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— Carlos Segnini Villalobos, exministro de Obras Públicas y Transportes (2014-2016) fue inhabilitado para ejercer cargos públicos, por dos años por la Contraloría General de la República. Esto en tanto lo consideró responsable, administrativamente, de la famosa “pifia” en la carretera estatal que alcanza al megapuerto de Moín, en Limón.
— La misma sanción se le aplicó a la entonces viceministra de Infraestructura y Concesiones, Giselle Alfaro Bogantes, al entonces director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mauricio Salom y a otros cuatro exfuncionarios.
— Años atrás se supo que entre la 257 y la entrada a la terminal se presentó un error de 80 metros que requirió de $5,6 millones para ser corregido. El tramo de 2 km le costó al Estado $78 millones (hay que tomar en cuenta que pasa hasta por un humedal).
— Según la resolución de la CGR Segnini tenía conocimiento del desfase y, a pesar de eso, su actuar fue “omiso y desinteresado”. En su descargo dijo que al momento de la decisión no había diseños ni estudios por lo que no se podían prever contratiempos, pero la CGR determinó que desde meses antes los directores del Consejo Administrativo del Conavi habían sido advertidos de los problemas de conexión.
— En declaraciones a Monumental Segnini defendió que las decisiones adoptadas como jerarca del MOPT, fueron mediante acuerdo del órgano colegiado, y nunca a título personal.
— Inicialmente la CGR inhabilitó a Segnini por cuatro años pero se acogió parcialmente una impugnación y el castigo quedó en dos. Se había determinado que tenía doble responsabilidad como miembro del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y como ministro.
El señor Segnini, en virtud de su posición de jerarca institucional, se encontraba en la obligación de consultar, cuestionar y solicitar colaboración por parte de los funcionarios de la Administración para esclarecer cualquier duda.
— Segnini pidió ayer mismo un permiso sin goce de salario de su puesto como director corporativo jurídico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mientras las instancias judiciales resuelven su apelación.
