Perdonen la expresión, pero ¡qué hijueputa congojón!
La Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, tuvo que soportar por espacio de hora y media las preguntas y cuestionamientos infundados en noticias falsas, malintencionadas o malentendidas de algunos diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que, desubicados de las limitaciones de sus potestades constitucionales, pretendieron constituirse en Corte Plena y exigirle explicaciones a la jerarca del Ministerio Público...
La audiencia fue el ejemplo perfecto del por qué es necesario reforzar las lecciones de Cívica en nuestro país, y de la imperiosa necesidad de que los diputados se estudien la legislación vigente antes de asumir funciones, porque de lo contrario se destina tiempo pagado por todos para su curva de aprendizaje y así el país nunca avanzará...
Lo ocurrido este jueves fue tan humillante para el Poder Legislativo que la única forma de ponerlo en perspectiva es recordar la revolcada que le pegó Luis Guillermo Solís a los diputados cuando fueron a Casa Presidencial a "interrogarlo" por el cementazo...
Habiéndome desahogado de esta forma, entremos en materia, pero primero les dejo el vídeo que resume el desastre de ayer en la Comisión de Seguridad, por si prefieren verlo con sus propios ojos.
¿Qué hacía la Fiscala General en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico?
El foro legislativo la mandó a llamar para que explicara una circular emitida por la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en la que se indica que los casos de flagrancia únicamente se atenderán en horario de 5 p.m. a 11:00 p.m.
Dicha circular fue emitida desde octubre del 2018 y se volvió mediática porque Diario Extra publicó una nota titulada "Culpan a fiscala por baja en flagrancias" que indicaba que, al mes de junio, solo se registraban 4 pasadas por esta modalidad en la provincia de Limón, lo que afectó las estadísticas policiales de combate a la criminalidad pues los demás casos que ingresaron fuera de la franja horaria dispuesta se tramitaron con el procedimiento ordinario.
La primera en increpar a la fiscala por esa decisión fue la diputada independiente (ex-PRN) Marulin Azofeifa Trejos, quien dijo que tenía reportes de personas en Tortuguero que, según ella, cuando se desplazaban a interponer la denuncia por un delito en flagrancia, para el momento en que llegaban al OIJ, la persona detenida ya había sido liberada; por lo que pedía explicaciones al respecto.
Navas le respondió:
Por respeto a la división de tareas de los tres poderes de la República, no voy a discutir aquí las decisiones que el Ministerio Público toma para hacer su trabajo.
No contenta con ello, Azofeifa reiteró su pregunta y dijo que Costa Rica necesitaba explicaciones y que "para eso, con mucho respeto, está aquí". Navas miró al presidente legislativo, Gustavo Viales y le dijo que ya había respondido esa pregunta, por lo que la diputada se reservó el tiempo que le quedaba.
Viales fue el protagonista del segundo episodio caótico en la comisión. Durante su discurso inicial alegó que Navas había "desmantelado" la Fiscalía de Crimen Organizado y que le había limitado funciones, lo que aumentaba los índices de inseguridad.
Para darle respuesta me gustaría saber con base en qué dice usted que yo desmantelé esa Fiscalía por favor.
Oh, oh... Viales reculó y dijo que más bien se lo hacía a modo de pregunta: qué está haciendo la Fiscalía de Crimen Organizado, cuáles son sus funciones, cuánto personal tiene a cargo, etc. Navas reiteró que le habría gustado saber con base a qué decía que ella había desmantelado esa Fiscalía, sin embargo, dio respuesta a la interrogante indicando que en noviembre del año pasado fortaleció la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos con siete fiscales más, una de ellas adjunta y experimentada, forman parte de esa fiscalía que a partir del mes de agosto estará en funciones.
Posteriormente, el diputado liberacionista --y secretario general del PLN-- reprochó que la Fiscalía ordenó archivar las denuncias por hurto, extravío de celulares y otros delitos comunes.
"Eso puede percibirse como un desestímulo para que las personas no denuncien, porque se sabe que la Fiscalía ha decidido no darle trámite a eso. La decisión de no atender flagrancia o hurtos y delitos comunes va en detrimento de que la gente no denuncie", alegó. Navas le dijo:
Viera que me tiene preocupada las afirmaciones suyas porque me gustaría saber con base en qué, o dónde están los documentos...
