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— Las críticas desde diferentes sectores del país por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la CCSS y los sindicatos para poner fin a la huelga no pararon el día de ayer.
— La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) ofreció una conferencia de prensa en la cual pidió al presidente, Carlos Alvarado Quesada, que anule el acuerdo tomado el día del lunes y que valore la continuidad del presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya Hayes.
— Gonzalo Delgado Ramírez, presidente de la UCCAEP, aseguró que según su criterio, el acuerdo debe pasar todavía por la aprobación de la Junta Directiva de la CCSS y que ahí —donde la UCCAEP tiene 3 representantes—todavía se podría anular.
— Sobre este tema, la representante de la UCCAEP ante la Junta Directiva de la CCSS, Marielos Alfaro Murillo, reconoció que, a raíz de que los sindicatos expresaron el jueves 7 de agosto ante la Junta de la CCSS que estaban dispuestos a cerrar los servicios de emergencia de la CCSS, se dio la directriz de que se terminara la huelga, pero nunca se aprobó que el levantamiento fuera a cualquier costo. Reiteró que el acuerdo del lunes no fue una decisión de la Junta Directiva.
— Los empresarios de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), también se unieron a condenar el acuerdo y señalaron su preocupación de negociar con “grupos que utilizan la anarquía, como medio para evitar las reformas que el país urge y se promueve así un efecto dominó, para que funcionarios disconformes negocien excepciones a la regla fiscal mediante esta vía”.
—Por su parte, Macaya Hayes trató de defender su gestión y el acuerdo en el programa Hablando Claro, señalando que la CCSS había sido la primera institución en aplicar aspectos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tales como reducir la cesantía de 20 a 8 años, ajustar las anualidades e incentivos a futuro y aplicar las rebajas a los salarios por el impuesto de Renta. Subrayó que únicamente en el cálculo de los incentivos salariales a futuro es que hay una diferencia (que según el acuerdo terminarán por resolver los tribunales).
— El tema que Macaya parece no comprender, es que nadie le tiene que dar ningún reconocimiento por cumplir lo que la ley estableció, ya que ese es su deber como funcionario público, mientras que, con las condiciones que se negociaron, la mayoría de las críticas que ha recibido el acuerdo sí son de recibo...
—Macaya enfatizó en que un factor determinante en la huelga fue la alta participación por parte de médicos especialistas, lo que provocó que tuviera un impacto más grande en menor tiempo. Resaltó que las funciones de los especialistas son casi imposibles de sustituir por la naturaleza del trabajo que realizan.
— Al final, el jerarca de la CCSS confirmó que para reponer las citas perdidas será necesario que los funcionarios trabajen horas extra, que además deberán ser pagadas por la CCSS. Así como lo oyen, tras de que se les pagó la semana de huelga por no trabajar, ahora se les tendrán que pagar las horas extra para que se pueda recuperar el tiempo perdido, porque ni eso pudieron conseguir en el acuerdo… #Plop
— Por su parte el presidente Alvarado también salió a la defensa del acuerdo en un mensaje —cuyo resumen se convirtió en cadena nacional—, asegurando que su trabajo es garantizar el bienestar de toda la ciudadanía y que tuvo que sopesar la salud y la vida de todos los costarricenses.
— El presidente fue enfático en señalar que las condiciones de negociación no eran favorables para el Gobierno, ya que la declaratoria de ilegalidad de la huelga por los tribunales puede tardar varios meses, y señaló que los partidos de oposición que ahora critican el acuerdo son responsables de la situación actual por haber finalizado las huelgas de la CCSS del pasado con incentivos salariales, origen de la situación actual.
— Las declaraciones del presidente generaron la respuesta del presidente del Congreso, Carlos Ricardo Banavides Jiménez, quién le recordó a Alvarado que en el Gobierno de Laura Chinchilla Miranda ellos vetaron la Reforma Procesal Laboral, y que fue Luis Guillermo Solís Rivera el que levantó ese veto.
— Ante las declaraciones de Benavides, hay que recordar que ese levantamiento del veto fue anulado por la Sala Constitucional y la Reforma Procesal Laboral aprobada finalmente fue producto de otro proyecto que contó con el apoyo de diputados del PLN, PAC, FA y PUSC, así que en realidad la responsabilidad de ese cambio es de todos los partidos políticos...
— Recordemos también que la Reforma Procesal Laboral eliminó la posibilidad de cobrarle el salario a los funcionarios en huelga de forma retroactiva a partir de la declaratoria de ilegalidad, como demostró la huelga del año pasado, así que el Gobierno se quedó sin esa carta para negociar. Así las cosas los sindicatos médicos —en una huelga evidentemente ilegal— podían continuar su protesta sin miedo a ninguna represalia salarial. Justamente por eso el presidente solicitó a la Asamblea Legislativa que apruebe, lo más pronto posible, el proyecto que reforma el tema de huelgas (precisamente impulsado por Benavides).
— A pesar de que el Gobierno tenía limitadas las opciones para negociar limitadas, lo cierto es que no hicieron uso de todos sus recursos disponibles, entre ellos, la solicitud de declaratoria de medidas cautelares al juzgado de trabajo que a la fecha sigue sin resolver la ilegalidad de la huelga y la declaratoria de emergencia para contratar personal que supliera a los huelguistas.
— Los juzgados de trabajo y la propia OIT han dicho que la prohibición de huelga temporal sería aceptable en situaciones de emergencia y cuando dicha limitación sea proporcional. ¿Es desproporcional que menos de 13.500 funcionarios perjudiquen a más de 120 mil personas en ocho días? Se las dejamos picando.
— Adicionalmente, hay que señalar que el Gobierno ha hecho el problema más grande por tratar de vender la finalización de la huelga como una victoria —por no haber otorgado nuevos incentivos— cuando en realidad fue una clara derrota para el Ejecutivo y una bofetada para el resto del país.
Hidden Track: La ministra Roció Aguilar Montoya descarta renunciar tras acuerdo del Gobierno con la CCSS.
