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Pronto comienza el ciclo de siembra 2020-2021 y de nuevo el sector no cuenta con un seguro de cosecha en correspondencia con sus necesidades.

Por otra parte, la herramienta de seguro con la cual trabaja el MAG y que lograría mejorar y abaratar el costo de la póliza, no está implementada, como corresponde. Y en consecuencia, tampoco estará disponible para el sector arrocero.. Entretanto, la cobertura del seguro sigue siendo insuficiente, con el 70% actual. Con el agravante que, ante un evento climático, se puede reducir hasta un 50% o la pueden eliminar.

Respecto del Sistema de Banca para el Desarrollo el productor arrocero tendrá dificultades para su acceso, pues la nueva Ley 8634 ya no permite que los fondos de FINADE sean operados por la banca de primer piso. Esto significa que tales fondos se transformarán en créditos con requisitos comerciales, al arbitrio de cada operador.

Y en cuanto a las tarifas de uso de agua en DRAT, Guanacaste, éstas se incrementarán en un 45%. Y como si no bastara con estas limitaciones al desarrollo del sector, recientemente Conarroz recibió comunicaciones oficiales del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), anunciando que variarán las condiciones crediticias, de aseguramiento y de tarifas por el servicio de uso de agua en el DRAT.

El sector evidentemente ha sido deprimido, a la fecha no existen oportunidades que les permitan resurgir de tanto daño que les han hecho las continuas políticas del gobierno, y las malas decisiones de mandos medios, que solo han minado sus posibilidades de crecimiento y desarrollo.

El mantener avante este sector productivo del país, no solo es nuestro derecho también representan nuestra soberanía como costarricenses, el arroz no es materia negociable, estas acciones solo representan un riesgo a nuestra seguridad alimentaria, seguimos insistiendo al gobierno y a todos los actores de este tema que comprendan la importancia de que Costa Rica posea una base productiva de este grano básico, no solo por tratarse del principal producto de la canasta básica, sino porque es un sector generador de empleo y riqueza en los cantones más pobres.

Para la Corporación Arrocera Nacional, todas estas medidas representan otro duro golpe para la estabilidad del sector, amenazan el desempeño productivo y atentan contra la integridad del sector en vísperas del inicio del período de siembra 2020-2021, en la primera semana de marzo próximo.

Llamamos la atención de los costarricenses, pues todas estas medidas inciden directamente sobre las políticas de seguridad alimentaria; y a la larga, sobre la alimentación básica de nuestro pueblo.

Cambian las reglas de acceso al crédito para los agricultores

De acuerdo con Miguel Aguiar, Director Ejecutivo del SBD, “los recursos del FINADE anteriormente (2019) operados por una banca de primer piso, ahora se canalizarán por medio de banca comercial”, según la Ley 8634 y sus reformas.

Esta modificación implica que los interesados, productores agrícolas en su mayoría, deberán tramitar los créditos de cosecha bajo los esquemas de la colocación de recursos con criterios comerciales, perdiendo el principio de la banca para el desarrollo que otorgaba flexibilidad de condiciones.

Durante el periodo 2016-2017, más de 20 productores arroceros lograron créditos con FINADE en una cartera superior a los 300 millones de colones. Sin embargo, para el periodo 2018- 2019, únicamente dos productores arroceros tuvieron esta oportunidad, por cuanto incidieron situaciones como la falta de un instrumento adecuado para implementar el seguro de cosecha. Además, las acciones del INS siguen limitando el acceso a créditos a agricultores Entretanto, desde el año pasado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) integró una comisión para analizar el seguro agropecuario. Como primer resultado, el 20 de enero de 2019 la Junta Directiva del MAG recibió una propuesta de seguro indexado o paramétrico climático, como un modelo de aseguramiento viable para el sector que sólo podría aplicarse hasta finales del 2020 por recomendación del funcionario extensionista del MAG. ingeniero Vesalio Mora. Este inconveniente significa un duro golpe para el sector pues también limitará el acceso a créditos de los productores, e impedirá el abaratamiento de los costos.

De acuerdo con el criterio técnico de la Adriana Alvarado, ingeniera jefe de operaciones de Conarroz, “el INS debe mejorar la metodología de indemnización, acuse de siniestros así como, la cobertura en secano. Pues de otro modo, se mantendrá un seguro de alto costo, baja cobertura y no diseñado específicamente, para la producción de arroz”.