76 años después, el Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en definitiva eliminar una norma histórica contenida en el Código de Trabajo promulgado en 1943 que le prohíbe a las mujeres trabajar en horario nocturno, salvo algunas excepciones.
Se trata del artículo 88 de dicha ley, el cual dice que es absolutamente prohibido el trabajo nocturno de todas las mujeres, con excepción de quienes trabajan a domicilio o en familia, enfermeras, visitadoras sociales, servidoras domésticas, aquellas que se dediquen a labores puramente burocráticas o al expendio de establecimientos comerciales.
La derogatoria será posible gracias al voto afirmativo de 46 congresistas al expediente 21.169 que reforma dicho artículo 88, de modo que se mantenga únicamente la prohibición de trabajo nocturno de los menores de 18 años y el diurno de éstos en hosterías, clubes, cantinas, bares y en todos los lugares que expendan bebidas con contenido alcohólico de consumo inmediato.
Este proyecto fue ideado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y adoptado por las integrantes de la Comisión de la Mujer, quienes lo presentaron a la corriente legislativa el 6 de diciembre de 2018.
Otros proyectos aprobados
Este martes también se le dio segundo debate al proyecto de ley que impone sanción de cárcel a quien dañe, destruya, deteriore, remueva o cambie de lugar los hitos fronterizos propiedad del Estado.
Se trata del expediente 20.956, el cual reforma el Código Penal para incluir un nuevo artículo que estipule como delito castigado con cárcel de 6 meses a 4 años ese tipo de prácticas.
En el país hay un par de decenas de hitos fronterizos, más conocidos como mojones, en la frontera con Nicaragua y con Panamá. A lo largo de los años se han reportado casos donde personas cambian de lugar estas señalizaciones, sin embargo, no pueden ser perseguidos ni sancionados debido a que no está establecido como delito, hasta ahora.
La iniciativa fue presentada por el diputado Gustavo Viales Villegas el 22 de agosto de 2018 y recibió 43 votos a favor y ninguno en contra este martes, por lo que solo resta de la firma presidencial y publicación en el Diario Oficial para que entre en vigencia.
Luego correspondió la votación definitiva al expediente 20.815, que impone como obligación que las actas de las reuniones de juntas directivas de los bancos públicos del país deban ser transcripciones literales y no parafraseos.
Este proyecto fue presentado en mayo de 2018 por el diputado José María Villalta y, según él, pretende cerrar el portillo que se empleó en el marco del Cementazo para alterar un acta de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica.
La iniciativa reforma el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional para establecer que el acta deba ser una transcripción literal y además pública, a excepción de los contenidos considerados confidenciales de conformidad con el artículo 24 de la Constitución Política y las regulaciones establecidas en el marco legal vigente.
Esta reforma, que recibió 42 votos a favor y ninguno en contra, entrará a regir tres meses después de su publicación en el Diario Oficial.
De seguido se le dio segundo debate al contrato entre Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 350 millones de dólares, el primero de los "préstamos de apoyo presupuestario" que el Gobierno negoció como parte de la agenda de saneamiento de las finanzas del Estado.
Este préstamo se tramitó bajo el expediente 21.535 y recibió 46 votos a favor de todas las bancadas legislativas. Ningún diputado votó en contra y después de que se dejara en firme la aprobación del mismo, se envió a Casa Presidencial para su sanción y publicación como Ley de la República.
La iniciativa tuvo un trámite veloz en la Asamblea Legislativa ya que fue presentada por el Poder Ejecutivo el 31 de julio de 2019, dictaminada en la Comisión de Hacendarios el 17 de septiembre y aprobado en segundo debate este martes 1 de octubre.
El Ministerio de Hacienda había advertido a los congresistas que por cada día de atraso en la votación del proyecto, el país debía pagarle al BID a modo de penalización cerca de $5000 dólares por día. El ahorro anual que se pretende experimentar por concepto de intereses ronda los $13 millones.
Este préstamo no representa un mayor gasto a lo ya contemplado en el presupuesto vigente y permite revertir la tendencia creciente de la relación deuda/ PIB.
También contribuye a estabilizar esa relación en el mediano plazo y a redireccionar recursos hacia actividades productivas que generen más crecimiento de la economía, ya que la autorización se enfoca en hacer que se sustituya prioritariamente endeudamiento interno que implica altas tasas de interés, por un endeudamiento blando con organismos financieros internacionales.
