Algunos diputados creen que pueden impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo

¿Politiquería, estupidez o ignorancia? Quizá las tres juntas.

Un grupo de diputados ha plasmado su firma a un anteproyecto de ley que, según ellos, pretende impedir el reconocimiento de la figura del matrimonio para las parejas del mismo sexo en Costa Rica, contrariando así resoluciones judiciales de la Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También podríamos decirlo como: 26 diputados cuyas remuneraciones mensuales le cuestan a los contribuyentes 104 millones de colones y a eso debemos sumarle cerca de 150 asesores en su conjunto, carecen de las nociones básicas de comprensión de lectura y tienen tan poca vergüenza que usan la siguiente frase para justificar un proyecto que pretenden convertir en ley para fomentar la desigualdad y la discriminación:

No es tolerante quien no tolera la intolerancia
—Jaime Balmes, fundador del Partido Monárquico Nacional, España.

Así como lo lee. Esos diputados pusieron su firma para un proyecto cuya exposición de motivos inicia con una frase que dice que no tolerar a los intolerantes (ellos) lo vuelve a uno intolerante.

En primer lugar hay que señalarle a los diputados que no es necesario irse hasta 1810 para leer de alguien que haya escrito sobre la tolerancia. En 1945, el filósofo austríaco Karl Popper describió la Paradoja de la Tolerancia:

La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aun a aquellos que son intolerantes; si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto como ellos, de la tolerancia.
—Karl Popper 

Dada la ausencia de capacidad de comprensión de lectura que evidencian estos diputados, estamos seguros que esta explicación gráfica hecha por Pictoline los ayudará a ubicarse.

No hemos pasado de la página 1 de la justificación de motivos del proyecto, cuya versión actual consta de 108 páginas en total. No lo hacemos porque es imposible dejar pasar una serie de falacias externadas por los impulsores de esta iniciativa en dicha justificación.

AFIRMACIÓN 1. Afirman que con el proyecto se pretende regular las uniones civiles entre personas del mismo sexo con el objeto de garantizar, "-sin discriminación-", el reconocimiento de sus derechos personales, sociales y patrimoniales que se originen a partir de su decisión de convivir públicamente.

• FALSO: Dejando de lado por un momento el hecho de que se pretende crear una figura jurídica distinta para reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo, solo por el hecho de no querer usar la palabra "matrimonio", el proyecto de ley dispone que si los "convivientes civiles" tuviesen menores a su cargo y uno de ellos muriera, cualquier "persona interesada" podrá solicitar a un juez que los menores pasen a estar bajo la guardia, crianza, custodia y educación de sus padres biológicos, abuelos, tíos o cualquier otro familiar hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, y el Patronato Nacional de la Infancia en caso de inopia.
  Léase: Si alguno de los "convivientes civiles" hubiese adoptado y muere, en lugar de mantener la custodia sobre su pareja que aún vive, se le podrá quitar. Tal disposición no existe para las parejas heterosexuales que adopten (porque a ellas sí se les reconoce el derecho a adoptar como pareja), así que se trata de una distinción creada únicamente para parejas del mismo sexo.
  El proyecto remata con su fondo discriminatorio al plasmar en la exposición de motivos que el derecho a adoptar se mantiene como un derecho para cónyuges o convivientes de hecho, no para "convivientes civiles" que es la figura que aplicaría para parejas del mismo sexo, alegando que "no tienen por qué ser considerados como derechos universales de la población LGBTI".
  Si estas manifestaciones no son lo suficientemente claras de un trato discriminatorio, la siguiente expresión referida a la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo lo evidencia mejor:

Así las cosas, en esta contienda entre los deseos de dos personas del mismo sexo y las necesidades de todos los niños, el legislador no tiene porqué permitir que los niños salgan perdiendo.

Otro ejemplo del fondo discriminador del proyecto es que si uno de los "convivientes" es extranjero no podrá optar por la residencia o la naturalización costarricenses gracias a su relación con un costarricense.

AFIRMACIÓN 2: El proyecto está "ajustado al mandato judicial" emanado tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Opinión Consultiva, como de la Sala Constitucional en su última sentencia dictada sobre ésta materia.

• FALSO: La Corte Interamericana de los Derechos Humanos dijo explícitamente en el párrafo 224 de la Opinión Consultiva OC 24/17 que crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre, carece de cualquier sentido salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como señal de subestimación. Según explicó la Corte tal diferencia daría a entender que existe el matrimonio para quienes, según el estereotipo de heteronormatividad, son considerados "normales" y otra figura con efectos idénticos pero nombre distinto para los "anormales" según ese estereotipo.

Para la Corte no es admisible la existencia de dos clases de uniones solemnes para consolidar jurídicamente la comunidad de convivencia heterosexual y homosexual, ya que se configuraría una distinción fundada en la orientación sexual de las personas que resultaría discriminatoria, y por lo tanto, incompatible con la Convención Americana.

