El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en definitiva este martes la reforma al Código de Familia con la cual se equiparan las obligaciones de ambos cónyuges en el mantenimiento de los gastos de la familia.
Esta iniciativa es una reforma histórica en dos vías: primero, porque reconoce como aporte económico las tareas del hogar que -históricamente- han desempeñado en su mayoría las mujeres y que hasta la fecha no ha sido reconocido como aporte; y porque al emplear el término "cónyuges" el artículo queda modificado para su aplicación una vez entre a regir el matrimonio igualitario en Costa Rica en el año 2020.
El proyecto se tramitó bajo el expediente 21.296 y se denomina "Reforma del artículo 35 de la Ley N.° 5476, Código de Familia, del 21 de diciembre de 1973". Fue presentado por la diputada María Vita Monge del PUSC en marzo de 2019, por lo que su propuesta no tardó ni un año en superar todas las etapas legislativas para convertirse en Ley de la República.
La reforma fue respaldada por 39 votos a favor en el segundo debate. Nadie votó en contra, aunque algunos diputados hombres preguntaron si la reforma afectará lo relacionado a las pensiones...
Varias congresistas respondieron a dicha interrogante asegurando que no, ya que históricamente si en un proceso de fijación de pensión la mujer (o el hombre) no tiene ingresos pues se desempeña en su mayoría o totalidad del tiempo a las tareas del hogar, los jueces reconocen tal labor como su aporte "en especie".
Ahora, con la reforma, tal reconocimiento tiene finalmente rango de Ley.
Concesiones en Áreas Protegidas
Otro proyecto que recibió su votación final fue el expediente 21.021 que introduce una modificación al artículo 39 de la Ley de Biodiversidad (número 7788) para autorizar el otorgamiento de contratos o concesiones para la prestación de servicios no esenciales en las áreas silvestres protegidas del país.
Este expediente fue propuesto por el diputado José María Villalta en octubre de 2018 y recibió 38 votos a favor y ninguno en contra este martes.
La iniciativa define "servicios no esenciales" como los estacionamientos, servicios sanitarios, administración de instalaciones físicas, servicios de alimentación, tiendas, construcción y administración de senderos, administración de visitas y otros que defina el Consejo Regional del Área de Conservación, mediante un estudio técnico que lo justifique.
Estas concesiones y contratos podrán otorgarse única y exclusivamente a asociaciones de desarrollo comunal, cooperativas, microempresas inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio u organizaciones sociales nacionales sin fines de lucro que tengan objetivos de apoyo a la conservación de los recursos naturales, que incorporen la gestión ambiental dentro de los procesos y área concesionada y con su personería jurídica vigente; siempre que se encuentren integradas y controladas directamente por habitantes de las comunidades ubicadas en la zona de influencia de la respectiva área silvestre protegida.
Durante la discusión se aclaró que la anterior disposición no prohibirá, sin embargo, que asociaciones de desarrollo, cooperativas, microempresas u organizaciones interesadas en dar el servicio que ahora se permitirá, puedan suscribir alianzas público-privadas con grandes empresas para llevar a cabo su negocio.
Primeros debates
Dos proyectos recibieron primer debate de los diputados.
El primero de ellos se tramita en el expediente 21.083 y autoriza a la Municipalidad de La Unión a donar un terreno de su propiedad a la Asociación de la Casa Albergue para Adulto Mayor (ASOCAAM). 39 congresistas votaron a favor.
Y finalmente está el expediente 20.148 que otorga el Benemeritazgo en Servicio Social a la Fuerza Pública de Costa Rica, respaldado por 40 diputados.
Dado que los honores inicialmente fueron conceptualizados para otorgarse a personas físicas, este tipo de proyectos no se tramitan bajo la Comisión de Honores, sino en una comisión legislativa y común y corriente, con un trámite -también- común y corriente.
Otro proyecto mal hecho que tiene que corregirse
Quizá por su cabeza haya pasado alguna vez el pensamiento de que los diputados no leen las cosas que aprueban. Pues bien... hoy tiene un motivo más para creerlo.
El proyecto de ley 20.968 “Reforma del inciso b) del artículo 155 de la Ley N° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998” fue retrotraído (devuelto) al trámite de primer debate para corregir su actual redacción...
Esta iniciativa presentada por Aracelly Salas del PUSC en septiembre de 2018 tiene larga 'mala fama' de ser un proyecto que pretende otorgar a los alcaldes municipales la potestad de hacer despidos por la libre, algo así como los tiempos previos al Servicio Civil en el que cada nuevo jerarca renovaba la planilla de la institución con gente de su filiación política...
A pesar de dicha mala fama, los diputados hicieron caso omiso a quienes hicieron -a tiempo- las críticas a la redacción del proyecto y no fue sino hasta ahora, con una huelga de funcionarios municipales de por medio, que accedieron a clarificar de una vez por todas la intención del proyecto.
Varios diputados anunciaron que votarían el proyecto en contra en el segundo debate, por lo que tras una negociación se optó por aprobar una moción vía 148 bis del Reglamento para devolver el expediente a antes de la primera votación.
La congresista Aracelly Salas afirmó que su proyecto nunca nació para que los funcionarios municipales fueran despedidos, sino para incluir en el Código Municipal que en caso de una reestructuración, el estudio técnico al respecto debía contemplar las ideas de quien estuviese ocupando la alcaldía...
Esa explicación no convenció (entre otros) a José María Villalta del Frente Amplio o a David Gourzong del PLN, quienes dijeron que bajo esa hipótesis el proyecto era totalmente innecesario.
Breves
— El proyecto que reforma la aún inexistente jurisdicción especializada en crimen organizado (expediente 21.559) fue dispensado de todos los trámites, excepto el de publicación, para que pase a tener prioridad en la agenda del Plenario.
— El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) expresó en la Comisión de Asuntos Sociales estar a favor de incluir la variable nutricional en los requisitos para conformar la canasta básica, pretensión que persigue el proyecto de ley tramitado en el expediente 21.265.
— El viceministro de Hacienda, Rodolfo Cordero, afirmó ante la Comisión de Gobierno y Administración que la Ley de Empleo Público contribuirá al saneamiento de las finanzas públicas; solicitó que el Servicio Civil pase a estar adscrito al Ministerio de Planificación y rechazó el temor de algunos diputados de que la reforma cause una "fuga" de profesionales hacia el sector privado, al afirmar que actualmente las remuneraciones en el sector privado están por debajo de lo que se gana en el público, pero no por el puesto para alguien de primera entrada, sino por lo que esa persona acumula en anualidades y otros pluses.
