La Contraloría General de la República (CGR), ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, ordenó al Congreso abrir un procedimiento administrativo contra el diputado independiente, Jonathan Prendas Rodríguez, por haber cobrado el incentivo de dedicación exclusiva mientras era asesor de Fabricio Alvarado, al tiempo prestaba servicios a la campaña política de Restauración Nacional en las elecciones de 2018.
Así lo reveló este miércoles el diario La Nación, luego que el ente fiscalizador de la Hacienda Pública confirmara haber girado a la Asamblea --a inicios de este mes-- una relación de hechos para que investigue este caso, pese a que a en 2018 un grupo de diputados se negó a que el tema fuera abordado en la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público, pese a la denuncia que había hecho la diputada Paola Vega.
El diario reveló en octubre del año anterior que Prendas había cobrado 1,2 millones de colones por funciones de periodista y politólogo durante cuatro meses de campaña de Restauración Nacional, agrupación por la que fue originalmente electo y a la cual renunció meses después. Dicho cobro se dio pese a que por su puesto de asesor de Fabricio Alvarado en la Asamblea Legislativa tenía el incentivo de exclusividad, el cual le aumentaba el salario en 381 mil colones mensuales, a cambio de no dar servicios a terceros.
La orden de investigar el caso ocurre meses después que los diputados Erick Rodríguez Steller, Pedro Muñoz Fonseca, Xiomara Rodríguez y Otto Roberto Vargas Víquez obstaculizaran la apertura de una pesquisa sobre este tema en la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público, que en ese momento era presidida por Prendas.
Solo Yorleni León y Paola Vega votaron por abrir el expediente en ese órgano legislativo.
Este hecho sale a relucir un día después que Delfino.cr revelara que Prendas cobró ilegalmente a la Asamblea más de 8 millones de colones por concepto de cesantía, tras haber cesado como asesor legislativo y asumir como diputado.
La Procuraduría General de la República reiteró que según lo dispuesto en la ley nacional, ningún funcionario que cobre el auxilio de cesantía puede ocupar otro cargo en el Estado durante el plazo que ese auxilio persista, o de lo contrario debe devolver esos dineros.
Prendas recibió una indemnización por 154 días de cesantía, la cual fue autorizada el 2 de mayo del 2018 por el Congreso, pese a que para ese momento ya había asumido su curul.
Aunque este medio consultó ayer a Prendas si se acercaría a la administración a formalizar un acuerdo de pago para devolver las sumas cobradas indebidamente, no respondió los mensajes dejados a su celular. Tampoco la Dirección Ejecutiva del Congreso respondió si ordenaría abrir un proceso para recuperar esos 8,3 millones de colones.
