El próximo 5 de enero será un día crucial para el destino político de la República Bolivariana de Venezuela, donde se decidirá quién permanecerá en la Presidencia de la Asamblea Nacional. El régimen chavista busca ejercer control completo sobre la República y su oposición demanda la continuidad de Juan Guaidó, obteniendo la reelección como Presidente de la Asamblea Nacional y, por tanto, Presidente Encargado de la República.
Las elecciones en el Parlamento Bolivariano se celebrarán el día 5 de enero a causa de que el artículo 194 de la Constitución Política indica que “la Asamblea Nacional elegirá de su seno un Presidente o Presidenta (...), por un periodo de un año”.
Juan Guaidó argumenta que cuenta con mayoría absoluta para poder ser reelecto, pues la oposición al régimen suma 167 escaños frente a 51 del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mucho más del aforo necesario para sesionar. Adicionalmente, la Asamblea Nacional había aprobado una reforma a su reglamento, que permitía votar por medios telemáticos a los legisladores exiliados y perseguidos políticos, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia la anuló, en un acto que denota la subordinación del Poder Judicial venezolano al régimen dictatorial.
Por su parte, Nicolás Maduro asegura que “tiene que haber un gran cambio en la Asamblea Nacional de la República”, y ha lanzado la llamada “Operación Alacrán” una ofensiva sobre los diputados opositores que busca influir en su voto por medio de amenazas, sobornos y persecuciones políticas, con el objetivo de recuperar el control del Parlamento, y en consecuencia, impedir que Juan Guaidó sea reelegido como Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Juan Guaidó manifiesta en sus redes sociales y en actos públicos que el nuevo reto es materializar la libertad del pueblo venezolano en el año 2020, al que denomina “año de la liberación”. Además, plantea una Agenda de Lucha 2020, haciendo partícipe de su construcción al sector empresarial. Sin lugar a duda, una correcta estrategia para incrementar el capital humano que lo respalda como Presidente Encargado de Venezuela, a ello, debe sumarse el reconocimiento internacional que se le ha propiciado en el ejercicio de tal cargo.
No obstante, es indiscutible la pérdida de popularidad y confianza que sufrió Guaidó en los últimos meses dentro de la sociedad venezolana, ocasionada entre otras cosas por el no ingreso de la ayuda humanitaria, las negociaciones con el régimen en Barbados y algunos escándalos de presunta corrupción en personas cercanas al Presidente Encargado. Lo anterior, evidencia una errónea planificación en la estrategia para destituir el oficialismo, dado que también se alegó la rápida salida de Nicolás Maduro del poder y no fue así, es decir, hubo un error profundo en la comunicación.
En medio de este cruce de declaraciones y cálculos electorales, el pueblo venezolano continúa sufriendo una grave crisis social: desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles - situación por demás irónica y solo superada por la dolarización práctica de la economía - sumado a deficientes servicios públicos, hiperinflación y una sociedad violenta. En este negro panorama, no es difícil imaginar por qué más de cuatro millones de personas han huido de Venezuela desde el año 2015 a la fecha.
Con Guaidó como Presidente o sin él, los venezolanos merecen libertad, paz, calidad de vida y, sobre todo, respeto a sus derechos humanos. ¡Ahora!
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