo sostenible de desarrollo que considere como uno de sus fines primordiales el bienestar de las comunidades pesqueras y de las miles de familias que dependen de esta actividad productiva.

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