A 20 meses de que los actuales diputados hayan asumido sus curules uno no termina de sorprenderse de lo bajo que pueden llegar a caer algunos para defender (o pretender defender) posturas bajo el absoluto desconocimiento de lo que están hablando.
Quienes me siguen por redes sociales saben que soy abiertamente fanático del ahora ex speaker del Parlamento británico, John Bercow, de quien rescato la siguiente frase dirigida a ciertos diputados que creían estar cuestionando el procedimiento empleado por, supuestamente, estar apartado de las normas escritas:
Tienen derecho a sus opiniones, pero sufren la notable desventaja de estar completamente equivocados.
Y aunque pudimos haber creído que nada peor podía ser visto (y oído) después de los papelones protagonizados por Mélvin "no darle gusto a la prensa" Piña y Erick "¿por qué no hacen las elecciones nacionales públicas para que también sean transparentes?" Rodríguez Steller, nuevamente nos equivocamos.
Esta vez a la diputada Ivonne Acuña le pareció que era necesario cuestionarle a la Presidencia el que hubiese diputados que dijeran abiertamente por cuál candidato a magistrado habían votado en las distintas rondas, apelando a que el artículo 104 del Reglamento de la Asamblea establece que en caso de voto secreto, no puede el diputado expresar por quién votó, y si lo dice, no debe quedar recolectado en el acta.
Dice ese artículo:
ARTICULO 104.- Excepciones en la votación secreta
Cuando se trate de una votación secreta no se admitirá ninguna moción para que se vote en forma ordinaria o nominal; tampoco se admitirá ninguna solicitud para que se exprese o se consigne en el acta la forma en que votó el diputado.
El problema de la diputada es que se limita al texto de lo que dice el Reglamento que tiene en su poder, y no se ha tomado la molestia de leer la resolución de la Sala Constitucional sobre el uso del voto secreto en el Parlamento. Seamos honesto... si la hubiese leído no haría de este tema algo político-partidario, porque al final de cuentas lo que se trata es de enderezar el reglamento para que respete la jurisprudencia constitucional. Nada más.
Como no la leyó, le dejamos a la diputada el link acá para que lea el fallo completo. Y si le da pereza, dado que parece estar más preocupada por hacer alharaca sobre la norma técnica de aborto terapéutico que será inminentemente firmada en los próximos días, le resumimos lo importante:
VIII.- En lo que respecta al ordinal 104, la Sala coincide con la Procuraduría General de la República en el sentido que dicha norma únicamente establece la manera de proceder cuando una votación sea declarada secreta. Es decir, no determina un tipo de casos que deberá ser votado de manera secreta, sino únicamente cómo se tramitará una votación declarada como tal, lo que es perfectamente válido a la luz del numeral 117 constitucional, el cual señala la posibilidad de que se acuerde que las sesiones sean secretas por votación no menor de las dos terceras partes de los Diputados presentes y por razones muy calificadas y de conveniencia general. Dicha declaración, se enfatiza, deberá cumplir los requisitos normativos y jurisprudenciales anteriormente señalados.
Si de la lectura anterior la diputada no entiende por qué su pretensión es majadera y sobre todo ignorante, se lo explicamos en sencillo:
La Sala Constitucional cuando falló la acción de inconstitucionalidad presentada por Delfino.cr no anuló el artículo 104 como fue solicitado por este medio, únicamente porque los magistrados señalaron que el mismo es constitucional ya que su aplicación será para casos en que la Asamblea decida hacer la votación secreta, previo acuerdo tomado por no menos de dos terceras partes de los presentes, y por razones muy calificadas y de conveniencia general.
Es decir, en los casos que tenemos actualmente donde la votación secreta es impuesta por una incorrecta interpretación reglamentaria y por la insistencia de la Asamblea de desconocer el carácter erga omnes (para todos) salvo para sí misma que tiene la jurisprudencia de la Sala Constitucional no aplica la prohibición del artículo 104.
Si la diputada fuera más estudiosa también habría encontrado que cuando el Congreso destituyó a Celso Gamboa lo hizo con voto público nominal, en el que cada uno se levantó y dijo cómo votaba. Para ese entonces el Reglamento "exigía" voto secreto y bajo la tesis de la diputada el voto público no debió usarse, y por ende la destitución de Gamboa fue ilegal.
Eso no fue, es, ni será así. Inclusive la Sala ya revisó el proceso de destitución del exmagistrado y no encontró faltas que causaran su nulidad.
Si doña Ivonne Acuña quiere mantener su voto secreto por el tiempo que tal disposición se mantenga (no será mucho, se lo garantizamos) pues que lo mantenga así ella. Pero no pretenda imponerle el velo del oscurantismo al resto de diputados que sí quieren darle la cara a la ciudadanía sobre las personas que están nombrando para dirigir el Poder Judicial.
