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Durante el mes de junio aumentaron las protestas en Hong Kong, en demanda del retiro de un proyecto de ley sobre extradición —impulsado por Carrie Lam, jefa del Gobierno autónomo, que permitiría al gobierno, controlado por Pekín, enviar a China a dirigentes opositores—, de una reforma democrática del sistema electoral, para garantizar la participación ciudadana en la elección de los gobernantes —independientes del régimen de Xi Jinping— y la renuncia de la mandataria. Las manifestaciones alcanzaron su punto máximo con la ocupación del parlamento, el 1 de julio, por el movimiento de los “Cascos Amarillos” (los herederos de la “Revolución de los Paraguas Amarillos”, que tuvo lugar en 2014 en demanda de mayores libertades y respeto a los derechos democráticos que disfrutó el territorio bajo la Corona Británica).

Las manifestaciones llegaron a reunir en alguna oportunidad a dos millones de personas. Y la toma del edificio parlamentario no estaba en los planes de los dirigentes, sino que resultó en un acto espontáneo ante la frustración, por la falta de atención a las demandas populares. Pero el Gobierno de Lam —quien antes de asumir el cargo era una firme defensora de las libertades civiles y políticas en Hong Kong— está atado de manos, porque este tipo de protestas preocupan al régimen de Xi; pues el temor es que sectores disconformes en China decidan recurrir a esa vía. Recuérdese los eventos del 15 de abril al 4 de junio de 1989 en la Plaza Tiananmén (que han sido borrados de la historia china). Por ello, Pekín mantiene un monitoreo permanente, y para ello instaló en la zona fronteriza de Shenzhen, zona económica especial limítrofe con Hong Kong. En este momento a Xi lo que menos le conviene es un frente de inestabilidad, por un posible efecto dominó.

Como era de esperar la Policía de Hong Kong inició la detención de dirigentes por las protestas de la semana pasada, acusándolos de tenencia de armas ilegales, reunión ilegal y asalto a los cuerpos policiales, entre otros delitos. Sin embargo, la ciudadanía ya anunció que continuará con las movilizaciones pacíficas para que liberen a los detenidos y apoyar a los jóvenes manifestantes; porque consideran que las demandas son legítimas.

Pero el asunto no se limita a una cuestión doméstica, sino que evolucionó hacia un enfrentamiento diplomático entre China y el Reino Unido. Londres recordó al Gobierno chino que sigue vigente el acuerdo de 1997, mediante el cual Hong Kong regresó a control de Pekín, pero con la condición de que hasta el año 2047 se garantizarían las libertades civiles y políticas, así como la elección de las autoridades administrativas; es decir, un régimen autónomo. China adoptó el denominado “un país dos sistemas”, que consiste en una tesis china que en un país pueden operar dos sistemas económicos y políticos. Sin embargo, Pekín interpreta que eso funciona solo como un lema, porque no puede permitir ningún tipo de libertades civiles y políticas a la ciudadanía; por eso lo utiliza a su conveniencia y advierte que se trata de asuntos internos, desconociendo el acuerdo sino-británico. Mientras que el Gobierno inglés considera que, amparado en los términos del tratado, puede imponer sanciones a Pekín. Este enfrentamiento diplomático Pekín-Londres agrega más tensiones al ya frágil escenario internacional. Al mismo tiempo que repercute en otros puntos álgidos como Taiwán; porque el plan del Gobierno de Xi es que opere ese mismo esquema para Taipéi, a lo cual se opone la mayoría de la ciudadanía taiwanesa. Por ahora, se trata de un nuevo frente exterior para Pekín, a lo cual no está acostumbrado y no esperaba antes de 2025, cuando confía haber concluido la reforma de los asuntos militares y consolidado su poderío como potencia regional, para lanzarse a la conquista del mundo.