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En una copia pirata de Back to the Future el país volvió al año 2010. En aquella época y bajo la dirección de Leonardo Garnier, el gobierno de turno planteaba como “salida” a la crisis fiscal una reducción de los presupuestos a la educación pública. En el remake del 2019 la apuesta ha sido más estratégica. Sin recortar directamente, la actual administración de Carlos Alvarado ha condicionado el uso de una parte de los recursos del Fondo para la Educación Superior (FEES) a “gastos para infraestructura” y con ello, como han advertido los rectores de las Universidades al cierre técnico de cupos, becas, y proyectos de investigación y acción social. En los vaivenes de un país que al parecer no se sostiene más económicamente, hay actores y problemas que se repiten en 2010 y 2019.

Una primera foto repetida de la Costa Rica de hoy es la foto de la desigualdad. Si bien, en su informe reciente, el INEC advertía que la desigualdad en el ingreso, la cual se mide a través del coeficiente de Gini, no había aumentado con respecto al año anterior (2017), los datos del INEC de más largo plazo demuestran que en lo que va de esta nueva década la desigualdad siguió creciendo. En dos platos: la Costa Rica de hoy es menos clase media, y la brecha entre ricos y pobres es mucho más grande. Tan grande como la de algunos países de África.

Esta mayor desigualdad se ha expresado, como ocurría en tiempos del PLN, en un relación desproporcionada de poder a favor de un grupo de empresarios-políticos con acceso privilegiado al Estado. La relación es sencilla: a mayor capital económico concentrado en pocas manos, mayor es su influencia en la agenda política. Sin embargo, a diferencia del PLN, los empresarios y figuras cercanas en el top 1% que hoy están a cargo de la política económica del gobierno de Alvarado no han sido militantes o financistas del PAC.  Lo han sido del PLUSC. Este fenómeno, conocido como puertas giratorias ha favorecido que no solo en el gobierno, sino también en la Asamblea Legislativa se promuevan y defiendan políticas con intereses privados muy particulares. Por ejemplo, si bien el gobierno sostuvo la idea de que la reforma fiscal era un sacrificio para el cual todos debíamos contribuir en algo, ese grupo ubicado en la cúspide de la pirámide social ha logrado mover los hilos del poder para autoexcluirse. En esta lógica este grupo se abrazó a la amnistía fiscal y lograron dejar afuera las reformas propuestas para gravar grandes cooperativas, las reformas propuestas por la comisión de los #PanamaPapers, los reglamentos sobre paraísos fiscales o debilitaron la legislación sobre subcapitalización.

También al igual que en 2010, la agenda del gobierno y el discurso político han definido una y otra vez que los responsables de la crisis económica del Estado son los empleados públicos y no el propio modelo económico. En tono con esto, las políticas públicas planteadas por el gobierno de Alvarado y amparadas por los partidos tradicionales han sido la promoción o cierre de instituciones, reforma anti sindical, recortes a presupuestos y la ya puesta en marcha reforma fiscal. En esta narrativa, la identidad colectiva de país con un acento en lo público se dinamitó en función del carácter privado y de lucro en educación, salud, transporte, banca y un largo etcetera. El gobierno abandonó un horizonte común. En los discursos y en las políticas, el gobierno ha echado mano de alianzas que privilegian las visiones particulares de los sectores asociados a los partidos tradicionales. Visiones país derrotadas en 2014 y 2018. Además, frente a la protesta social, el gobierno ha sido sordo, criminalizador y reacio en la promoción de vínculos y mesas de diálogo social. En defensa de su débil músculo político, gobierno y militantes del PAC asumieron como suyas las políticas y visión de mundo que antes criticaron y cuya oposición les dio origen como partido político distinto al PLUSC.

La desigualdad y el retorno al 2010 son decisiones políticas. Parafraseo a Gabriel Zucmman: los ricos  y en política, no promueven el desarrollo, lo hacen la educación y los impuestos.