Así como criticó la "imposición del PAC" de usar el voto público, cae en la misma "falta" al imponerle a los demás la prohibición de transparentar su voto.
Afortunadamente el presidente de la Asamblea, Carlos Ricardo Benavides, le señaló a Acuña (ante su segunda intervención diciendo que transparentar el voto estaba mal) que él no iba a permitir un debate sobre la interpretación o aplicación de un artículo del Reglamento, menos estando en curso el proceso de elección. Y aunque Benavides dijo que aclararía el tema en la sesión de la tarde del Plenario, finalmente el tema no se tocó.
A la diputada nuevamente la recomendación de que escoja sus batallas, lea y estudie, o que pida a ayuda a su equipo de siete asesores.
Las elecciones
Este martes el Congreso nombró a dos magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
El concurso para llenar la vacante dejada por Carlos Chinchilla cuando se jubiló dentro del escándalo del cementazo se suspendió por una semana pues al llegar a la quinta ronda de votación, ningún candidato alcanzó los 38 votos necesarios para ser electo.
Álvaro Antonio Burgos Mata sumó 36 votos, cuatro más que en la ronda previa. A él le siguió Sandra Eugenia Zúñiga Morales con 9 votos y nuevamente alguien votó por Gregorio José Briglia Peralta... Otro voto quedó anulado. Será hasta la próxima semana que el proceso se reanude para este expediente.
De inmediato se pasó al proceso para llenar la vacante dejada cuando Celso Gamboa fue destituido por el Congreso. Y en este sí se le hizo realidad el sueño a Burgos Mata de convertirse en magistrado, ya que en primera ronda recibió 39 votos. Jenny Quirós Camacho obtuvo 6 apoyos y Sandra Eugenia Zúñiga Morales y Gerardo Rubén Alfaro Vargas uno cada uno.
Burgos obtuvo una calificación de 99 en la evaluación de la Comisión de Nombramientos y según sus manifestaciones en la entrevista que se realizó en dicho órgano legislativo, tiene nota de 99,9% en todos los escalafones del Poder Judicial.
Estoy aquí para un puesto para el cual me he preparado toda mi vida
Es doctor en Derecho Penal, graduado de honor de la Universidad Escuela Libre de Derecho y firmó un manifiesto en el que se repudiaba la leve sanción que la Corte Plena impuso, en primera instancia, contra los integrantes de la Sala III que desestimaron una causa penal contra los exdiputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara por tráfico de influencias en el caso del cemento chino.
Según su currículum, tiene más de 28 años de laborar en el Poder Judicial. Es Juez IV de adultos en el Segundo Circuito Judicial de San José y Juez V de apelación de sentencia penal juvenil. Asimismo, tiene más de 20 años de trabajar para la Universidad de Costa Rica y trabajó 15 años como juez coordinador del único Tribunal Superior Especializado en materia penal juvenil que tuvo el país.
Llenada esta vacante, correspondió pasar al concurso para designar al sucesor de Doris Arias Madrigal, quien también salió de la Corte durante el cementazo. Para este concurso se necesitaron las cinco rondas de votación, y quien solo obtuvo un voto en el proceso anterior pasó a tener 26. Gerardo Rubén Alfaro Vargas se disputaba el nombramiento con Omar Antonio White Ward que obtuvo 21 votos.
En la segunda ronda Alfaro pasó a tener 29 votos y White sacó 16. En la tercera aumentó la brecha con un 34 vs. 11; se abrió levemente en la cuarta con 32 vs 15 y finalmente en la quinta ronda alcanzó los 38 votos. Solo el PUSC se sostuvo con White, a quien le dejó sus 9 sufragios.
Alfaro es magistrado suplente de la Sala Tercera y trabajó como juez del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste.
Ambos magistrados electos serán juramentados este miércoles en sesión ordinaria a partir de las 3 p.m.
Breves
— 40 diputados aprobaron reprogramar la sesión del Plenario del jueves 12 de diciembre para que se realice por la mañana con la misma agenda que debía verse en la sesión de la tarde. Solo la diputada Zoila Volio votó en contra.
— 41 diputados aprobaron en primer debate el expediente 20.802 que establece que del superávit acumulado por el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Poder Ejecutivo girará a las juntas administrativas de los Colegios Técnicos Profesionales, Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC) y Centros Integrados de Educación de Adultos (CINDEA) que imparten especialidades técnicas aprobadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP), incluso al Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, al Colegio Técnico Don Bosco, y el Colegio Agropecuario de San Carlos y a los servicios de III y IV Ciclos de Educación Especial, el equivalente a un seis por ciento (6%) del presupuesto anual ordinario.
