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— El día de ayer se dio a conocer que la Fiscalía General de la República solicitó a la Corte Suprema de Justicia el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal del diputado Otto Roberto Vargas Víquez del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

— La solicitud de la Fiscalía se da a raíz de una acusación de un exfuncionario de Vargas, quién asegura que el diputado le cobró una parte del salario que recibía como asesor en la Asamblea Legislativa, para que le fuera dada a otro asesor del despacho del diputado, caso que había sido dado a conocer por Amelia Rueda hace poco menos de un mes.

— El procedimiento para levantar la inmunidad procesal arranca cuando la Fiscalía lleva a cabo una investigación. Si considera que tiene suficiente evidencia para realizar una acusación, remite una solicitud a la Corte Suprema de Justicia (punto en que se encuentra el caso del diputado). Si esta solicitud es aprobada por la Corte, esta envía una solicitud a la Asamblea Legislativa (único ente competente para levantar la inmunidad).

— Una vez que la Asamblea recibe una solicitud de levantamiento de inmunidad, debe nombrar una comisión compuesta por tres congresistas, la cual debe entregar un informe –no vinculante— al Plenario, y es en el Pleno del Congreso donde, con 38 votos afirmativos, se puede tomar la decisión de remover o no la inmunidad.

— Todos los jerarcas que gozan de inmunidad procesal penal y la pierden por el proceso anterior (o renuncian a ella), pueden entonces ser llevados a juicio, pero únicamente ante la Sala III de la Corte, ya que los juzgados inferiores no tienen competencia para juzgar a personas con inmunidad, aun si esta es removida.

— Paralelamente, la semana pasada se conoció que la Fiscalía General mantiene una investigación abierta en contra del diputado Dragos Dolanescu Valenciano, también del PRSC, a quien investiga por el delito de contrabando.

— El caso de Dolanescu fue abierto cuando en la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos se dieron cuenta de que él era una de las personas que aparecía en un informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por lo que fue remitido a la fiscala general, Emilia Navas, ya que solo ella puede llevar investigaciones contra miembros de los Supremos Poderes.

— El informe del OIJ, que data del 2012, vincula al diputado con la importación de tapas de cacique que habrían sido adquiridas para falsificar grandes cantidades del licor nacional.

— La respuesta del diputado al conocer de las investigaciones fue asegurar que era una represalia por, según él, su insistencia de investigar al PAC. Además, aseguró que la denuncia en su contra data del 2010 y ya había sido cerrada en julio del año pasado.

— Siempre en el tema de la inmunidad en Cuesta de Moras, el diputado Pedro Muñoz Fonseca anunció el lunes en la noche que se “cansó” de las acusaciones que recibe de parte de la fracción del PAC, por lo que renunciaba a su inmunidad para que ellos procedieran a acusarlo formalmente.

— Sin embargo, el diputado Muñoz renunció a su inmunidad parlamentaria establecida en el artículo 110 de la Constitución. Esta inmunidad lo que dice es que no puede ser llevado a juicio por nada de lo que diga en el Parlamento y que no puede ser detenido (a menos de que sea capturado en el acto), pero no renunció a su fuero de improcedibilidad penal —que establece el artículo 121 de la Constitución—.

— El evento generó un penoso intercambio en Twitter con la diputada Paola Vega Rodríguez del PAC, lo que solo sirvió para recordarnos lo lejos de estamos de poder tener una discusión política de altura en este país.

Bonus track: Jonathan Prendas cobró ilegalmente 8,3 millones en cesantía tras asumir como diputado.

Hidden track: Alex Astorga, contestando las declaraciones de Eduardo Cruickshank.

Esta nota es parte del Reporte: Vaivenes legales en el Congreso, día E para proyecto de Poder Ciudadano y seria denuncia de Transvida.