La Contraloría General de la República señaló varias deficiencias en los procesos de contratación del personal administrativo de la Asamblea Legislativa, según consta en el informe DFOE-PG-IF-00011-2019 como resultado de una auditoría especial.

La investigación llevó a cabo un examen de los mecanismos de control implementados respecto de las actividades relacionadas con el reclutamiento y selección de recurso humano en la Asamblea Legislativa entre el 1° de enero de 2016 y el 30 de noviembre de 2018.

Uno de los principales hallazgos es que la Asamblea no cuenta con reglamentos que regulen el proceso para el reclutamiento, selección y nombramiento de las plazas interinas, lo que, según señala el informe:

plantea el riesgo de que los nombramientos recaigan en personas que carezcan de los requerimientos solicitados para el cumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas en el Manual Descriptivo de Clases de Puestos Administrativos de la institución para desempeñar con eficiencia las funciones que demandan los puestos en los que fueron nombrados, aunque estos sean de forma temporal (interinato), y en detrimento de la ejecución eficiente de los procesos y actividades de la entidad y del cumplimiento de los objetivos institucionales.

Este señalamiento no es menor cosa, ya que al 31 de enero de este año la Asamblea contaba con aproximadamente el 23% de sus plazas administrativas en condición de interinazgo, siendo que para esa fecha se contabilizaban 449 funcionarios en propiedad, 144 en condición interina (14 de esos en sustitución) y 9 plazas vacantes.

Dato D+: El personal administrativo de la Asamblea no incluye al personal de confianza que son los asesores nombrados diputados, diputadas y las fracciones. En total a febrero del 2019 la Asamblea contabilizaba 922 funcionarios, sin contar los 57 diputados y diputadas.

De acuerdo con lo encontrado por la Contraloría, la mayoría de los 138 nombramientos interinos que se realizaron durante el periodo de investigación, estuvieron nombrados por periodos de 1 a 3 años, aunque se encontraron casos de seis funcionarios que han permanecido de forma interina entre 5 y 11 años. En todos los casos, los nombramientos interinos son renovados cada seis meses.

La auditoría señala que los nombramientos interinos requieren de un acuerdo del Directorio Legislativo, y posteriormente la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de puestos, pero al revisar los expedientes de funcionarios nombrados con esa categoría, se encontró que varios no tenían en sus expedientes, al momento de ser contratados, los requisitos para los puestos.

Adicionalmente el informe señala que se encontraron siete casos donde la persona funcionaria no contaba con el requisito de grado académico y experiencia asociada al título al momento de ser contratada y cinco casos donde al momento de realizar la auditoría el expediente no contenía los títulos académicos que eran requisito para el puesto en que estaban nombrados los funcionarios.

El informe también señala que las contrataciones por concurso interno no contribuyen a que los puestos vacantes sean ocupados en propiedad de forma oportuna por el personal de la Institución, situación que afecta los nombramientos en propiedad, siendo que durante el periodo de la auditoria se realizaron 3 concursos internos para rellenar 12 plazas vacantes, que en promedio tardaron 8 meses en ser completados.

Como resultado de la auditoría, la Contraloría ordenó al Director Legislativo y a la Dirección Ejecutiva de la Asamblea tomar una serie de medidas para corregir los problemas de nombramiento de personal identificados.