El Plenario aprobó en primer debate el expediente 21.303 denominado Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, uno de los requisitos para el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

El visto bueno fue unánime de los 52 presentes al momento de la votación, luego que durante varias horas se discutieran y votaran mociones de reiteración presentadas por diputados que, habiendo presentado mociones de fondo en comisión, las mismas les fueron rechazadas.

Aunque no ha sido de mucho "ruido" en la prensa, la importancia que reviste el proyecto se evidencia al ver que en total se presentaron 324 mociones de fondo, de las cuales solo 32 fueron aprobadas por la Comisión. Por ello, más de un centenar de mociones fueron reiteradas en Plenario pero gracias a acuerdos entre las fracciones, solo tres se aprobaron y la mayoría restante fueron retiradas por sus proponentes.

¿En qué consiste este proyecto? Pues en darle las herramientas necesarias a la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) para que verdaderamente cumpla su función de promover la competencia y combatir los monopolios en el país.

Para ello, se le otorga personalidad jurídica instrumental, independencia administrativa y presupuestaria, potestad de contraer actividad contractual, administrar sus recursos y su patrimonio; y suscribir contratos y convenios con entidades públicas y privadas nacionales o internacionales.

Para financiar las nuevas responsabilidades otorgadas, COPROCOM tendrá un presupuesto constituido por un nuevo destino específico que saldrá del Presupuesto Nacional: no menos de 2368 millones de colones por año.

Otra de las novedades es que la COPROCOM podrá imponer fuertes multas a empresas que incurran en prácticas desleales, las cuales serían de hasta el 10% de su volumen anual de negocios; de modo que sea una sanción disuasoria mas no confiscatoria.

De igual forma, se dividen las faltas en leves, graves y muy graves, con la respectiva multa para cada una.

Entre las leves se tipifica brindar información incompleta o sin justificación a las autoridades; notificar de operaciones de concentración económica de forma tardía, o entorpecer las investigaciones que se permiten con la ley. Ello será castigado con multa de entre 0,1% al 3% del volumen de negocios. 

Entre las faltas graves se encuentra negarse a dar información a las autoridades competentes sin razón justa, o darla falseada, alterada o de forma engañosa; así como impedir investigaciones o inspecciones por parte de las autoridades de competencia. Se castigará con multa de entre 0,1% al 5% del volumen de negocios.

Finalmente, las faltas muy graves incluyen prácticas monopolísticas relativas y absolutas, incumplir resoluciones de las autoridades de competencia, incumplir medidas cautelares, entre otras. La multa será de hasta el 10% de su volumen de negocios.

Otra posible sanción es la inhabilitación para contratar con el Estado en el caso de personas jurídicas, o multas de hasta 288 millones de colones para personas físicas.

Esta nota forma parte del reporte de Barra de Prensa del 26 de agosto de 2019 titulado "Comisión rechaza permitir huelgas en servicios esenciales y en su lugar amplía lista de prohibiciones"