Los diputados aprobaron finalmente en segundo debate el expediente 21.248 como parte de la agenda de incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el cual se crea la normativa legal necesaria para poder enjuiciar a personas jurídicas por delitos como el cohecho doméstico y el soborno transnacional, entre otros.

El proyecto recibió 45 votos a favor y ninguna objeción, por lo que fue enviado al Poder Ejecutivo para su pronta promulgación, dada la urgencia de reportarlo como avance ante la OCDE de cara a la próxima evaluación.

Con esta nueva Ley, las personas jurídicas podrán ser declaradas culpables de cometer los delitos establecidos en los artículos 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57 y 58 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y los delitos contemplados en los artículos 347, 348, 349, 350, 351, 352, 352 bis, 353, 354, 355, 361, 363, 363 bis y 368 bis del Código Penal, los cuales son:

  1. Enriquecimiento ilícito
  2. Receptación, legalización o encubrimiento de bienes
  3. Legislación o administración en provecho propio
  4. Sobreprecio irregular
  5. Falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados
  6. Pago irregular de contratos administrativos
  7. Tráfico de influencias
  8. Soborno transnacional
  9. Influencia en contra de la Hacienda Pública
  10. Fraude de ley en la función administrativa
  11. Cohecho impropio
  12. Cohecho propio
  13. Corrupción agravada
  14. Aceptación de dádivas por un acto cumplido
  15. Ofrecimiento u otorgamiento de dádiva o retribución
  16. Corrupción de Jueces
  17. Penalidad del corruptor
  18. Enriquecimiento ilícito
  19. Negociaciones incompatibles
  20. Concusión
  21. Peculado
  22. Malversación
  23. Peculado y malversación de fondos privados
  24. Falsificación de registros contables (nuevo delito tipificado)

Si en juicio se prueba que la persona jurídica cometió alguno de estos delitos, se aplicarán multas que van de 1000 a 10.000 salarios base en caso de no ser mipymes, pues si la persona jurídica que comete el ilícito tiene esa condición, su pena será de 30 a 200 salarios base. De este modo, la multa para mipymes que delincan será de entre 13,38 millones a 89,24 millones de colones como máximo, 5000% menos que la multa máxima que pagarán el resto de personas jurídicas, de hasta 4462 millones de colones.