AFIRMACIÓN 3: El Poder Legislativo tiene un derecho originario y una legitimación constitucional para regular éste tema y definir -en representación del soberano- cuál es el verdadero grado de evolución jurídica y legislativa en que se encuentra nuestro país respecto del resto del Continente. Al rechazar el matrimonio entre personas del mismo sexo, los suscritos diputados le señalan a la CIDH y al mundo que Costa Rica aún se encuentra en un proceso de evolución jurídico y legislativo distinto al estado de evolución judicial que hoy refleja ese órgano de justicia internacional e incluso nuestra propia Sala Constitucional, que cómo se indicó antes, hasta hace pocos años aún consideraba como legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo.

• FALSO: Existe una sentencia constitucional vinculante para la Asamblea Legislativa que establece las pautas que dicha normativa debe seguir para dar cumplimiento a lo ordenado. Más que falsa, la afirmación de los diputados es peligrosa porque pretende dar a entender que independientemente de un mandado judicial por sentencia constitucional (firme y además inapelable), se puede emitir una legislación para desconocer dicha sentencia con la única justificación de que el Congreso tiene ese "poder", el cual no tiene dado el carácter erga omnes que tienen las sentencias de la Sala Constitucional.

AFIRMACIÓN 4: La CIDH (en realidad la Corte IDH) tuvo en su momento interpretaciones distintas de los instrumentos internacionales a su cargo respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo.

• FALSO: La Corte Interamericana se pronunció hasta la consulta formulada por Costa Rica sobre la protección que la Convención Americana da a las parejas de personas del mismo sexo.

AFIRMACIÓN 5: La resolución de la Sala Constitucional y de la Corte IDH desconoce la posibilidad del “margen de apreciación” que nuestro país y, en principio, cualquiera de los Estados miembros de la Convención Americana, podría reservarse al momento de interpretar las disposiciones de éste instrumento internacional, tal como lo han hecho otros países y ha sido respetado también por otros órganos de justicia internacional en materia de Derechos Humanos

• FALSO: La Convención Americana establece en el Artículo 75 que ese instrumento internacional sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969. Esa Convención establece que la reserva debe ser hecha por el Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él; cosa que Costa Rica no realizó con ninguna de las disposiciones del Pacto de San José.

AFIRMACIÓN 6: Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y tiene una competencia especializada aplicable a los Estados que son parte de esa misma Convención y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el contenido material de estos instrumentos internacionales no difiere en el fondo de la disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos.

• FALSO: Sí existe una diferencia fundamental entre la Convención Europea de Derechos Humanos y el Pacto de San José que explica la diferencia en el tratamiento judicial que en su momento hicieron los tribunales en la materia: La convención europea expresamente faculta a los países a regular vía ley la figura del matrimonio, sin embargo, la Convención Americana señala que el matrimonio es un derecho y remata con que las leyes internas no pueden afectar el principio de no discriminación.

AFIRMACIÓN 7: ¿Por qué razón una Ley de Unión Civil en Costa Rica, sí debería considerarse discriminatoria, si en el fondo no lo es?

• SÍ LO ES, (párrafo 224 de la OC 24/17) porque la única fundamentación para dar un tratamiento diferenciado es el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como señal de subestimación.

Para la Corte no es admisible la existencia de dos clases de uniones solemnes para consolidar jurídicamente la comunidad de convivencia heterosexual y homosexual, ya que se configuraría una distinción fundada en la orientación sexual de las personas que resultaría discriminatoria, y por lo tanto, incompatible con la Convención Americana.

AFIRMACIÓN 8: Esta iniciativa responde a la obligación que tiene el Estado de crear un régimen jurídico para regular la unión entre personas de un mismo sexo; obligación que debe cumplir según los requerimientos dictados por la CIDH y la Sala IV, es decir procurando que sus derechos civiles, patrimoniales y económicos puedan tener consecuencias jurídicas similares a las del matrimonio, pero sin necesidad de emplear esta figura, pues aplicando el “margen de apreciación” es posible reservar esa figura para para regular solamente las relaciones heterosexuales monogámicas dentro del ordenamiento jurídicos costarricense.

• FALSO: Ni la Corte IDH ni la Sala Constitucional avalaron la creación de una figura diferenciada del matrimonio para dar derechos a las parejas del mismo sexo. Por el contrario, ambas resoluciones lo prohíben por ser una forma de discriminación.

Copia de otro proyecto y también inconstitucional

Tal y como lo reconocieron quienes lo impulsan este proyecto es casi una copia exacta del expediente 20.888 presentado en julio de 2018 por seis de los nueve diputados que conforman el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La intención de presentarlo nuevamente y con más firmas es "aprovechar" el nuevo reglamento legislativo en lo que a tiempos más cortos para su tramitación se refiere.

Sin embargo, el anterior proyecto que fue asignado a estudio de la Comisión de Derechos Humanos fue alertado de inconstitucional por parte del Departamento de Servicios Técnicos, ente que opera como asesor legal de los diputados.

