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La decisión de una mayoría de diputados/as de la Comisión de Nombramientos de no recomendar la reelección del magistrado Paul Rueda Leal, tomada en sesión secreta y sin explicar razones, genera preocupación porque es síntoma de males profundos que aquejan -desde hace mucho- al Poder Judicial y a nuestro sistema democrático.

No podría decir que tenga una particular afinidad ideológica con el magistrado Rueda. De hecho, durante su periodo en la Sala IV (2011-2019) en una mayoría de casos ha votado en contra de las posiciones que defiendo.

Sí le reconozco que mantiene una línea de pensamiento definida y más que menos coherente. Esto significa que es posible intuir cómo votará un asunto igual a otro, con base en una visión predeterminada de los principios constitucionales. No es poca cosa en estos tiempos que vivimos.

Si tuviera que caracterizar su pensamiento en clave ideológica a partir de sus sentencias y artículos -con los riesgos de reduccionismo que esto implica- diría que en Alemania se ubicaría en el ala moderada de la democracia cristiana, menos afín a la socialdemocracia, lejos de Die Linke, pero mucho más lejos de los neonazis de AfD. En Costa Rica es más difícil pues los actuales diputados/as y partidos pregonan “no tener ideología” (sic), pero es claro que no desentona con lo que resulta aceptable para las élites locales.

¿Por qué entonces amenazan con no reelegirlo? Porque no tiene lo que sí puede ofrecer el cartel del cementazo. Se equivocan quienes afirman que algunos diputados/as que se han articulado para impedir su reelección buscan imponer magistrados afines a su ideología. Para ello tendrían que asumir que tienen una más o menos definida y ser coherentes con ella.

Lo que buscan es un magistrado enjaranado permanentemente con ellos, cómo está nuestro pueblo con las garroteras de los bancos. Un magistrado al que puedan llamar cuando sea necesario y que les atienda con devoción. No buscan un magistrado que piense como ellos -ya tienen varios- buscan uno que vote como ellos quieren que vote en un momento determinado, aunque eso implique contradecir su línea de pensamiento y hasta cambiar su voto de casos anteriores.

Durante años así fue en la Corte. Calderón ponía la mitad de los magistrados, Oscar Arias la otra mitad. No importaba tanto si cometían faltas o no (que lo diga “El Maestro”), lo decisivo era que estuvieran dispuestos a contestar el teléfono en el momento crucial.

Con los escándalos de corrupción de las últimas dos décadas, esa cultura institucional se tambaleó, pero, claramente, se resiste a morir.

Me dirán: “¡qué ingenuidad!”, “todos levantan el teléfono tarde o temprano”. Puede ser. Quiero creer que no. Pero hay niveles. Este es el valor agregado del cartel del cementazo, y pareciera que ahí, no todos los magistrados son “competitivos”, para usar un término de moda.

Pero la responsabilidad de lo que está pasando, no es sólo de los diputados que quieren ampliar su cuota de influencia en el Poder Judicial. Lo peor que le pasó a Paul Rueda el día de ayer no fue que 5 diputados/as votaran por su no reelección, sino que su principal defensa viniera de la incoherente fracción del PAC. Se rasgan las vestiduras por este caso, pero olvidan que hace pocos meses se aliaron con el PLN para forzar la elección de un magistrado que les garantizara la aprobación del plan fiscal, aunque eso implicó ignorar sus compromisos adquiridos de paridad de género y desconocer las recomendaciones de la comisión de nombramientos y del panel independiente de expertos.

El propio magistrado Rueda contribuyó a este resultado. Cuando se presentó ante la Comisión de Nombramientos hizo excesivo énfasis en sus votos a favor del Combo fiscal y contra las huelgas. Por esa ventana se colaron para cobrarle otras sentencias, como si la labor de un juez constitucional fuera caerle bien al poder político de turno. Tal vez pensó que lo reelegirían si destacaba sus votos en que había coincidido con los diputados que quieren sacarlo de la Corte, con lo que también habría puesto en riesgo su imparcialidad como juzgador... El problema es que algunos de estos diputados no quieren que vote como ellos piensan, sino como ellos le digan que vote.

Así las cosas, este caso es una nueva alerta del deterioro sistemático que vienen sufriendo en Costa Rica principios esenciales para la democracia como la independencia del Poder Judicial y la división de Poderes. Pero esto no es de ahora, es un problema estructural que se ha agravado en los últimos tiempos. Para enfrentarlo lo primero es ser coherentes, alzar la voz ante todas estas prácticas y no sólo cuando nos conviene. Y después entrarle al fondo del asunto: el sistema de elección de magistrados y magistradas tiene que cambiar, no puede seguir siendo un botín de la Asamblea Legislativa, tal como lo vienen advirtiendo destacados/as juristas como el Dr. Walter Antillón.