Por unanimidad, los diputados que integran la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa dictaminaron afirmativamente otro proyecto de ley que propone elevar sustancialmente las penas de cárcel por daños y robos al poliducto del Estado, así como a la comercialización de combustibles sustraídos.
Se trata del expediente 21.447, denominado "Ley para sancionar el apoderamiento y la importación ilegal de los combustibles derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos", y el cual ahora entra en la etapa de mociones antes de su votación en Plenario.
Aunque se tramita una iniciativa similar en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el foro de Ambiente tuvo mayor celeridad para tramitar la iniciativa, por lo que el texto de la primera se plasmó en la segunda.
La propuesta de ley tiene como objeto sancionar las actividades ilícitas relacionadas con el apoderamiento ilegal de combustibles derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos que sean propiedad de la Refinadora Costarricense de Petróleo, así como la importación ilegal de combustibles.
Para ello, el proyecto incluye una prohibición general al señalar que la importación de hidrocarburos es competencia exclusiva de Recope como empresa pública que administra el monopolio del Estado en la importación, refinación, y distribución del petróleo crudo y sus derivados, por lo tanto, toda importación realizada por un tercero no autorizado por esa institución es ilegal
Las sanciones propuestas son diez en total.
Causar daño al Sistema Nacional de Combustibles será penado con cárcel de 6 meses a 4 años, y si el acto ocasiona un derrame la pena irá de 4 a 6 años.
El robo de hidrocarburos y sus derivados será castigado con cárcel de 5 a 15 años, mientras que el transporte y la distribución ilegal de hidrocarburos será castigado con cárcel de 1 a 4 años.
La importación ilegal de combustibles sin autorización de Recope acarreará una sanción de 3 a 5 años de prisión, mientras que el apoderamiento, alteración o manipulación ilegítima de marcadores de hidrocarburos se castigará con cárcel de 1 a 3 años.
Quien se apodere, altere o manipule ilegítimamente los sistemas o instrumentos de control de los combustibles será penado con cárcel de 3 a 8 años.
Quien conociendo el origen y sin haber tomado parte en la ejecución de las conductas punibles sancionadas en la ley, reciba, almacene, oculte o de cualquier otra forma tenga en su poder combustibles que provengan de la ejecución de alguno de esos delitos será penado con cárcel de 1 a 5 años.
Por otro lado, quien conociendo el origen ilícito de procedencia, destine, autorice, tolere, facilite, bienes muebles o inmuebles para la sustracción, apoderamiento, adquisición, almacenamiento, transporte, conservación, tenencia, venta, ofrecimiento, suministro o comercialización a cualquier título, de combustibles será penado con cárcel de 2 a 5 años.
Luego se encuentra la sanción contra quien compre, venda, distribuya o comercialice mediante cualquier título, con fines de venta combustibles derivados de petróleo que se trate de un producto exonerado para uso del sector pesquero no deportivo, a cualquier otra persona física o jurídica no beneficiado legalmente por dicha exoneración. La pena será de 3 a 5 años y se aumentará en uin tercio si el acto tiene con fin actividades de narcotráfico o piratería.
De seguido, se establece como circunstancia genérica de agravación cuando los delitos arriba enlistados generen peligro para la salud o la vida de las personas, se produzca un daño ambiental, o cuando en la comisión de los delitos intervenga en calidad de funcionario público, servidor público o persona que ejerza funciones públicas, con ocasión de ellas o con abuso de su cargo. En estos casos la pena se aumentará hasta en un tercio.
Finalmente, a los funcionarios, servidores públicos, o persona que ejerza funciones públicas que participe directa o indirectamente, por acción u omisión dolosa, favorezca, colabore, facilite o no denuncie las conductas ilícitas descritas en la ley, se les impondrá una pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de 1 a 5 años.
La presidenta de la Comisión de Ambiente, Paola Vega, señaló que la iniciativa es necesaria debido al alarmante incremento de sustracciones e importaciones ilegales durante los últimos años. Estos problemas ponen en riesgo la vida y la salud de las personas, daños ambientales y disminución de los recursos fiscales para el Estado.
"Recope registra pérdidas millonarias por robo de combustibles y daños graves en su infraestructura. Sin embargo, carecemos en nuestro ordenamiento jurídico de legislación que combata de manera específica tal actividad ilegal. Por eso, este proyecto es de carácter urgente y esperamos su pronta aprobación en el Plenario Legislativo", dijo la legisladora.
Por su parte, Gustavo Viales del PLN, uno de los impulsores de esta ley afirmó que este es un esfuerzo de prácticamente todas las fracciones legislativas, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
"Se mejoran los tipos penales, se generan sanciones más claras y aterrizadas y se da un agravamiento a la sanción cuando el delito genere daño ambiental o abastezca estructuras criminales", explicó.