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El costarricense en los últimos años ha sacado a relucir su lado egoísta. Es por esa razón, creo yo, que hoy en día vemos como solo mis opiniones y mis alegatos son los correctos y descalificamos a priori a los demás. Bajo esta filosofía aparecen grupos sociales que emprenden luchas en su beneficio, dejando a un lado los intereses del resto de la población.

Desde los taxistas pasando a los transportistas, de los estudiantes de colegio a los maestros, desde los policías hasta los pescadores, de los colectivos a las iglesias; emergen luchas independientes cuyos objetivos son específicos y solo atañen a los intereses de un determinado grupo social. Nada, es que a los costarricenses se nos ha dificultado históricamente entender y luego practicar el concepto de empatía. Pues el ICE no queda exento de ello.

Hace algunos días surgió un grupo que se autodenomina “Unidos por el ICE” cuyo lema es “El ICE no se toca”. Dicho grupo es liderado por personalidades tales como José Miguel Corrales y Gloria Valerín, entre otros, y cuenta además con el respaldo, tras bambalinas, de sindicalistas reconocidos.

Se hizo pública su conformación como reacción a las palabras del ministro del MINAE, Carlos Manuel Rodríguez.  Sus declaraciones a la prensa fueron recibidas por un sector de la ciudadanía como una amenaza directa a la institucionalidad y de inmediato se encendieron las alarmas en todos los confines del país.

Desde de mi perspectiva, como ex trabajador del ICE, escuchando con atención las palabras de don Carlos, he de decir que estoy de acuerdo con él, sobre todo cuando indica que el ICE se ha convertido con los años en un fin en sí mismo. Esa transición la viví en mis 26 años como trabajador en esa institución. Nos compenetramos tanto con ella que se nos olvida muchas veces que el ICE es solo una herramienta estatal más, que busca el bienestar de los costarricenses, en su caso particular en el ramo de la energía eléctrica y las telecomunicaciones. También estoy de acuerdo con el señor ministro en que se debe dotar al ICE de un nuevo marco jurídico, acorde a su nuevos retos y obligaciones. Creo necesario además que el MINAE se involucre y vigile con cuidado sus inversiones en proyectos de gran envergadura. Sin embargo, no estoy de acuerdo ante la idea de sacar de las manos del Instituto el Centro de Control de Energía. Esto sería pasar el CENCE del régimen técnico al político. Las consecuencias probablemente serían desastrosas para el país. Todos tenemos claro cómo manejan los asuntos estratégicos la “clase política”.

El ICE no pertenece a un sector o grupo específico. No es patrimonio exclusivo de sus trabajadores, mucho menos de los sindicatos. Tampoco es un activo de las cámaras empresariales, ni pertenece a la mal llamada clase política (entiéndase funcionarios públicos de elección popular). El ICE es una institución que pertenece a los y las costarricenses. Es por ello que cualquier iniciativa para su defensa, reorientación, redefinición, reforma o cambio estructural, debe estar precedida de una discusión abierta, respetuosa y transparente de todos y todas. Si considero que se debe trabajar en ese nuevo marco legal que indica el señor ministro, pero se debe hacer de manera serena, pausada, responsable, pensando a largo plazo. No se debe pretender hacer una reforma a la ley marco del sector eléctrico en dos meses. Eso sería irresponsable.

Urgente si es que, mientras discutimos y nos ponemos de acuerdo en la parte legal, apliquemos correctivos inmediatos a la organización que tenemos. Para ello recomiendo los siguientes pasos:

  • Como primer paso, se debe conformar un nuevo Consejo Directivo del ICE, dando representación a la mayoría de grupos posible. A mi parecer deben estar representados, al menos, los trabajadores de la institución, los usuarios residenciales-comerciales y los grandes consumidores. Cada miembro debería cumplir, además del perfil profesional mínimo, con una serie de competencias y destrezas mínimas para poder formar parte de dicho consejo. El gobierno de turno no debe continuar nombrando a dedo a cuatro de sus miembros cada vez que tenemos nueva administración. Los usuarios y los trabajadores tienen derecho a decidir quiénes van a representar sus intereses. Un Consejo Directivo multidisciplinario y en el cual estén representados la gran mayoría de sectores y grupos garantiza al menos la transparencia en la administración.
  • Seguidamente, se deben gestionar los trámites legales necesarios para dotar al instituto de una Dirección Corporativa de Finanzas y una de Dirección Corporativa de Talento Humano. Es inconcebible que una corporación tan estratégica no cuente con estas dos direcciones, vitales para su correcta operación. La Dirección Corporativa de Finanzas debería entrarle de lleno a sanear las finanzas, renegociando la deuda y minimizando los riesgos financieros por el efecto del tipo de cambio. La Dirección Corporativa de Talento Humano debería por su parte reorganizar la metodología de contratación de personal, dando especial importancia a mejorar la forma en que se contratan los mandos de nivel 1, los cuales hasta el día de hoy se nombran básicamente mediante dos “metodologías”: amiguismo o revanchismo.
  • La auditoría debe depender jerárquicamente de la Contraloría General de la República. Si sigue dependiendo del Consejo Directivo, sus investigaciones y sus posteriores denuncias, seguirán estando maquilladas o siendo presentadas de manera tardía. De poco nos sirve conocer de hechos ilícitos cuando ya los recursos han sido malgastados y los responsables disfrutando de su pensión, como sucede hoy con el caso del PMAF.
  • Los trabajadores y en especial los sindicatos, van a tener que poner de su parte. No se pueden justificar gollerías con el trillado argumento de que son “derechos adquiridos”. Las pensiones de lujo son también derechos adquiridos, pero todos estamos de acuerdo en que son inmorales y antiéticas. Los derechos adquiridos son, por ejemplo, un salario justo, seguridad en el trabajo, aguinaldo, vacaciones justas, derecho a asociación libre, derecho a huelga, etc. Algunos sobresueldos y las famosas antigüedades, en muchos casos son simples gollerías.

El ICE y el resto de instituciones públicas deben resurgir para colaborar en la reactivación económica del país, la cual nos trae consigo problemas como el desempleo. Su contribución más importante se daría a través de la inversión en infraestructura y en la concepción de nuevos servicios de alta tecnología. Pero se debe ser estricto en invertir los escasos recursos en proyectos que sean rentables o que al menos retornen la inversión y el costo de capital. Los últimos grandes proyectos emprendidos por el ICE, lejos de contribuir a sanear sus finanzas, más bien destruyeron riqueza y comprometieron aún más su situación.

El ICE fue durante años no solo un motor de desarrollo sino además, casi sin quererlo, un agente de distribución de la riqueza a todo lo largo y ancho del país. Hoy, ante una nueva coyuntura mundial, debe reinventarse y convertirse nuevamente en punta de lanza para el desarrollo y el bienestar de los costarricenses. Solo de manera conjunta podemos decidir qué funciones y objetivos necesita Costa Rica que sean perseguidos y alcanzados por el ICE ante los nuevos tiempos. Si insistimos en pensar y actuar de manera egoísta, nos vamos a desgastar en una lucha insulsa. Es allí donde los enemigos del ICE, los verdaderos, sí podrían tomar ventaja y aprovechar nuestra inmadurez e insensatez para apoderarse de una institución que nos pertenece a todos y todas.