La Contraloría General de la República, ente fiscalizador de la Hacienda Pública, archivó sin aprobación ni trámite el presupuesto de las cinco universidades públicas y del Consejo Nacional de Rectores (Conare) para el año 2020, por incumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Púbicas, N° 9635.
Según dio a conocer el ente auxiliar del Congreso, el rechazo se dio por cuanto la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Universidad Técnica Nacional (UTN) ni Conare entregaron un requisito sustancial para la aprobación del presupuesto: la certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) de que dichos presupuestos cumplen con la regla fiscal.
Dicho requisito sustancial está establecido en el artículo 19 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el propio Ministerio de Hacienda puso en conocimiento de la Contraloría de que esas instituciones incumplieron con la presentación de las copias de los presupuestos ordinarios 2019 y 2020 ante la STAP.
La Contraloría informó que, dado que las instituciones requieren de un presupuesto para su funcionamiento en 2020, al amparo de los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley General de la Administración Pública, para estas instituciones regirá el presupuesto definitivo del 2019 ajustado en lo que corresponda.
Fueron advertidos
La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria advirtió a las universidades públicas desde el 6 de septiembre del 2019 que su negativa a entregar copia de los presupuestos ordinarios de 2019 y 2020 sería notificada a la Contraloría General de la República.
Sin embargo, el Conare respondió el 13 de septiembre que mediante un acuerdo adoptado por los rectores no entregarían copia de dichos presupuestos. El 24 de septiembre la STAP reiteró la obligación de esas instituciones de entregar la información establecida por ley, para lo cual tenían plazo hasta el 30 de septiembre, plazo que fue incumplido.
Luego que la STAP notificó el incumplimiento de las universidades y el Conare, la Contraloría advirtió el 29 de noviembre a las universidades que el deber de la institución era analizar los presupuestos formulados y presentados de conformidad con la ley, lo cual incluía la certificación de la STAP sobre el cumplimiento de la regla fiscal.
Sin embargo, las universidades respondieron el 4 de diciembre que se encontraban a la espera de la resolución de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 9635, de modo que no enviarían la información requerida.
