La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como la Sala IV) ordenó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) realizar un estudio científico sobre los efectos en la salud, el ambiente y las abejas productoras de miel que tiene el uso de agroquímicos que contengan el insecticida neonicotinoides.

Así fue ordenado por unanimidad del Alto Tribunal mediante sentencia 2019-24513, en procura de mejorar las prácticas agrícolas, así como resguardar la seguridad alimentaria de la población, dado que las abejas productoras de miel son una especie clave para la biodiversidad.

El estudio científico deberá hacerse en el plazo de un año –a partir de la notificación de la sentencia– y en coordinación con el Servicio Fitosanitario del Estado, el Laboratorio de Fitopatología y Biocontroladores de la Escuela de Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica

La resolución señala que “de encontrarse (en el estudio) riesgos o daños graves en la salud, la biodiversidad o el ambiente, incluidas las poblaciones de abejas melíferas, el Ministerio deberá adoptar las medidas correspondientes para resguardar esos bienes constitucionales”.

El Tribunal advierte en el fallo que en la protección de los recursos naturales debe existir una actitud preventiva y precautoria para minimizar la degradación y el deterioro.

Este Tribunal ha reconocido el riesgo que puede entrañar el uso de los plaguicidas y la trascendencia de adoptar medidas idóneas para regular su empleo. En el ordenamiento jurídico costarricense existe diversa normativa legal y reglamentaria de la que se deriva que la actividad de importación, fabricación, comercialización y empleo de los plaguicidas está fuertemente sometida a la potestad de policía del Estado, en aras de garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado

La sentencia se origina en un recurso de amparo planteado por el diputado José María Villalta, quien acudió al Tribunal luego que el Ministerio de Agricultura le rechazara las gestiones formuladas contra el uso de neonicotinoides en los agroquímicos.