Viales la interrumpió abruptamente para decirle que La Nación había publicado una nota titulada "Fiscalía archivará denuncias por hurto y extravío de celulares para ocuparse de casos más graves" y que Diario Extra publicó otra que decía "Culpan a fiscala por baja en flagrancias". La fiscala prosiguió entonces:
Me hubiera gustado que me dejara terminar cuando le estaba explicando por qué no entiendo sus afirmaciones, porque efectivamente no son ciertas, y no son como usted dice. Creo que hay un problema de interpretación, con todo respeto. Yo le puedo remitir la circular donde tomé la decisión de no atender apropiaciones irregulares de extravíos de teléfonos celulares en razón de que no hay posibilidad de probar la responsabilidad de alguna persona, y los recursos en el Ministerio Público son escasos como para que el OIJ que fue quien me pidió tomar esa decisión --no es como usted dice que es una decisión particular mía-- estén siendo ocupados los recursos en extravíos por falta de cuidado de las personas de sus teléfonos celulares.
¿En sencillo? Resulta que hay gente que cuando pierde su celular se apersona al OIJ para reportarlo y solicitar que le ayuden a encontrarlo... Claramente el hecho no es un delito, y por ende no debe por qué ser atendido por las autoridades, pero como los funcionarios no pueden simplemente rechazar tomar el testimonio de la persona, deben atenderlo y para poder cerrarlo se necesita que un investigador del OIJ remita a la Fiscalía un informe sobre el tema, lo que consume tiempo y recursos que podrían destinarse a verdaderos delitos, y delitos graves.
Por lo anterior, el OIJ fue quien le pidió a la Fiscalía tomar la decisión de mandar al archivo esos casos para poder así liberar a los investigadores de los mismos y que pudieran dedicarse a otras tareas. Es más, la propia nota citada por Viales y que fue publicada en La Nación decía claramente que se trataba de casos que no eran delitos...
La Fiscala no terminó allí, y visiblemente molesta le dijo a Viales: "Le voy a solicitar que cuando le remita la circular la lea con cuidado para que cambie la aseveración que usted está haciendo. Además, no es cierto que esté siendo desatendida la delincuencia en este país por parte del Ministerio Público ni por parte del OIJ. Al día de hoy no se han aplicado criterios de oportunidad por bagatela como se hacían en las anteriores gestiones, al día de hoy con los recursos que tenemos estamos luchando contra la corrupción y contra la delincuencia común. Entonces con todo respeto, antes de que formule las preguntas debería dar lectura de los documentos..."
El diputado la interrumpió y le dijo que ella debería haber aclarado los titulares de prensa que le achacaban la responsabilidad por esos hechos, que él solo estaba "siendo la voz" de lo que la prensa decía. De paso, Viales le reprochó la falta de un "documento" por parte de la fiscala hacia la Comisión que detallara su posición (como si ella estuviera obligada a hacerlo) y dijo que había sido la tónica comunicarse a través de la prensa en lugar de tener una conversación para aclarar puntos de vista...
Navas intentó intervenir para decirle que, nuevamente, debía corregirlo; sin embargo Viales no se lo permitió e insistió en solicitarle un comentario respecto al aumento del reporte de incidentes al Sistema de Emergencias 9-1-1 y el que la gente no presente la denuncia de manera formal.
Primero que todo voy a decir que yo no voy a convertir esta sesión en una discusión o en un careo de ningún tema porque no lo voy a permitir, con todo respeto. Y en segundo lugar, voy a corregir porque no he dicho que la prensa mienta, lo que he dicho es que me parece que usted está haciendo una interpretación equivocada de lo que ha dicho la prensa.
Viales reiteró que él solo estaba leyendo los titulares de prensa, pero Navas le remató con un: "No voy a discutir con usted señor Presidente. Yo creo que ya fui clara".
Tras reiterar su discurso de que la Fiscalía debía haber aclarado ese tema cuando la noticia en prensa salió, el diputado reiteró nuevamente la solicitud de que la Fiscalía dijera si los datos de llamadas al 9-1-1 se estaban usando para conformar planes estratégicos... Navas tuvo que recordar que el Ministerio Público tiene una labor represiva, es decir, cuando ya el delito se ha cometido y que la situación de inseguridad que atraviesa el país es resorte del Ministerio de Seguridad Pública, así que esa pregunta debía estar dirigida a ellos.
El siguiente diputado en intervenir fue Enrique Sánchez del PAC, quien tras reiterar el llamado al respeto de la división de poderes le dijo a Gustavo Viales que su interpretación de las notas de prensa aludidas fue incorrecta, pues la de La Nación decía claramente que lo que se archivaría eran los casos de extravío de teléfonos, hurto y apropiación irregular y que, en todo caso, si la persona solicitaba reabrir la causa podría hacerlo; y que la Fiscalía continuaría investigando los casos donde hubiese mediado violencia.
