Los Garantes Éticos de la Administración Alvarado (actualmente integrados por Margarita Bolaños Arquín, Quince Duncan Moodie y José Manuel Arroyo Gutiérrez) enviaron una carta al presidente Carlos Alvarado informándole que encuentran “inaceptable” que Costa Rica entre en alianza con Brasil para aspirar a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En la misiva le hacen saber al presidente que consideran la movida un “error político” por lo que le solicitan rectifique la posición del país. Recordemos que luego de que el Gobierno anunciara su intención de postularse (para dejar por fuera a Venezuela) trascendió que buscaría hacerlo de la mano de Brasil, situación que, evidentemente, levantó todo tipo de críticas.
A raíz del anuncio de Cancillería (en torno a la colaboración con Brasil) los garantes éticos detallaron en la carta los motivos por los cuales consideran que tal movida sería un grueso error: “el logro de este propósito, en nuestro criterio, se inscribe en circunstancias que podrían poner en entredicho la trayectoria, el prestigio y el derecho de nuestro país a ese reconocimiento internacional”.
En concreto: “Nos parece inaceptable que Costa Rica, con el fin de impedir la reelección de Venezuela -punto que no cuestionamos-, tenga necesariamente que hacerlo “…trabajando especialmente con la República Federativa del Brasil, con el deseo de que ambos países sumen sus fortalezas y voluntades…”, tal y como el comunicado oficial lo declara. El legítimo fin perseguido no justifica de ninguna manera el medio que se está escogiendo”.
La carta pasa entonces a detallar los motivos por los cuales los garantes encuentran inaceptable la cooperación con Brasil: “El gobierno de Jair Bolsonaro contradice los ideales de una democracia respetuosa, inclusiva y sin discriminación. Abiertamente alaba la última dictadura militar, la tortura y el terrorismo de Estado así como promueve la violación de derechos de las minorías en razón de su etnia, género o identidad sexual. Estamos ante un gobierno que legisla para usurpar las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, privatiza los parques nacionales y no le importa arrasar con toda la Amazonía, pulmón del planeta”.
Por último los garantes solicitan que se rectifique el camino, se desista de trabajar junto a Brasil y se aclare que no existe ni existirá ningún tipo de compromiso con el pensamiento y la acción del Gobierno de Bolsonaro.
Si bien es cierto los garantes tienen carta blanca para llamar la atención del Gobierno cuando lo consideren necesario también está claro que sus pronunciamientos no son vinculantes y difícilmente surten efectos concretos, tal y como quedó evidenciado con su más reciente comunicado, en el que solicitaron la renuncia del diputado Welmer Ramos con resultados por todos ya conocidos.
