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— En momentos en que se discute el proyecto para reformar la legislación sobre huelgas es importante recordar que la situación actual de Japdeva es resultado, en parte, de la huelga de Japdeva de finales de 2014 en contra de la concesión de la Terminal de Contenedores a la empresa APM Terminals.

— Esa huelga se extendió por 43 días hasta que el Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera —encabezado en esta negociación por Ann Mckinley Meza, entonces presidenta ejecutiva de Japdeva— acordó con el sindicato, entre otras cosas, la compra de varias grúas para la renovación del puerto de Moín a cargo de Japdeva.

Dato D+: El ministro de Trabajo durante la huelga de Japdeva de 2014, era el actual ministro de la Presidencia Victor Morales Mora.

—  Ese acuerdo derivó en la compra de dos grúas Post-Panamax, que se efectuó con los $16 millones que había asignado el Gobierno de Laura Chinchilla para la liquidación de 900 funcionarios de la empresa, justamente el dinero que ahora Japdeva no tiene para liquidar a los casi 800 empleados que le sobran en planilla...

— Lo demás, es historia conocida: las grúas llegaron a Limón hasta agosto del 2017, empezaron a ser utilizadas —después de múltiples fallos— en febrero del 2018 y para diciembre del 2018 operaban a media capacidad, para que en marzo de 2019 el 70% de la actividad portuaria del puesto pasaba a manos de APM Terminals y a finales de ese mes Greivin Villegas Ruiz, entonces presidente ejecutivo de Japdeva, anunciará la inminente quiebra de Japdeva.

— A pesar de que el Gobierno cambio la cabeza de Japdeva y trajo a Andrea Centeno Rodríguez con la consigna de “estabilizar a la institución, estructurar nuevos negocios que le brinden sostenibilidad financiera y adaptar a Japdeva a la nueva etapa de Limón tras el cambio del modelo portuario” a la jerarca no le quedó más que reconocer la precaria situación de la institución y solicitar, junto al Ejecutivo, un presupuesto extraordinario de ₡5.700 millones para mantener a flote por unos meses a Japdeva y un proyecto para poder reducir la planilla a solo 400 funcionarios.

— El primer proyecto ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa y recibió el visto bueno de la Contraloría General de la República, lo que solucionaría los problemas de pagos de planilla que tuvo la primera quincena de agosto, hasta que se aprueba el proyecto de reducción de la planilla.

— Mientras que el proyecto 21.426 para la “modernización de Japdeva” —entiéndase el recorte de planilla que se sabe desde el 2011 que se debe hacer— todavía está en la Asamblea Legislativa, donde el Plenario acordó sesionar de forma extraordinaria hasta el día de mañana.

— Dicho proyecto no ha estado libre de cuestionamientos, ya que la Defensoría de los Habitantes manifestó su preocupación por su contenido que incluye a futuro excepciones a los procedimientos ordinarios de concurso previstos en el marco normativo general de la contratación administrativa. Además, el proyecto no incluye una estimación del costo de liquidación para el Estado ni la fuente de los recursos...

— La Asamblea se encuentra todavía conociendo mociones de fondo al proyecto, por lo que se esperaría que las dudas de la Defensoría sean atendidas por el Plenario en el texto final. Justamente una moción aprobada el día de ayer establece que los trabajadores que deban ser despedidos y no se acojan a las condiciones de salida que define el proyecto en el plazo de un mes después de la aprobación del proyecto, serán despedidos sin los beneficios adicionales que el mismo establece.

— Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) se ha manifestado en contra del proyecto de 21.426 y del recorte masivo de planilla que conllevaría pero no ha dado ninguna solución al problema, más que quitarle la concesión a APM Terminals y devolverle toda la carga de trabajo a Japdeva...

Esta nota es parte del Reporte: Huelga contra regular la huelga y lo que Japdeva nos enseña de... las huelgas mal negociadas.