Un abogado identificado como Arcelio Hernández Mussio, quien hasta hace algunos días era asesor legislativo del diputado independiente Harllan Hoepelman, "denunció" ante la Sala Constitucional que la Presidencia de la República, a través de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), se entrometió en su vida privada, espió sus redes sociales y por medio de troles le reportaron y bloquearon sus páginas.
Este peculiar reclamo es uno de los presentados ante la Sala Constitucional contra la creación de la UPAD y fue admitido para estudio por el presidente del Tribunal, Fernando Castillo Víquez; quien delegó en la magistrada Nancy Hernández López su resolución.
El Tribunal Constitucional ordenó al Presidente de la República, al ministro de la Presidencia y al ministro a.i. de Planificación Nacional, informar sobre los "hechos denunciados" por Hernández dentro de un plazo de tres días hábiles.
[Él] Aduce que ha sido objeto de intromisiones arbitrarias en su vida privada, pues los recurridos han espiado sus perfiles en redes sociales y por medio de troles han reportado falsamente sus páginas, logrando que se las bloqueen durante varios días.
Hernández alegó que la UPAD se creó como una unidad para recolectar datos confidenciales de los ciudadanos, lo cual constituye una violación al principio democrático y los artículos 11 y 24 de la Constitución Política.
En un correo dirigido a Delfino.cr, Hernández afirmó que "los troles del PAC" han atacado su perfil personal y varias páginas que administra, incluida Igualdad de derechos para los padres, la cual tiene 96 mil seguidores.
"Desde que cuestioné los resultados de las elecciones presidenciales pasadas, fui víctima de ataques cibernéticos, incluso uno está bajo investigación en el OIJ porque el jefe de seguridad del TSE hizo desaparecer correos electrónicos de mi servidor de GMail", afirmó el abogado.
Otros reclamos
El 25 de febrero la Sala Constitucional admitió en total dos recursos de amparo contra el decreto que creó la UPAD; mientras que mantiene bajo análisis una acción de inconstitucionalidad entablada por diputados del PUSC contra dicha norma, a pesar que la misma ya fue derogada.
El otro recurso de amparo fue también presentado por dos abogados, vecinos de San José.
En ambos reclamos, los recurrentes alegan que se violentó el derecho a la intimidad y piden que se ordene al Poder Ejecutivo a abstenerse de realizar comportamientos iguales o semejantes a los relacionados con la creación y funcionamiento de la UPAD, así como que se destruyan todos los datos recopilados.
Nota del autor: Esta noticia se actualizó a las 15:23 horas con declaraciones adicionales del señor Hernández, remitidas vía correo electrónico.
