A pesar de las críticas que desde diferentes sectores han caído sobre la iniciativa, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) defendió este martes la reforma al Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones (RFU), que impone nuevas reglas a la segregación de terrenos en el país.

El anunció fue oficializado por el Presidente Ejecutivo de la institución, Tomás Martínez Baldares este martes en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Según un comunicado enviado por el instituto después de la conferencia, con el proyecto lo que se busca es ordenar los territorios en cantones donde no se cuenta con plan regulador para sus futuras segregaciones (actualmente quedan 42 cantones sin este plan).

Según señaló Martinez en la conferencia:

Este reglamento nos va a permitir cerrar una brecha, se puede decir que es la única herramienta que tiene un municipio que no cuente con plan regulador. En ese sentido, le estamos facilitando a los municipios una herramienta para ejercer el control urbanístico de su territorio y nos permite regular los desarrollos urbanísticos en todo el territorio nacional y principalmente, asegurarnos que esos desarrollos incorporen facilidades comunales y mejoramiento vial, así como equipamiento público como los parques".

El jerarca del INVU además aseguró que este reglamento "no agrega ningún trámite ni ningún costo" al proceso de construcción, sino que más bien "este reglamento nos va a permitir generar una rebaja generalizada en los costos de todas las tarifas y visados que realiza el INVU".

¿Cuál es el problema entonces? Pues que sectores como el Colegio de Ingenieros Topógrafos (CIT) dicen justo lo contrario. Según una noticia publicada este lunes por Diario Extra, el Colegio sostiene que "con ese documento se está viendo afectada la segregación de terrenos y que, ahora, por cada plano de lotes a fraccionar, se tendría que presentar al INVU y pagar ¢77.510":

"Con este nuevo reglamento el INVU hace una distinción de un fraccionamiento simple y urbanístico que estaría remitiendo al INVU una cantidad de visados (de planos) exorbitantes, entre 350 planos diarios y están cobrando ¢77.510 por cada plano. Nosotros calculamos que el INVU estaría recaudando más de ¢5.000 millones", afirmaron el presidente del CIT, Ólger Aguilar Casares y el director ejecutivo, Marco Antonio Zúñiga Montero.

Los representantes del colegio aseguraron que con el nuevo reglamento, las personas que vivan en un cantón que no tenga plan regulador y quieran segregar sus terrenos para vender, heredar o demás trámites, deberán pagar este monto de más de ¢70 mil colones por cada plano, un pago que se realizaría antes de que sepan si la municipalidad les otorgará o no el permiso para realizar la división de dicho terreno.

Esta situación, según el colegio "limita" la segregación de los lotes respecto a como se ha hecho hasta ahora.

El tema calentó al punto de escalar a la Asamblea Legislativa, desde donde el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca Mora decidió intervenir a inicios de enero pasado, enviando una carta al presidente Carlos Alvarado Quesada y a la ministra de Economía, Victoria Hernández Mora, para pedirles que interviniesen para que el reglamento no se publicara.

El socialcristiano aseguró que:

Este reglamento es una carga de requisitos para los costarricenses, que aumenta los costos y complica la vida de aquellos que, por ejemplo, quisieran hacer una segregación de sus propiedades”.

La solicitud sin embargo, parece no haber tenido eco en Zapote pues Martínez señaló esta tarde en la conferencia que el procedimiento no va a cambiar con el nuevo reglamento que ya está publicado y casi listo para entrar en vigor.

El jerarca aseguró que el nuevo documento "no implica ningún trámite adicional" pues los mismos pasos que se requieren actualmente, serían los que se mantendrían en esta modificación y más bien defendió que este es "un rebajo histórico de las tarifas de los visados":

El INVU lleva 25 años efectuando el cobro de las tarifas de visados por alineamientos o planos de catastro pues esta es una directriz establecida en la Ley Orgánica del Ambiente y también en la Ley de Planificación Urbana. El monto actual para un alineamiento fluvial es de ¢77 mil colones y pasaría a un costo de ¢38 139; en el caso de los planos individuales de catastro, el rebajo pasa de ¢77.510 a ¢45.776, un ahorro de 31.731 colones".

Según agregó el jerarca, en este momento y hasta el próximo 13 de marzo (que entrará en vigor el documento) la institución estará en un proceso de revisión con el Colegio de Topógrafos "en aspectos de redacción de dos artículos para mejorar su comprensión y así asegurar su correcta interpretación, cuando entre en vigencia".

Este documento fue publicado en la Gaceta el 13 de noviembre del año anterior y se encuentra disponible aquí.