Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.

Por este medio me dirijo a usted para manifestarle mi estado de rabia e impotencia por la dura noticia recibida por la muerte de un segundo líder indígena en manos de usurpadores no indígenas racistas y discriminadores que, en nombre de la ley, la negligencia y la impunidad que le brinda el Estado costarricense, siguen asesinando a nuestros líderes, lideresas y hermanos indígenas.

Los pueblos indígenas no podemos vivir del miedo, de la zozobra y de la incertidumbre en nuestra propia tierra. Es hora de acabar con el miedo y brindar la seguridad jurídica necesaria, para que nuestras futuras generaciones, puedan vivir en paz, con amor y sin el temor al odio.

Señor presidente esta no es la Costa Rica que queremos...ni tampoco es la Costa Rica donde quepamos todos y todas y es urgente tomar ahora las decisiones para desatar los nudos de la historia, para construir la Costa Rica inclusiva de verdad y no de la apariencia que mucho daño nos está haciendo. Llegó la hora señor presidente de tomar decisiones transcendentales que generen condición para la inclusión y la igualdad y acabar con este problema de vieja data.

Estimado presidente a un año de la muerte del líder indígena Sergio Rojas impera el silencio y la impunidad no solo de las autoridades encargadas de la investigación, sino que de la propia defensora de los Habitantes. No hemos tenido hasta ahora noticias del avance de la investigación, pero tampoco tenemos noticias de las acciones que se han tomado, sean estas cautelares o acciones administrativas orientadas a detener esta ola de violencia contra los pueblos originarios. En días recientes recibí la noticia que el señor Mainor Ortiz fue herido de bala por defender las tierras y de este hecho poco se sabe y mucho menos, si ha habido personas detenidos o procesados por dicho acto vil y cobarde.

Señor presidente, hoy vivimos momentos muy oscuros para nuestra democracia y parecen hechos de violencia que terminan como las películas de espanto o de terror, las hordas organizadas, por los terratenientes y usurpadores toman las justicia en sus manos y todo por la inacción institucional de hace 43 años y donde se ha desoído las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los mandatos internacionales como la Convención Americana, el convenio 169 de la OlT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las Jurisprudencias Internacionales dictadas por la CIDH, la Jurisprudencia dictada por la Sala Constitucional Costarricense, la ley indígena y diversos decretos. Esta es una responsabilidad ineludible, directa e impostergable que le corresponde a usted asumirla señor presidente ya que hace 43 años ninguno de los gobiernos de turno, las ha querido asumir y ahora queda ver si de verdad estamos desatando los nudos del racismo y la discriminación ocultos en el ADN de nuestra idiosincrasia e institucionalidad democrática y transitar por el camino del buen vivir “Se senuk Bue”.

***

Señor presidente la muerte ronda en nuestros territorios y estos hechos no corresponden a situaciones aisladas, sino a la espiral de violencia que vive el país y que nos podría llevar a un mayor derramamiento de sangre. Es hora de tomar decisiones y poner en posesión de los indígenas las tierras que la ley les otorgó en primera instancia en 1939 y en 1977. No bastan mecanismos de consulta y mesas de dialogo sino actuamos sobre el problema de fondo y ese problema de fondo es el tema de t¡erras y la consolidación de los territorios indígenas. Me permito sugerir 6 acciones y procedimientos para atender la problemática:

1.

Hacer cumplir la ley Indígena 6172 de t977 ordenando los desalojos administrativos y puesta en posesión a los pobladores indígenas de las tierras usurpadas, después de 1977 y eso le corresponde al Ministerio de Seguridad con la información de la ADIS Y EL INDER. De existir disconformidad de algún particular que recurra a demandar al Estado donde corresponda.

2.

Establecer el mecanismo y plazos de expropiación o indemnización según corresponda, de aquellas tierras que son ocupadas por poseedores de buena fe y de propietarios con escrituras. Tal y como lo establece la ley indígena 6172, la Constitución Política y la jurisprudencia de la CIDH. Además, el estado debe asumir la responsabilidad del conflicto frente a los usurpadores y no los pueblos indígenas.

3.

Debe preverse desde ya una reparación a los daños causados de forma individual y colectiva a los derechos de los Pueblos Indígenas por haber sido el Estado negligente y omiso para establecer mecanismos equitativos y justos para resolver este conflicto con particulares en las tierras indígenas desde hace 43 años.

4.

Establecer una Comisión integrada por la Oficina de Naciones Unidas, la Defensoría de los Habitantes, el Vice Ministerio de la presidencia y el Ministerio de Justicia y Paz para impulsar dialogo de reconciliación y paz. Pero para determinar con claridad y ser garantes de los acuerdos y de los mecanismos inmediatos administrativos y legales más idóneos para resolver o mitigar el conflicto.

5.

Solicitar a los tribunales de justicia agilizar los procesos y resoluciones para que estos no interfieran en las acciones administrativas a tomarse ya que el poder Judicial tiene cuota de responsabilidad en estos conflictos.

6.

Ordenar la creación de un grupo de trabajo de asesores legales que llevan o han llevado procesos complejos a favor de los derechos indígenas y de las ciencias sociales (antropología) o afines con conocimiento de la cultura indígena que conozcan el tema de conflictos de las tierras indígenas y puedan ayudar rápidamente a construir una hoja de ruta para atender el problema de manera integral. Ya que me parece que hasta ahora se adolece de este apoyo para tomar decisiones y la asesoría hasta ahora no ha sido la más idónea.

***

Estimado señor presidente, estando en Bolivia en funciones como embajador y siendo miembro de los pueblos originarios no me pude contener o callar frente a estos actos de violencia que vulneran los derechos de los pueblos originarios y poder externar algunas soluciones a las mismas. De haber vulnerado los protocolos establecidos de expresarme de esta manera, asumo las responsabilidades como tales. Pero soy consciente que mi conciencia y mi ética no me permite permanecer callado frente a estos hechos de violencia que no solo vulneran los derechos indígenas, sino la credibilidad del país en materia de derechos humanos.

Agradezco la atención debida y mis más sinceras consideraciones y estima.