Con lo anterior se procura reducir la presión sobre el mercado financiero nacional, produce una mejoría en las calificaciones de riesgo y contribuye a que se logre colocar a tasas de interés inferiores a las que se mantienen en el mercado local.
Uno de los mecanismos de control incluidos por los diputados es que antes del 31 de enero de 2020, el Ministerio de Hacienda deberá entregar a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios un informe que contenga las colocaciones de títulos de deuda interna que fueron sustituidas con los recursos del préstamo.
Asimismo, deberá reportar la reducción del gasto por intereses con este ajuste en las fuentes de financiamiento de las subpartidas de amortización para el 2019 y la proyección para los años de vigencia del préstamo autorizado.
Finalmente deberá informar al Congreso del impacto del préstamo sobre el déficit primario y la deuda global del Gobierno Central.
El préstamo tiene un plazo de amortización de 20 años y un periodo de gracia de 5 años y medio.
En la agenda siguió el segundo debate para el expediente 20.850, que elimina la obligación de los partidos políticos de publicar sus estados financieros auditados y el reporte de contribuyentes o donantes en un medio de comunicación de circulación nacional, cada mes de octubre.
Este proyecto del diputado Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana recibió 45 votos a favor y ninguno en contra.
Aunque se elimina la obligatoriedad de publicar esos reportes en un medio nacional, ésta en realidad se modifica de modo que la obligación sea enviar ambos documentos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para su publicación en el sitio web institucional.
Con ello se pretende garantizar mayor transparencia y un ahorro para los partidos (y por ende al Estado) en los millones que se gastan en publicar esos reportes en papel.
Luego se entró a la agenda de primeros debates, iniciando con el proyecto de ley que modifica el Código Municipal en lo que se refiere al despido con responsabilidad patronal de los funcionarios relacionados con cierre de programas, reducción forzosa de servicios o reorganización integral de las dependencias municipales.
Se trata del expediente 20.968 presentado por la diputada Aracelly Salas del Partido Unidad Social Cristiana en septiembre del 2018 y que recibió 44 votos a favor y 1 en contra, correspondiente el negativo a José María Villalta del Frente Amplio.
Salas presentó este proyecto con aras de agilizar los procesos de cambio organizacional, de modo que el alcalde o alcaldesa pudiera aprobar ajustes menores a procesos de trabajo que ya se encontrasen incorporados a una estructura ocupacional debidamente aprobada por el Consejo Municipal.
Sin embargo debido a protestas de organizaciones sindicales quienes acusaron que la misma era una licencia para que el alcalde despidiera libremente a funcionarios municipales, la redacción del proyecto fue modificada.
El texto aprobado dispone que el estudio técnico necesario para fundamentar la reducción del personal deberá considerar las propuestas de la alcaldía respecto a los ajustes y modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción, o los derechos fundamentales y estatutarios de los funcionarios.
Además de la eliminación de la prohibición al trabajo nocturno de las mujeres, el Plenario le dio primer debate al proyecto que reforma el Código de Familia para disponer que tanto el hombre como la mujer son igualmente responsables de sufragar las necesidades y los gastos de la familia, respondiendo cada uno de acuerdo con sus aptitudes, posibilidades e ingresos económicos.
Esta iniciativa se tramita bajo el expediente 21.296 y fue ideada por la diputada María Vita Monge del Partido Unidad Social Cristiana en marzo de 2019.
47 votos diputados votaron a favor y ninguno en contra, por lo que queda listo para su votación final en segundo debate la próxima semana.
Con la reforma se pretende eliminar la disposición históricamente anacrónica que señala que el hombre es el principal responsable de sufragar las necesidades y gastos de la familia, dejando de lado a la mujer. También se establece que es obligación de ambos cónyuges compartir el trabajo doméstico, de cuido y la responsabilidad parental sobre los hijos y familiares dependientes.
El cónyuge que desempeñe exclusivamente o en una mayor proporción que el otro el trabajo doméstico no remunerado en el hogar y al cuidado de los hijos o familiares dependientes, tendrá derecho a que dichas labores se estimen como su contribución económica al sostenimiento del hogar en la proporción correspondiente.
