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Me ha costado digerirlo. Digo, el absoluto descaro de los altos magistrados de la Corte Plena de (in) Justicia opuestos a recortar sus pensiones de lujo.

Ellos, la casta de elegidos,  solo “contribuyen solidariamente” si sus pensiones exceden los 4.4 millones, es decir, cuando ya tienen en la bolsa casi el triple de la pensión máxima de la CCSS.

Comprendemos. Un empleado de lujo no puede resignarse a una pensión razonable. Porque quienes las defienden, a sangre y fuego, son también empleados multimillonarios. El magistrado Jorge Olaso gana 7,7 millones, Jesús Ramírez 7,4 millones, Jaime Robleto 8,1 millones, Julia Varela 8,6 millones, Luis Porfirio Sánchez 7,6 millones, Orlando Aguirre 9,6 millones, Roxana Chacón 5,9 millones, Sandra Zúñiga 7,8 millones y William Molinari 7,6 millones.

Al resto nos queda muy claro que los rebajos no afectan, en modo alguno, “la organización y funcionamiento del Poder Judicial”. Pero según sus fieros protectores, ante los eventuales recortes, los jubilados judiciales estarían “en condición de sacrificio”, “les afectaría su proyecto de vida”, “se empobrecerán”, “no van a querer pensionarse rápido”.

Nosotros tampoco queremos que se pensionen rápido. Porque lo hacen a costa del sudor del pueblo que, con sus impuestos, financia el multimillonario presupuesto de la Corte y los mil millones de millones de colones anuales de pensiones con cargo al presupuesto. Casi el 2% del PIB. El 23% de todos los tributos.

Ah, pero la magistrada Julia Varela dice, apesadumbrada: “la persona que recibe x salario o x pensión tiene una serie de obligaciones fijas”. ¿De veras? ¿Y cómo hacemos los 284 mil pensionados de la CCSS que vivimos dignamente con nuestra pensión? Añade doña Julia: “Entre menos recibimos (y ella recibe 8,6 millones mensuales) menos aportamos al comercio. Ahora nos medimos...si antes nos dábamos unos gustitos, ahora sólo vamos por lo necesario”. Tal vez doña Julia pueda pedirle consejo a los 120 mil beneficiarios del régimen no contributivo que sobreviven y se dan gustitos con 82 mil colones mensuales.

O, mejor aún, preguntarle a los 186 mil adultos mayores sin pensión alguna y que viven de la caridad.

El olimpo judicial impide a muchos jueces mantener los pies sobre la tierra. Da miedo el comentario del magistrado Jaime Robleto:  “Los problemas económicos son ajenos a esta corte...La desigualdad social ha existido siempre...no se soluciona violando principios fundamentales de derecho”.

¡Ajá!  ¿En serio? Y, ¿No se viola el derecho obligando a los demás a pagar sus jugosas pensiones de lujo? ¿No se viola el derecho cuando crean regímenes elitistas fuera del artículo 73 de la Constitución: “La administración y gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social”? ¿No se viola el derecho que tutela el principio de igualdad? ¿No se viola el derecho creando sistemas de jubilación por puro cálculo y pactos políticos, sin NINGÚN fundamento técnico? ¿No se viola el derecho aplicando leyes para unos sí y para otros no? ¿No se viola el derecho cuando la misma Sala IV admitió un tope de 2.7 millones (ley 7605 de 1998) que todos “olvidaron” aplicar? ¿No se viola el derecho cuando se alegan “derechos adquiridos” de multimillonarias pensiones en regímenes SIN sostenibilidad financiera?

Salvo honrosas excepciones, estos magistrados de la Corte dan vergüenza. Y los “garantes de la (in) justicia” vuelven los ojos hacia el otro lado, porque no pueden sostenerle la mirada al pueblo que paga sus odiosos privilegios.

La mejor lección que los diputados pueden darle a estos jueces del olimpo es aprobar las reformas no con 38, sino con 57 votos. Estaremos atentos a ver si, de verdad, son los padres de nuestra golpeada y empobrecida Patria.