La Junta Directiva del Banco Nacional y la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio) iniciaron una discusión vía comunicados de prensa, en relación a los cuestionamientos que han circulado por el otorgamiento créditos que Asebanacio otorgó entre el 2012 y el 2017  (cuando personas en altos puestos gerenciales en el Banco Nacional eran al mismo tiempo miembros de la Junta Directiva de Asebanacio), el traslado de fondos de cesantía del Banco a Asebanacio para su fundación y el nuevo código de ética aprobado por el Banco.

Ante los cuestionamientos que han estado circulando, la presidenta de la Junta Directiva del Banco Nacional, Jeannette Ruiz, y el gerente general del Banco, Gustavo Vargas, convocaron a un conferencia de prensa en la que aseguraron que el traslado de recursos que realizó el Banco Nacional para la fundación Asebanacio fue hecho de forma legal ya que, según se señaló, eso estaba autorizado por la Ley 7849.

Adicionalmente, Vargas, rechazó que haya existido, existan o que vayan a existir en la organización mordazas, represalias, ni acoso sistemático contra funcionarios que han adoptado posiciones de denuncia o cuestionamiento en Asebanacio, a lo que Ruiz agregó:

No existe afán alguno ni intención del Banco Nacional de imponer mediante el Código de Conducta y las reformas que se le hagan, algún tipo de mordaza, ni similar a nuestros funcionarios. Es totalmente falso que la Junta Directiva aprobara una modificación al Código de Conducta para impedir que funcionarios que forman parte de la Junta Directiva de Asebanacio pudieran dar declaraciones en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa.

Dato D+: Las declaraciones de Ruiz y Vargas se dan después de que la semana pasada se conociera la aprobación de un código de conducta a los funcionarios del Banco que el diputado Luis Fernando Chacón (PLN) denunció como un intento de amedrentar a los funcionarios del banco.

Adicionalmente, los jerarcas del BN aprovecharon para asegurar que el banco, como patrono, no tiene injerencia alguna en la administración de Asebanacio ni en los créditos que otorga. Sin embargo, no se refirieron al hecho de que entre el 2012 y el 2017 — periodo de tiempo en que se presentaron los créditos irregulares— en Asebanacio altos funcionarios del BN, que todavía trabajan para el banco, ocupaban puestos de Junta Directiva en Asebanacio, en contra de lo que establece la Ley de Asociaciones Solidaristas.

Sobre estos funcionarios cuestionados Vargas se limitó a señalar en el comunicado que no pueden tomar acciones legales en su contra “hasta tanto no se tenga información real sobre dichos cuestionamientos basada en sentencias judiciales al respecto”.

Sobre este punto, la actual Junta Directiva de Asebanacio, que asumió labores tras los cuestionados prestamos, contestó a las autoridades del BN vía comunicado de prensa:

Asebanacio desconoce por qué las altas autoridades del Banco Nacional argumentan no poder iniciar investigaciones contra funcionarios actuales de la entidad bancaria que estuvieron relacionados con las irregularidades presentadas en la asociación solidarista, cuando tienen en su poder desde el 2017, información real donde se les pone en conocimiento de los hechos ocurridos.

Adicionalmente, las autoridades del BN aseguraron que las pérdidas de ₡11 mil millones por los créditos dudosos, que la asociación ya ha asumido como incobrables, no serán asumidas por el BN:

Si bien es cierto el Banco Nacional lamenta las eventuales pérdidas económicas que Asebanacio tenga por decisiones propias internas que tome, el Banco no tiene responsabilidad ni consecuencias económicas sobre lo que ocurra con los fondos administrados por Asebanacio, como también lo ha señalado la Procuraduría General de la República. Si los recursos que dicha Asociación o cualquier otro órgano al que se le trasladen recursos de cesantía de los empleados, se llegan a perder, el Banco Nacional no está obligado de ninguna manera a reponerlos.