Costa Rica es el país con las medicinas más caras de Centroamérica, en donde tenemos diferencias de hasta un 33% de sobreprecio. Por otro lado, si nos comparamos con países del primer mundo, las diferencias de precio llegan hasta un 1000% por un mismo medicamento. Lo anterior es producto del acaparamiento del mercado que padecemos en nuestro país el cual, a pesar de que ronda los 550 millones de dólares anuales, concentra las importaciones y la venta en farmacias en dos grupos económicos, los cuales importan 62.35% y venden el 70% de todos los medicamentos del país.
Con la intención de contar con medicinas más baratas, presenté el proyecto de ley Nº 21.368 “Ley para promover la competencia en el mercado de medicamentos”. Entre las soluciones propuestas se incluye el desarrollo de una política de prescripción por denominación común internacional (DCI) o, en otras palabras: prescribir por el nombre del principio activo y no por la marca; medida que la OMS/OPS ha impulsado como una acción que permite a las personas rebajar su gasto en medicamentos.
El objetivo de la prescripción por DCI es eliminar el condicionamiento del médico al paciente, para que este compre únicamente medicamentos de marca (más caros) y para que, en su lugar, adquiera otra opción con el mismo principio activo (que es lo que cura) pero más barata; a sabiendas que todos los medicamentos que se consumen en nuestro país tienen garantizada su eficacia y seguridad, desde el momento de ser inscritos y avalados para su venta y consumo por parte del Ministerio de Salud.
Esta forma de prescribir medicamentos ya se utiliza en una gran cantidad de países, tanto en el sector público como en el sector privado. De ellos podemos extraer valiosas experiencias para contar con una política de prescripción por DCI, pero también podemos señalar errores que no deberíamos repetir en Costa Rica. Entre los errores cometidos sobresale la práctica de prescribir incluyendo la marca junto a la DCI del medicamento en la receta, ya que esto frustra el objetivo de evitar que se condicione a los pacientes a consumir el medicamento más caro. Por esta razón, países como Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, entre otros, han modificado sus legislaciones para que las prescripciones sean solamente por medio de la DCI. Otro error es no dejar excepciones, tales como los casos de medicamentos de estrecho margen terapéutico, en donde sí conviene que prevalezca la marca hasta tanto la autoridad de salud garantice la intercambiabilidad entre diversas opciones, o bien, excepciones para casos particulares de pacientes que, por razones especiales, solo pueden consumir una serie limitada de los medicamentos disponibles para su padecimiento. Finalmente, un tercer error es no establecer sanciones ante incumplimientos, ya que se ha demostrado que los sectores médicos no están dispuestos a aceptar esta política de modo voluntario.
A partir de lo anterior, podemos concluir que los elementos fundamentales que debe contener una ley o decreto que impulse esta política son, en primer lugar, establecer como regla general que todos los medicamentos deben ser prescritos, exclusivamente, por su DCI y no por su marca. En segundo lugar, establecer que el médico pueda recetar por marca en casos de excepción, para lo cual este deberá justificar, en la receta, que debe prescribir por marca en virtud de alguna razón clínico-farmacológica de su paciente. Finalmente, establecer sanciones ante la prescripción por marca, sin la debida justificación.
Una sencilla política como esta, beneficiaría a todas aquellas personas que acuden a comprar medicamentos a la farmacia, sobre todo al 40% más pobre de nuestra población. Estas familias gastaron, para el año 2017, la suma de 32.450 millones de colones en medicamentos, máxime cuando entre dos opciones para un mismo padecimiento existen diferencias de precio que pueden representar hasta un 10% del ingreso promedio de los hogares más pobres de nuestro país.
El Ministerio de Salud está pronto a publicar un decreto para implementar la política de prescripción por DCI en nuestro país. Como promotor del proyecto de ley citado, he colaborado en ese proceso y le he manifestado al Ministro de Salud todas estas apreciaciones, con la intención de que efectivamente podamos tener en el país una verdadera política que ayude a rebajar los precios de los medicamentos, por lo cual espero que el documento que finalmente se publique cumpla con esos tres elementos fundamentales. Ojalá aprendamos de las experiencias vividas en otros países para no cometer los mismos errores, si de verdad deseamos cuidar el bolsillo a la gente y ayudarles a que la plata les alcance; principalmente a los sectores más pobres de nuestra población.
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