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Estimados Señores Diputados:

En primer lugar, para evitar un malentendido, dejo constancia de que, según la Real Academia Española, el género masculino comprende al femenino, por lo que, evidentemente, esta misiva está dirigida a las señoras y a los señores diputados.

Me dirijo a ustedes con el respeto que, como miembros de un Supremo Poder de la República, me merecen.

Les escribo estas líneas porque estimo que nuestro sistema institucional está en peligro de sufrir un golpe que, de una manera u otra, nos afectaría a todos los costarricenses. Se trata de lo siguiente: 

Como es de su conocimiento, en los próximos días la Asamblea Legislativa deberá decidir si remueve al Dr. Paul Rueda de su cargo de Magistrado de la Sala Constitucional. Por ello, me parece oportuno hacerles llegar estas reflexiones.

Con plena consciencia de que un Poder Judicial fuerte es esencial para la institucionalidad de nuestro país, el constituyente de 1949 quiso dotar a los magistrados de una protección que les garantizara la permanencia en su cargo, salvo que fueran removidos por una mayoría calificada de los diputados. Con ese fin, consagró en el artículo 158 de la Constitución Política la norma de que, al vencer el período para el que fueron nombrado, salvo que 38 diputados o más voten por removerlos, los magistrados continuarán en funciones durante ocho años más. Nuestros legisladores fueron más allá de su propósito de defender la independencia del Poder Judicial. En efecto, en su afán de proteger a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia contra eventuales presiones económicas, en 1961 reformaron el artículo 177 de la Constitución, para consagrar la autonomía económica del Poder Judicial.

El caso que ustedes tienen entre manos es especialmente claro: con el propósito de garantizarse que su trayectoria como magistrado no tuviera ninguna mácula, los diputados miembros de la Comisión de Nombramientos le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que les remitiera copia de cualquier queja o proceso disciplinario que se hubiera tramitado en contra del Dr. Rueda. La respuesta fue categórica: no existe ninguna queja disciplinaria contra ese magistrado ni tampoco hay cuestionamientos sobre su eficiencia. Al estar su expediente limpio, pareciera obvio que su permanencia en el cargo estaría garantizada. Sin embargo, diversos grupos se oponen a ella, por los más variados motivos. Unas organizaciones sindicales le reclaman la forma en la que votó lo referente al régimen de pensiones de la Corte; otras critican su voto sobre el llamado “plan fiscal”. Algunos diputados cuestionan su posición ante el matrimonio igualitario; otros le reprochan su cercanía con magistrados que no son afines a los quejosos.

Evidentemente, la situación descrita plantea un grave riesgo a la institucionalidad de nuestro país: como, en un régimen democrático, las más variadas opiniones deben ser respetadas, podría suceder en el futuro que, cada vez que se presente la necesidad de decidir si se remueve a un integrante de la Corte Suprema de Justicia, las personas que piensan distinto a la forma en la que él se manifestó sobre determinado asunto, se agruparán para tratar de evitar su permanencia en la magistratura. Si nuestro país transitara por ese camino, muy pronto ya no existiría un Poder Judicial fuerte y autónomo, sino un grupo de Magistrados amedrentados por la posibilidad de que sean removidos, simplemente por haber votado de cierta manera; evidentemente, ello constituiría un serio agravio a la independencia del Poder Judicial.

Con todo el respeto que me merecen los miembros de la Asamblea Legislativa, les pido que, por favor, mediten en la trascendencia de la forma en la que votarán. Si destituyen al magistrado Rueda, sin que exista ningún fundamento para proceder así, le habrán infligido un gran golpe al Poder Judicial y, consecuentemente, al sistema institucional del que tanto nos enorgullecemos los costarricenses.