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— Es harto conocido por la ciudadanía que la movida “se van todos” que aplicó la administración Solís Rivera con la junta directiva del BCR en medio de El Cementazo estuvo supuestamente amparada en un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras que reveló lo que era ya por todos sabido: la junta directiva estaba dividida.
— Ante esta situación el Gobierno optó por una salida olímpica: suspender a todos los directores, un gesto que de “salomónico” tenía poco y que en este Reporte cuestionamos por razones obvias pues básicamente el Consejo de Gobierno decidió “equiparar” la sanción en vez de individualizar responsabilidades como correspondía.
— Cuando es claro, público, notorio y evidente que existía un grupo de directores tomando medidas para investigar lo que estaba sucediendo y el Gobierno decide pasarles la podadora el mensaje que se envía a la ciudadanía es muy preocupante (imagínese que a usted lo consideren parte del problema por querer solucionar el problema y lo liquiden en el acto). Sin embargo, el discurso oficial siempre ha sido el mismo: se solicitó la renuncia a los directores con base a lo recomendado por la SUGEF.
— El problema ahora es que si bien la SUGEF sí dio a entender que la elevada conflictividad en la jerarquía del BCR era de alta preocupación y que era necesario tomar medidas jamás sugirió remover o quitar a la junta directiva. Esto lo vino (¡finalmente!) a confirmar el propio exjerarca de la institución, Javier Cascante Elizondo, quien fue interrogado en el Congreso este martes y no pudo ser más claro: “no recomendamos la remoción de nadie”.
— Cascante también dijo que no era tarea de la SUGEF hacer esa sugerencia pero lo cierto es que de hecho, el Gobierno no puede remover a un director sin fundamento dado por la propia SUGEF. Así lo dispone la Ley Organica del Sistema Bancario Nacional que incluso detalla los motivos válidos para remover a un directivo en su artículo 25.
— ¿La no sorpresa del caso? Los supuestos indicados por el artículo 25 no fueron aludidos por la SUGEF en su informe... Es decir, de nueva cuenta se confirma lo que sostuvimos entonces, repetimos meses atrás y corroboramos ahora: el Gobierno decidió sacarlos a todos del mapa sin tener motivos legales para hacerlo.
— El discurso oficial se ha amparado en “nosotros solo los suspendimos” y en “el despido lo concretó otro Gobierno” como si la administración Quesada Alvarado se fuera a comer el taco de desmentir a la Solís Rivera y hacer lo correcto: restituir a Mónica Segnini Acosta y Francisco Molina Gamboa. Pero no, decidieron formalizar su despido (luego de un proceso que duró tanto que casi llegan antes los planos del tren eléctrico).
— Fue la legítima “operación enfríe la cosa que aquí no ha pasado nada”. Lo que la ciudadanía debe tener clarísimo es que sí pasó algo. Segnini, Molina, Evita Arguedas Maklouf y Alberto Raven Odio unieron fuerzas para denunciar e investigar lo que estaban pasando y fueron fumigados sin amparo legal. El hecho de que representen a dos diferentes partidos políticos debería llamar la atención de los costarricenses... que parecen estar comprensiblemente hartos del tema, pero no deberían.
— Rápido recordatorio. La ley 4-3 busca equilibrar fuerzas y por eso permite a un Gobierno nombrar 3 directores y al siguiente 4. Al PAC (2014) le tocaban 4 pero nombró 5 con una hábil movida: ofreció a uno de los tres anteriores nombrados por el PLN un puesto como ministro. Así salió de Alexander Mora Delgado y logró los 5 directores necesarios para la más importante de las decisiones (precisamente la que requiere 5 votos): nombrar al gerente general, léase, Mario Barrenechea Coto.
— Así, a Evita Arguedas y Alberto Raven (nombrados por la administración Chinchilla Miranda) se unieron los 5 PAC: Ronald Solís Bolaños, Gustavo Arias Navarro, Paola Mora Tumminelli, Mónica Segnini Acosta y Francisco Molina Gamboa. Cuando estalló El Cementazo se formaron “dos equipos”. Por un lado la hasta ese momento presidenta del BCR, Paola Mora. Por el otro, Segnini, Molina, Raven y Arguedas. Solís y Arias aplicaron la vikinga y se hicieron los majes.
Importante disclaimer: Hay que acotar que Gustavo Arias en su momento apoyó a los otros cuatro con su voto para solicitar la renuncia de Paola Mora y que fuera electa Mónica Segnini como presidenta del BCR. Primero dio su apoyo a Segnini. Luego echó para atrás (por presiones ya conocidas) y finalmente terminó por poner el voto necesario para elegir a Segnini. Recuérdese también que la primera medida que tomó la nueva presidencia fue suspender a Mario Barrenechea. Posteriormente el Consejo de Gobierno se los vuela a todos.
— De hecho, el 25 de setiembre del 2017 (precisamente el día que llegó el oficio de la SUGEF) el presidente Solís le solicitó la renuncia a los 7 (recordemos, con senda cartita del entonces candidato Carlos Alvarado Quesada pidiendo esa medida...) Ronald Solís y Gustavo Arias felices de la vida renunciaron. El resto se opuso a presentar la renuncia y por eso el Gobierno decidió suspenderlos y dejar su futuro en manos de la futura administración.
— El punto es que el oficio de Sugef a Consejo de Gobierno debió haber dicho específicamente que fulano de tal incumplió con tal inciso del art 25 de la aludida ley. Así, el Consejo inicia su proceso para investigar y si confirma que pasó lo expuesto por SUGEF procede a remover. Pero Sugef en su informe no hizo eso y pareciera que todos nos estamos haciendo los tontos.
— ¿El resultado? Por todos conocido. Tanto a Evita Arguedas como a Alberto Raven se les vencía el nombramiento en mayo del 2018 así que su situación iba de todos modos a quedar en el limbo. Los tres que quedaban vivos eran Paola Mora, Mónica Segnini y Francisco Molina. Pues bien, el Consejo de Gobierno Alvarado Quesada tuvo por establecido que existían suficientes elementos para remover a Mora por el famoso caso de la acta alterada que documentó CR Hoy.
— ¿Segnini y Molina? Se fueron en la tira y quedaron en desgracia sin que la SUGEF nunca hubiese cumplido con la ley especificando cuáles fueron sus faltas. La administración Quesada Alvarado hizo lo propio y confirmó su despido sin tener elemento alguno avalado por la legislación para hacerlo. Y hoy nos enteramos de que la propia SUGEF nunca recomendó tal movida como lo ha sugerido y sostenido el discurso oficial de la administración Solís Rivera.
— Mientras tanto, seguimos todos en modo turista, como si no hubiera pasada nada “raro”. Como si todas las instituciones en las que confiamos para proteger el dinero de los costarricenses hubieran actuado conforme a derecho. Como si fuera aceptable que las personas que intentaron denunciar e investigar el descalabro por todos evidenciado salieran por la puerta de atrás, de forma ilegal y completamente desprestigiadas sin tener vela en el entierro. Fiel retrato de cómo se motiva a la gente a ser decente y responsable en la función pública.
