Decenas de oficiales de distintos cuerpos policiales del país marcharon este lunes con rumbo a la Asamblea Legislativa, para solicitar ser excluidos de la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas así como del proyecto de ley en materia de empleo público que está siendo analizado por los diputados.
El movimiento arrancó en horas de la mañana con una concentración frente a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) bajo el nombre "Marcha por la dignificación laboral de los cuerpos policiales".
De acuerdo con ANEP, en el movimiento participan oficiales de la Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Unidades Especiales, Policía de Fronteras y Turística, así como representación de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía de Tránsito, Policía Municipal de San José, Policía Penitenciaria, Policía de Control Fiscal, Cárceles OIJ y Guardaparques.
Además de la manifestación de oficiales en su tiempo libre, otros policías en funciones portan este lunes un lazo amarillo en su uniforme como señal de apoyo a quienes están en la manifestación.
Según estimaciones realizadas por la ANEP con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración Alvarado Quesada, el crecimiento salarial, por ejemplo, de un policía de la Fuerza Pública desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de casi ₡108 mil. Sin embargo, con la llegada de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, este se redujo a un ingreso de ₡61 mil.
"En el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en ese mismo periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor precarización salarial, situación que también se reflejaría en todos los cuerpos policiales", alega ANEP.
Entre las peticiones también se encuentra impulsar el expediente legislativo 17.695 sobre pensión para los cuerpos policiales, sin embargo, el mismo fue archivado en octubre de 2018 por vencimiento del plazo cuatrienal.
De igual forma, se solicita un plan de inversión para resolver los problemas de infraestructura y equipamiento en todos los cuerpos policiales, ssí como la modificación del Código Penal, para que las agresiones, faltas e irrespeto a la autoridad pública; que viven los oficiales de los diversos cuerpos policiales diariamente, sean tipificadas como un delito y no como una contravención.
