La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) anunció este sábado su estrategia para combatir en las semanas venideras los proyectos de ley que proponen declarar la educación como un servicio esencial, donde la huelga quedaría prohibida.

Según un comunicado firmado por la presidenta del sindicato, Mélida Cedeño Castro y su secretario general, Roblin Apú, el Consejo Nacional de APSE aprobó una moción junto con un calendario de huelgas para oponerse a la Ley de Empleo Público, y los expedientes 21.049 y 21.097 relacionados con los servicios esenciales y las reformas al Código de Trabajo sobre el derecho a huelga.

APSE detalló que su movimiento de huelga será intermitente, iniciando el jueves 6 de junio de 2019 con una marcha nacional concentrada en la capital y al día siguiente se dará una suspensión de labores. Posteriormente se hará una huelga cada martes de junio: martes 11, martes 18 y martes 25. 

"De no surtir efecto estas medidas, a efecto de excluir a educación como servicio público esencial donde se prohíbe la huelga, del proyecto de ley N° 21.049 (sic.) "Proyecto de Declaratoria de Servicio Público Esencial", así como el archivo del expediente legislativo N° 21.049 (sic.) "Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos", y otros proyectos, se procederá a continuar el movimiento de huelga luego del periodo de vacaciones de medio año, a una huelga por una semana consecutiva", indicó el sindicato.

Carlos Ricardo Benavides defiende proyecto

El Presidente de la Asamblea Legislativa y proponente del proyecto 21.097 que los sindicatos quieren ver archivado, Carlos Ricardo Benavides, defendió este sábado el texto sustitutivo aprobado recientemente para ese expediente, en el cual se hicieron algunas modificaciones sustanciales a la redacción del plan que, entre sus puntos relevantes, dejaría claro que las huelgas políticas no están permitidas en Costa Rica.

A través de su cuenta de Twitter, Benavides afirmó que la huelga Legal es un derecho para promover los intereses económicos y sociales de los trabajadores; y para defenderse ante conflictos jurídicos directos. "En cambio, la Huelga Política es ilegal desde el Código de Trabajo de 1943", dijo.

"La llamada Huelga Política es aquella en que los trabajadores dejarían de laborar (con pago de salario) para oponerse a cualquier trámite de ley o política general. Los patronos privados o públicos les tendrían que pagar el salario por tiempo indefinido y sin cumplir requisitos. Algunos sindicatos y el Frente Amplio han tratado de legalizar la Huelga Política. El último intento fue en el 2013 cuando presentaron una moción durante la discusión de la Reforma Procesal Laboral, moción que fue rechazada por diputados de todos los demás partidos", agregó el legislador.

Benavides señaló que aunque en esa ocasión la moción fue rechazada, tribunales laborales fallaron este año que la huelga política es legal en Costa Rica, y que por ser "atípica" no debían cumplirse los requisitos estipulados en el Código de Trabajo para poder declarar un movimiento como legal.

"Mediante un nuevo texto, varios diputados proponemos mantener la Huelga Política como ilegal. Pero hay quienes intentan confundir eso con una supuesta limitación a la libertad de protestar o manifestarse. Mienten descaradamente. Las libertades públicas, incluyendo el derecho a protestar, a marchar, a criticar o a expresarse por razones políticas, no están siendo variadas en nada. Se mantienen tal y como han existido por décadas. Igual se mantiene el derecho a la huelga legal como existe desde 1943", afirmó el liberacionista.