Las mismas disposiciones serán aplicables para las uniones de hecho.
Finalmente se votó en primer debate el proyecto de ley que autoriza el otorgamiento de contratos o concesiones para la prestación de servicios no esenciales en las áreas silvestres protegidas del país.
Este es el expediente 21.021 propuesto por el diputado José María Villalta en octubre de 2018 y recibió 45 votos a favor y ninguno en contra.
La iniciativa define "servicios no esenciales" como los estacionamientos, servicios sanitarios, administración de instalaciones físicas, servicios de alimentación, tiendas, construcción y administración de senderos, administración de visitas y otros que defina el Consejo Regional del Área de Conservación, mediante un estudio técnico que lo justifique.
Estas concesiones y contratos podrán otorgarse única y exclusivamente a asociaciones de desarrollo comunal, cooperativas, microempresas inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio u organizaciones sociales nacionales sin fines de lucro que tengan objetivos de apoyo a la conservación de los recursos naturales, que incorporen la gestión ambiental dentro de los procesos y área concesionada y con su personería jurídica vigente; siempre que se encuentren integradas y controladas directamente por habitantes de las comunidades ubicadas en la zona de influencia de la respectiva área silvestre protegida.
Proyecto discriminatorio sobre 'uniones civiles' fue abortado
Conforme fueron expuestos los detalles discriminatorios del anteproyecto de ley para autorizar las "uniones civiles" entre personas del mismo sexo y así "evitar" el matrimonio igualitario, las firmas de respaldo que tuvo —que en su momento llegaron a 25— fueron retiradas poco a poco.
Por ese motivo la diputada María Inés Solís, quien reconoció que el borrador salió de su despacho, anunció este martes que el proyecto no verá la luz.
En declaraciones a la prensa la jefa de la Unidad Social Cristiana confirmó que tomó la decisión porque la iniciativa "perdió toda la viabilidad política que podía tener en algún momento".
Solís desacreditó las justificaciones de algunos diputados para no apoyar el proyecto debido a errores de forma y fondo en el borrador, afirmando que para eso el proceso de construcción de la ley permitiría arreglar ese tipo de cosas e inclusive, dado que el proyecto no se había presentado, se le podían hacer modificaciones antes de ingresarlo a corriente legislativa.
La decisión es una decisión de viabilidad política, no tiene apoyo y al no tener apoyo no voy a traer aquí un proyecto que nos va a generar más trabajo en la Asamblea Legislativa cuando podría yo rendir ese trabajo.
La socialcristiana afirmó que la decisión de sus compañeros de fracción Erwen Masís, Pablo Abarca y Aracelly Salas de retirar su firma en el anteproyecto es respetable y que estaban en su derecho de hacerlo, sin embargo, recordó que un proyecto previo tramitado en el expediente 20.888 tiene las firmas de 8 de los 9 diputados del PUSC, incluyendo las de quienes ahora renegaron del nuevo proyecto.
En realidad, la iniciativa que se pretendía presentar era una copia casi literal de ese expediente presentado en agosto del año anterior, y el cual el Departamento de Servicios Técnicos, Defensoría de los Habitantes y Tribunal Supremo de Elecciones han dicho que no cumple con los requisitos definidos por la Sala Constitucional en la materia, ni por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Congreso tiene hasta mayo del próximo año para legislar "por las buenas" para que el matrimonio igualitario sea legal en Costa Rica, pues después se anulará la norma legal que actualmente lo prohíbe.
Solís dijo que en adelante no moverá "un dedo más al respecto".
Breves
— La Comisión de Asuntos Económicos acogió un nuevo texto al proyecto de ley que pretende regular las comisiones por uso de datáfonos en Costa Rica. Con la nueva redacción, el Banco Central multará con hasta 8,9 millones de colones al proveedor de servicios que cobre más de los porcentajes permitidos.
— APSE y ANDE, sindicatos de educación, expresaron ante la Comisión de Gobierno y Administración su negativa al proyecto de Ley de Empleo Público, al afirmar que si bien el salario único puede nivelar las remuneraciones e incidir en una mejor competitividad inicial, el mismo podría ser una trampa a futuro respecto al crecimiento de los salarios.
