La Procuraduría General de la República, ente que funge como abogado del Estado y asesor imparcial de la Sala Constitucional, señaló desde el año 1993 que los diputados de la Asamblea Legislativa debían usar el voto público en los procesos para destituir a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, al evitar su reelección automática.

Así consta en el voto 1995-2621 emitido por la Sala Constitucional a raíz de una acción de inconstitucionalidad presentada por el entonces diputado Miguel Angel Rodríguez Echeverría, quien impugnó la reelección del magistrado Jesús Ramírez de la Sala Tercera porque en marzo de 1993 se aseguró la continuidad en el puesto al haber obtenido 37 votos en contra, 17 a favor y 2 blancos, sin que estos últimos se sumaran a los 37 negativos.

Farid Beirute Brenes, procurador general adjunto de la República fue el encargado de responder la audiencia otorgada a la institución e indicó que en la reelección de Magistrados se debe optar por la votación ordinaria con ...