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Hace 6 años de la publicación de nuestro libro, Historia de un Saqueo, en el cual proponíamos como grupos de políticos empresarios y tecno-empresarios empezaron a hacer negocios a partir de sus puestos de poder en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Aunque en parte los grupos de poder han cambiado, el modus operandi de lucrar privadamente, a partir de las actividades del ICE continuó durante los últimos años, pero ahora funciona en un esquema de competencia que pone en gran peligro el futuro del Instituto.

Intentaremos hacer acá un resumen de las principales afectaciones del ICE en el último cuatrienio, en las áreas de Administración, Energía y Telecomunicaciones, finalizando con algunas recomendaciones.

Quizás un elemento importante de señalar es que el papel histórico de la denuncia, que de alguna manera Jorge Arguedas y la Asociación de Técnicos en Telecomunicaciones (ANTTEC), le imprimieron al sindicalismo iceísta fue debilitado por dos razones.

Primero porque al inicio de la Administración de Carlos Obregón Quesada (2014-2018), los sindicatos alrededor del Frente Interno de Trabajadores (FIT), entraron en una alianza con el Presidente Ejecutivo, lo cual hizo que el FIT bajara la guardia de la denuncia frente a este proceso, la voz que denunció con más fuerza fue ANTTEC.

Segundo, porque al poco tiempo ANTTEC también se dejó distraer por conflictos internos y desatendió la lucha por la defensa del ICE, la cual quedó en nuestro despacho legislativo y en unos pocos dirigentes gremiales.

Entremos en materia, durante la pasada Administración Carlos Obregón impulsó de forma ilegal, una reorganización del ICE hacia un modelo denominado “corporativo” y que no era más que una forma para neoliberalizar y corromper sistemáticamente las dinámicas a lo interno del Instituto.

Sobre este tema, ya se ha escrito mucho en el sentido de cómo la corporatización es el proceso mediante el cual, una empresa pública que no logró ser privatizada, atraviesa un proceso en el cual se le imprimen formas de funcionamiento neoliberal, con la particularidad costarricense del saqueo a manos llenas.

En las investigaciones de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa del pasado cuatrienio, se logró demostrar como Carlos Obregón ideó junto con Julieta Bejarano, un mecanismo para financiar proyectos hidroeléctricos en la mitad del tiempo de vida útil, con contrataciones directas de millones de dólares a los ex socios de la Directora Jurídica del ICE y financiados con títulos valores en moneda estadounidense, con intereses de dos cifras y de los que en parte eran inversores Obregón y Bejarano.

Imaginémonos cuánto ganaron este par con la devaluación del año pasado, todo ese lucro es trasladado a las tarifas de los usuarios del ICE. De eso no se habla y debería hablarse ¿Cuánto nos cuesta en tema de tarifas, la corrupción en el Instituto?

Eso en la parte meramente corrupta, en la parte neoliberal tenemos el tema de la eliminación de la Gerencia General, pero además, demostramos (usamos tercera persona en el entendido de que Jorge Arguedas fue como diputado, una herramienta política de su equipo, sus agremiados, pero sobre todo de la ciudadanía, para denunciar la corrupción en el ICE) vía control político, la creación de una figura conocida como “despido por mera constatación”, con la cual se despidió sumariamente incluso a mujeres incapacitadas por padecimientos mentales, víctimas que luego fueron reinstaladas por las múltiples condenas que Sala Constitucional le dio a la Administración ICE del pasado gobierno.

En el tema de Cablevisión no sólo se denunciaron las irregularidades de la adquisición, sino que el ICE toleró que su subsidiara solicitara pruebas de embarazo a posibles funcionarias, con el fin de determinar la “viabilidad” de una contratación o no, al mejor estilo neoliberal de la empresa privada.

Mientras esto ocurría, existían 300 jefaturas, con salarios de jefes y sin ningún personal a cargo, cuyos salarios no fueron afectados, según la Directora Jurídica, para no crear un “mal ambiente laboral”, y lo denunciamos con toda la fuerza, aunque las corporaciones mediáticas y la derecha digan un día sí y otro también, que la izquierda tolera los abusos en los salarios de los empleados públicos.

Pero además, se trasladó del ICE a Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) a varios funcionarios, pagándoles prestaciones y auxilio de cesantías, en forma ilegal, tal y como lo ha señalado la Procuraduría General de la República. Tenemos entendido que Alicia Avendaño, tan atendida por medios de comunicación como Amelia Rueda y La Nación, es una de estas funcionarias.

Pasemos un momento al sector Energía, ahí hay dos grupos de ingenieros, los hidroeléctricos y los directores de proyectos que funcionan con combustibles fósiles y cualquiera de ellos, corren el riesgo de defender su modelo antes que el interés nacional.

En el tema del Proyecto Reventazón por ejemplo, el ICE durante la administración de Carlos Obregón (del grupo de los hidroeléctricos) inundó 8 kilómetros de línea férrea entre Turrialba y Siquirres, a través de un visto bueno del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), una ligereza sin precedentes que dejó al país sin posibilidades de reactivar el ferrocarril al Atlántico.

Estas son solo algunas de las atrocidades cometidas en los últimos cuatro años y por lo que resulta satisfactorio, la suspensión de todos los directivos del ICE, pero esperamos que no se quede ahí, y por eso, proponemos lo siguiente:

  1. Que los señores diputados, le trasladen al Ministerio Público todas las denuncias y expedientes analizados por la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público sobre el ICE y sus empresas durante la legislatura 2014-2018.
  2. Que la Presidente Ejecutiva del ICE se ponga al servicio de la Fiscalía para recabar toda la evidencia necesaria.
  3. Que los medios de comunicación, la ciudadanía, los diputados y las instancias de control político, realicen un esfuerzo por presionar para que los culpables de estos delitos contra el ICE, sean juzgados y paguen con sus bienes y con la cárcel, todo el daño sufrido por el Instituto y su único dueño, el pueblo de Costa Rica.