Este jueves en conferencia de prensa, las autoridades de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) anunciaron que el Tribunal Arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) resolvió, finalmente, dar por terminado el Acuerdo de Empresa Conjunta suscrito entre la institución tica y la asiática China National Petroleum Corporation International Ltda. (CNPCI).

Con esta decisión se ordenó por fin, después de 12 años, la disolución y liquidación de la sociedad SORESCO, S.A.

El resultado del arbitraje fue oficialmente notificado a las partes el pasado lunes 28 de octubre y según informó la oficina de prensa de la institución, los gastos del proceso se dividirán en partes iguales por lo que al país le corresponderá el pago de $440.000. El tribunal además notificó que rechaza cualquier pretensión indemnizatoria de las partes.

Las pretensiones iniciales que tuvieron las empresas quedaron en reserva pues, según aseguró la representante de la Dirección Jurídica, María Fernanda Roldán Vives, el Tribunal ya había fallado respecto a la obligación de éstas de mantener en secreto este aspecto del proceso aunque si bien es cierto la pretensión inicial de Costa Rica que refería a la disolución de la empresa, sí se concretó.

Según el presidente ejecutivo de la institución costarricense, Alejandro Muñoz Villalobos, esta experiencia que ha pasado ya por cuatro administraciones, lo que le deja al país es un "aprendizaje" respecto a los procesos de negociación de este tipo que se realicen en el futuro.

Nos deja a Recope la experiencia de que eventualmente las relaciones de cooperación entre empresas públicas de países amigos, deben establecerse en unos términos en que la flexibilidad de la toma de decisiones sea una característica. Este negocio desde que nació, nació demasiado amarrado a diversas situaciones y si había un conflicto, como lo hubo, era imposible tomar decisiones porque siempre se necesitaba el acuerdo de la totalidad de las partes para que algo sucediera. Si había una persona que no estaba de acuerdo con algo, no era posible realizar nada.

Y bueno, pues parece que esa experiencia será lo único que le quede a Costa Rica pues, de aquella inversión inicial de 100 millones de dólares con las que empezaron las partes (50 millones de dólares suministrados por cada una de las empresas estatales), a Recope solo le quedarán la mitad de los activos posteriores al proceso de disolución que arranca a partir de ahora.

Según el jerarca Muñoz, los activos monetarios con los que actualmente cuenta la empresa, ascienden a 36,2 millones de dólares (según los últimos estados financieros presentados por la empresa) y a esos deben agregársele los activos materiales de infraestructura y compras de equipo realizados que habrán de dividirse en partes iguales en el proceso posterior.

Roldán aseguró que lo que sigue ahora es que se convoque a una asamblea de accionistas donde se tome un acuerdo de disolución y ahí se nombre al liquidador que se encargue del pago de deudas, de la liquidación de los empleados que le quedan a la empresa y demás trámites pertinentes.

A la fecha, y como las empresas no se habían puesto de acuerdo para liquidar por negativa de la compañía china, Soresco seguía operando pasivamente (pues no tenía funciones) y mantenía a su haber 8 empleados.

La CCI no puso plazo a la disolución de la empresa pero Recope espera que el proceso se realice a la brevedad. Además, Alejandro Muñoz señaló que este fallo "no afecta en ninguna forma", las relaciones bilaterales con la República Popular de China.

Proceso de 12 años

El proceso chino-costarricense de SORESCO arrancó en 2007 cuando la administración Arias Sánchez anunció el proyecto común entre las entidades gubernamentales de ambas naciones. El objetivo era el desarrollo del Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Moín que se consolidó en un contrato firmado en noviembre del 2008 y de ahí, un año después en diciembre de 2009, las partes fundaron Soresco. No obstante, esa refinería nunca se concretó.

En 2013 la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el proceso que ponía en duda la independencia operativa de la empresa a futuro, entre ellas la falta de factibilidad financiera del proyecto.

Por ello en junio de ese año el ente contralor decidió no avalar el estudio de factibilidad presentado por la empresa, argumentando que la firma encargada, la China Haunqiu Contracting and Engineering Corporation (HQCEC), tenía un nexo económico de esta corporación con la empresa CNPCI, lo cual ponía en entredicho la objetividad del proceso.

A partir de entonces Recope trató, fallidamente, de resolver la disputa y como este objetivo no se concretó nunca, finalmente en julio de 2017 se originó la demanda del arbitraje interpuesta en la Cámara Internacional de Comercio por la transnacional CNPCI y cuyo fallo llegó, por fin, esta semana.

Proceso en la fiscalía

En noviembre del año anterior, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción detuvo a cinco personas como parte de la investigación seguida por el caso "RECOPE-SORESCO", acusándolas del presunto delito de peculado y de una mala administración de fondos públicos en este caso que pudo haber generado daños económicos al Estado costarricense.

"Las personas detenidas son de apellidos Trejos Gómez, Naranjo Sánchez, Edward Early, Ulate Padget y Xu, este último de nacionalidad china", dijo la Fiscalía en ese momento. Todos eran funcionarios de la empresa SORESCO.

Este jueves el presidente ejecutivo de Recope, Alejandro Muñoz, declinó referirse al proceso señalando que sigue en sede judicial.