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— Para sorpresa de nadie la Contraloría General de la República determinó por medio de una auditoría que Japdeva “presenta debilidades en la identificación de actividades y zonas prioritarias en las que se direccionan los recursos para desarrollo que ejecuta”.

— Esto debido a la inexistencia de criterios de priorización, “así como a la ausencia de metas e indicadores que permitan asegurar el impacto que genera cada programa y proyecto ejecutado para el desarrollo de la Vertiente Atlántica”. Los datos son reveladores y lamentables: durante el periodo 2012-2017 la gestión de desarrollo de Japdeva priorizó aportes comunales carentes de planificación u orientación estratégica, actuando por inercia año con año según la demanda y las solicitudes de las asociaciones, grupos vecinales e instituciones públicas beneficiadas.

— El informe de la CGR se dio a conocer ayer y resaltó, entre otras carencias en las prácticas administrativas de Japdeva la ausencia de elementos básicos de evaluación y control que permitieran determinar el buen curso de los proyectos desarrollados. “Al respecto, no se establece un responsable de cada proyecto que ejecute las labores de planificación, organización, dirección, control y documentación del programa y proyecto, tampoco se definen fechas de inicio y de finalización, ni existe un sistema de información confiable, oportuno, relevante y competente, así como métricas de tiempo, costo, alcance y calidad para dar seguimiento y monitoreo a cada uno de los programas”.

— Tampoco se encontró plan alguno de acciones para el fortalecimiento, la divulgación, el seguimiento y la mejora de los programas y proyectos liderados por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica. Naturalmente la CGR solicitó a la junta directiva poner la situación en orden (“implementar una política para el fortalecimiento, divulgación, seguimiento y mejora de la transparencia en la gestión de programas y proyectos de desarrollo”) cuanto antes pero a la luz de todo lo conocido... se pregunta uno si de verdad dará tiempo.

— Los resultados se conocen a poco de que Japdeva —a través de un fideicomiso— comience a utilizar los fondos del canon de concesión que paga la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), operada por APM Terminals, que, al momento, suman ya 2.650 millones de colones. Como ya hemos reportado antes: todavía no se sabe qué se hará con el dinero... Recordemos que cada mes APM deposita a Japdeva el 7,5% de sus ingresos brutos, lo que podría significar cerca de 12.000 millones de colones al año y unos $1.000 millones en 30 años.

— El problema es que toda esa plata no se puede usar en salarios (sino en proyectos para el desarrollo de la provincia) razón por la cual 800 empleados en este momento están en el limbo. Lo grave es que Japdeva no tiene cómo pagarles (APM absorbió el 70% de la carga comercial que gestionaban) y por eso, la situación está en llamas desde hace meses.

— Así las cosas no es como que esta auditoría ofrece resultados sorprendentes, pues es claro que si algo Japdeva no hizo fue prepararse para lo que ya sabía que iba a suceder. Por lo pronto no queda más que esperar que las promesas hechas por las autoridades competentes empiecen a dar frutos cuanto antes, pues ya la institución tiene el agua al cuello.

Esta nota es parte del Reporte: Caos en Japdeva, inicio de la huelga en el MEP y el proyecto de Ivonne...