Según el informe en poder de Delfino.cr, el proyecto no da cumplimiento a lo ordenado por la Sala Constitucional en la sentencia 12782 del 2018, ya que esa resolución ordena dar acceso jurídico al matrimonio a las parejas de personas del mismo sexo, no la creación de una figura diferenciada denominada "uniones civiles".

"Esta asesoría entiende que el alcance de la precitada sentencia va en dirección, no de la unión de hecho, sino del acceso jurídico al matrimonio, particularmente el civil, pues justamente las personas accionantes en su momento atacaron las normas relativas al impedimento del matrimonio para ese segmento establecido en el Código de Familia, situación que encuentra espaldarazo, no solo del voto transcrito, sino que este a su vez, fue basado en los alcances de la OC 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; es decir, queda claro, que el máximo Tribunal doméstico en materia de constitucional, como la máxima Corte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, se han decantado por la aceptación de la figura del matrimonio, y, agregamos, si también alguna pareja convive de hecho, no es excluyente reconocer en el ordenamiento jurídico esa otra figura sin discriminación, pues también es una realidad, tal y como existe hoy para las parejas heterosexuales", dice el documento que fue puesto en conocimiento de los diputados desde agosto del año pasado.

Por si a esas alturas los diputados no habían leído la Opinión Consultiva, el informe técnico legal recuerda que lo dicho por la Corte IDH fue lo siguiente:

De acuerdo a los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la Convención es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales.

Politiquero, con fines electorales

Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Enrique Sánchez, el proyecto de ley claramente tiene tintes politiqueros y pretende volver a instrumentalizar a la población LGBTI de cara a las elecciones municipales de 2020, ya que el plazo de 18 meses dado por la Sala Constitucional para que el Congreso cumpliera con lo ordenado en 2018 vence en mayo de 2020.

Sánchez recordó que durante el trámite de consultas del proyecto inicial, el Tribunal Supremo de Elecciones le recordó a los diputados que generar un trato diferenciado, imposibilitando a las parejas homosexuales casarse, es contrario al Derecho de la Constitución.

Lo mismo ocurrió con la Defensoría de los Habitantes, quien dijo que una legislación en el sentido en que se estaba formulando implicaría la violación por parte del Estado del derecho a la igualdad y constituiría un acto de discriminación.

El listado de diputados firmantes hasta ayer era el siguiente:

1. Dragos Dolanescu (PRSC)
2. Erick Rodríguez Steller (Independiente)
3. María Inés Solís (PUSC)
4. Pedro Muñoz (PUSC)
5. Pablo Heriberto Abarca (PUSC)
6. Shirley Diaz Mejía (PUSC)
7. Rodolfo Peña Flores (PUSC)
8. Erwen Masís Castro (PUSC)
9. Aracelly Salas Eduarte (PUSC)
10. Oscar Cascante Cascante (PUSC)
11. Otto Roberto Vargas (PRSC)
12. Patricia Villegas Álvarez (PIN)
13. Walter Muñoz Cespedes (PIN)
14. Jonathan Prendas Rodriguez (Independiente)
15. Ivonne Acuña Cabrera (Independiente)
16. Marulin Azofeifa Trejos (Independiente)
17. Ignacio Alpizar Castro (Independiente)
18. Nidia Cespedes Cisneros (Independiente)
19. Luis Antonio Aiza Campos (PLN)
20. Ana Lucía Delgado Orozco (PLN)
21. David Gourzong Cerdas (PLN)
22. Luis Fernando Chacón Monge (PLN)
23. Carmen Chan Mora (Independiente)
24. Daniel Ulate Valenciano (PLN)
25. Welmer Ramos González (PAC)

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Este martes se aprobó en segundo debate el expediente 20.997 'Ley para incorporar el acceso a la información del archivo criminal a los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública', con 45 votos a favor y ninguno en contra.

Tal y como su nombre lo dice, la intención es que la policía preventiva pueda acceder al archivo criminal del OIJ, excluyendo aquella información no confidencial.

También se permitirá el acceso a aquellas instituciones que regulan temas de seguridad nacional y la oficina del Tribunal Supremo de Elecciones encargada de aprobar los trámites de naturalización costarricense, con el fin de determinar si los consultados mantienen expedientes criminales activos, datos de identificación contenidos en la reseña policial, fotografías y asuntos pendientes como capturas de personas, de vehículos o presentaciones.

Este proyecto tenía criterio negativo de la Corte Plena, por lo que para aprobarse se requerían al menos 38 votos a favor, los cuales fueron ampliamente superados.

Finalmente se aprobó en primer debate el expediente 20.815 'Reforma del artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional', para establecer que será obligatorio que las actas de las sesiones de las Juntas Directivas de los bancos del Estado deban consignar de manera literal y exacta lo expresado por sus miembros.

Con ello se pretende evitar que se repita lo acontecido con las actas del Banco de Costa Rica relacionadas con el Cementazo.