Y aunque con esta intervención podría pensarse que llegó la sensatez a la comisión, lo cierto es que el siguiente en intervenir, Harllan Hoepelman, también independiente ex-PRN, dijo que Navas perfectamente pudo, de forma sencilla, desmentir las notas de prensa porque era factible que el contenido de las mismas hubiese sido malinterpretado y se dejó decir esta joyita:
Ya uno no sabe qué se puede preguntar y qué no porque ahora todo es un asunto de división de poderes.
Eh, sí, diputado. Es que, veamos: es la SEGUNDA vez en una semana que no un ciudadano de a pie, sino altos jerarcas de OTROS poderes de la República le han tenido que recordar al Legislativo cuál es su papel, sus competencias y sus límites. No son los diputados los que imponen requisitos para nombrar ministros, y no son los diputados a quienes la Fiscalía General le tiene que rendir cuentas, mucho menos sobre la gestión administrativa de la institución, ya que eso le compete a Corte Plena.
Que el Legislativo sea el Primer Poder de la República no lo pone en una situación de ventaja o superioridad frente a los otros, así que bien hizo la señora Navas en darles un estate-quieto, porque si no les quedó claro con el que el martes expresó el presidente de la República, seguramente con la vergonzosa audiencia de este jueves --que miles de personas ya han visto-- ahora sí les habrá calado.
¿La congoja quedó ahí? ¡Pues no! Marulin Azofeifa contraatacó y se sacó de la manga una supuesta carta emitida por el Sindicato del Ministerio Público donde se alega que Navas designó a una funcionaria de apellidos Vargas Campos en la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios sin la experiencia necesaria (las pavas tirándole a las escopetas...) y que ha causado un ambiente de acoso laboral con incapacitaciones por psiquiatría y hasta intentos de suicidio. Ante la solicitud de que se refiriera a ello, Navas le dijo: "No me voy a referir al respecto".
Azofeifa, no conforme con la respuesta (otra vez) le solicitó que le enviara un informe por escrito con los detalles del caso porque ella debía "darnos cuentas" y que eso era parte de sus potestades como diputada. La fiscala general remató con un:
No lo voy a hacer aquí y no lo voy a hacer tampoco por escrito.
Tampoco quedó el tema ahí. La diputada fue perseverante, eso hay que reconocérselo... Volvió a insistir sobre el tema de flagrancias en Limón, pero para no hacer el cuento más largo, Navas le dijo que por el artículo 295 del Código Procesal Penal no debía hacer mención a ningún caso en particular, por lo que Azofeifa se rindió y decidió reservarse el tiempo que le quedaba.
Proyectos aprobados
Dejando de lado la congoja de la Comisión de Seguridad, el Plenario aprobó este jueves dos proyectos de ley en segundo debate y otros dos en primer debate.
El primer expediente listo para convertirse en Ley es el 21.120, el cual impone horarios de funcionamientos a las casas de empeño de 6 am a 7 pm para evitar que durante las noches y madrugadas sean usadas por delincuentes. Además, deberán llevar un registro diario con las calidades de quienes se apersonan a vender objetos físicos, deberán comprobar la identidad de la presona que quiere hacer el negocio y deberá llevar un registro físico o digital del documento de identificación presentado.
El incumplimiento de esta nueva normativa será sancionado con multa de tres a seis salarios base y en caso de reincidencia la municipalidad deberá revocar la licencia comercial.
El proyecto recibió 43 votos a favor y ninguno en contra.

De seguido, se aprobó en segundo debate el expediente 21.485 que impone una moratoria de tres meses a las sanciones relacionadas con la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de modo que personas físicas, pequeños y medianos negocios tengan una curva de aprendizaje.
La iniciativa fue apoyada con 42 diputados a favor y ninguno en contra.

En los primeros debates se aprobó el expediente 20.960 que permitirá a las municipalidades constituir sociedades públicas de economía mixta, con el apoyo de 40 diputados.

Por último, 40 diputados a favor y José María Villalta en contra se pronunciaron sobre el expediente 21.286 que elimina el puesto del Ministerio de Ambiente de la Junta Directiva de RECOPE S.A., uno de los requisitos para el ingreso de Costa Rica a la OCDE.

Con estos proyectos los diputados se fueron al receso de medio año. Nos leemos en una semana.








